OCDE: obsesión, pifias y oficialismo

Los tiempos en los cuales se citaba acríticamente los datos de la OCDE para referirnos a las telecomunicaciones en México han terminado. Esa organización presentó un estudio con cifras desactualizadas y sesgadas, "jaladas de los pelos", como advirtió Carlos Slim al día siguiente de la presentación del documento, con el único objetivo de legitimar políticas públicas y regulatorias erráticas o inexistentes. La intención es obvia: construir un escenario de cuestionamiento internacional que permita victimizar a las autoridades mexicanas y justificar su obsesión por sólo regular a los incumbentes en los mercados de telefonía fija, móvil y de banda ancha (Telmex y Telcel).

Si pretendió ser un diagnóstico, no sólo es incompleto, parcial, ignorante de la legislación e inútil al final de un sexenio, sino que además exhibió la incompetencia de las autoridades que dirigen el sector, tanto en la SCT como en la Cofetel, incapaces de crear sus propios indicadores y metas con base en la realidad nacional y no en extrapolaciones que requieren el óptimo desempeño de toda una economía.

¿Para qué contratar un estudio que formula recomendaciones "que no son nuevas", como reconoce la OCDE? Si el documento, como es evidente, responde al principal objetivo de pegarle a Telmex-Telcel, entonces se desacredita por sí mismo.

La minuciosidad para analizar esos mercados contrasta con la complacencia para abordar otros, como los de radiodifusión y televisión restringida. Incluso llama la atención la omisión del sector satelital, uno más donde la autoridad no ha sabido qué hacer. En suma, la OCDE asumió como propia la postura oficialista y maniquea, con el agravante de que las autoridades en México han carecido de liderazgo, visión y misión en el sector, y su escasa sensibilidad se restringe a cálculos de rentabilidad política.

El informe de la OCDE inicia con un dato que echa por tierra cualquier metodología e intento de comparación:

"México es el país con el menor PIB per cápita de la OCDE, adolece de una gran desigualdad en la distribución del ingreso y tiene una población rural relativamente numerosa."

De forma inédita en el mundo, la OCDE tuvo que salir a "reafirmar en su totalidad las conclusiones expresadas en dicho estudio".

Conclusiones que le dedican un párrafo al servicio universal y donde la OCDE se limita a decir que "el Gobierno debe aclarar cuál es la política aplicable al servicio universal y redactar planes explícitos sobre su implementación". ¿Y luego? Valiente compromiso y recomendación de la OCDE.

¿Por qué tendríamos que acatar las recomendaciones de una organización que en su integración y objetivos es excluyente? ¿Por qué no también hacer caso de las recomendaciones de inversión en infraestructura, acceso universal y cobertura de la UIT; de reducción de la brecha digital de la CEPAL; o bien de crear comisiones de Banda Ancha de la Unesco-UIT?

La competencia garantiza nuevos jugadores en mercados rentables, pero no cobertura social, lo que hace falta y se olvidó de mencionar la OCDE. Por ejemplo, el Global Wireline Matrix 2011 señala que muchos otros incumbentes fijos tienen una mayor participación de mercado que en México, entre ellos Bélgica, República Checa, Corea, Japón, Italia, Austria, Alemania y Grecia, todos ellos países de la OCDE.

Y todo esto porque de nada ha servido que la autoridad sepa que el incremento de 10% de penetración de banda ancha aumenta un punto el PIB de los países. De nada ha servido que Hamadoun Touré, secretario general de la UIT, haya señalado que "no existe herramienta más poderosa para la transformación social que las telecomunicaciones y el uso de las TIC".

De nada ha servido que por fin se entendiera que las telecomunicaciones no sólo son terminales, cables y conmutadores, sino instrumentos de creación de conocimiento y factor de desarrollo social, económico, político y cultural. De nada ha servido el ejemplo de otros países que ya cuentan con planes de banda ancha y agendas digitales.

Las autoridades han carecido de humildad para reconocer errores e incapacidades. A cada aparición en medios emerge la obsesión por comunicar compromisos y avances; en cada presentación se intenta proyectar experiencia, pero se evidencian pifias monumentales; en cada aparición se repite el desarticulado discurso de una administración pública descoordinada, incapaz de entender y diseñar políticas públicas transversales; cada evento viene acompañado de declaraciones y anuncios que no serán cumplidos, como la política de TDT y la licitación de frecuencias de TV abierta. A ello se agrega la ausencia de una legislación adecuada, convergente y con atribuciones reales para la autoridad.

El escenario se vuelve más complejo a partir de la fortaleza de los operadores de telecomunicaciones.

Televisa y TV Azteca concentran 88% de las concesiones, 94.4% de la audiencia y 58% del gasto publicitario; además de Telcel y Telmex, las cuales concentran 70 y 77% de las líneas móviles y fijas, respectivamente. Pero también se encuentran Telefónica de España, Nextel, Iusacell, Axtel y Maxcom en los segmentos móviles, fijos y de datos que no pueden crecer como deberían, no logran fusionarse o litigan para evitar desaparecer.

Todas estas empresas se enfrentan a la convergencia y la inevitable participación recíproca de mercados; es decir, las empresas de TV quieren ingresar en telecomunicaciones y éstas buscan distribuir contenidos. Los operadores que no logren transitar a los mercados convergentes quedarán en desventaja al no poder empaquetar servicios y con ello eficientar economías de escala y ofrecer precios más bajos.

Así, el Gobierno ha sido incapaz de imaginar una política pública vanguardista en el sector, de diseñarla, consultar a los ciudadanos, especialistas, académicos; de construir un discurso sólido, creíble y realizable. La autoridad no ha imaginado objetivos concretos ni oportunidades sociales, por lo que no ha podido construir un liderazgo legítimo. Habría que reconocerle una sistematización estructurada de la ineficiencia.

La autoridad no ha podido construir efectivas perspectivas y oportunidades de desarrollo para los operadores y ha estimulado el conflicto entre ellos a partir de ofrecer soluciones parciales a una industria que necesita acciones estratégicas.

Al final, la autoridad tampoco ha logrado que el derecho a la información y su expresión en las telecomunicaciones se garantice a todos los ciudadanos. Sus principales acciones han sido diseñar una política que discrimina a unos y privilegia a otros, obteniendo dos tipos de usuarios: quienes tienen triple play y quienes no.

La autoridad, con el estandarte de la competencia, ha construido un ambiente que desalienta la cobertura en zonas rurales y marginadas. En suma, desde el aspecto social ha dejado sin derecho a la información a los mexicanos más necesitados y, desde la perspectiva de negocios, ha sido incapaz de construir nuevos mercados, permitiendo que la pelea sea por mercados eficientes y rentables, olvidando los mercados sociales.

Al dejar a una porción de los mexicanos sin servicios convergentes de telecomunicaciones y al convalidar políticas y regulaciones erráticas, la OCDE genera más costos sociales que los que inventó en su estudio para impactar en los medios de comunicación...

*El autor  es abogado especialista en telecomunicaciones y director general de Mediatelecom Policy & Law .