OPINIÓN: De orgullo y dignidad, el 'big bang' de la población lésbico gay

La organización social y la apropiación de derechos deben seguir siendo herramientas para que la población lésbico-gay se haga escuchar
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Autor: Lol Kin Castañeda Badillo | Otra fuente: 1

Nota del editor: Lol Kin Castañeda Badillo es feminista y psicóloga. Complementó sus estudios con una maestría en "Género y derecho, elaboración de políticas públicas contra la desigualdad", y otra en "Estudios de la Mujer". Coordinó la Sociedad Unida por el derecho al matrimonio entre personas del mismo sexo, una coalición de organizaciones que impulsaron reformas al código civil en el 2009. Puedes seguirla en su cuenta de twitter: @lolkincast

(CNNMéxico) — El 28 de junio de 1969, en Nueva York, ocurrió la llamada 'Revuelta de Stonewall'. Se originó por una de tantas redadas producto de la criminalización hacia lesbianas, homosexuales y transexuales.

Ese día, la 'novedad' fue que los afectados se negaron a seguir tolerando la discriminación por homofobia, por lo que decidieron tomar las calles para denunciar aquellos actos y romper el silencio.

De manera simbólica, esa fecha es considerada como el día en que mucha gente no heterosexual festeja el orgullo y la dignidad de ser. Por tanto, renuncian al silencio y a vivir ocultos.

Considero que la década de 1960 fue, sin duda, una época proclive para la organización social, para cuestionar los órdenes establecidos y dar pie a una revolución cultural que las y los jóvenes consideraban inaplazable. Este fenómeno de organización se alimentaba de teorías políticas, del feminismo y del cuestionamiento a la sexualidad como una forma de control social.

El análisis de los movimientos sociales me permite definir que estos surgen por amor y dignidad. En México, y de particular forma en el Distrito Federal, el Movimiento Estudiantil de 1968 —marcado por la matanza de algunos de sus integrantes, registrada en la Plaza de las Tres Culturas, en Tlatelolco, el 2 de octubre de ese año— ayudó a cuestionar la corrupción, la falta de democracia y la falta de libertad; distintos movimientos feministas han enriquecido la argumentación para cuestionar la misoginia, el machismo y la falta de paridad; el Movimiento Urbano Popular tomó las calles para exigir que se frenaran los despojos arbitrarios y que se implementaran políticas de vivienda digna; y el Movimiento de Disidencia Sexual que demandaba freno a las razzias —detenciones arbitrarias— y derechos en igualdad, a partir de la sexualidad como un elemento de la participación política que cuestionaba la heteronormatividad —concepto al que, de manera crítica, se hace referencia para señalar cómo solo las relaciones heterosexuales suelen todavía ser consideradas como las únicas institucionales— y la reproducción como imposición.  

Los primeros grupos en defensa de lesbianas y homosexuales en México se formaron en la Ciudad de México en 1971, con Nancy Cárdenas y José María Covarrubias al frente. Ellos tuvieron la valentía de dejar la clandestinidad para reclamar un espacio de dignidad y de respeto. Muchas de esas personas no lograron observar, en vida, lo que dejaron como cimientos para quienes hemos continuado por ese camino.

Existen en el archivo lésbico de Yan María Castro y el Archivo Histórico del Movimiento Homosexual en México, registros que datan de 1977 y 1978, en los que se cuestionaba la utilización de lenguajes discriminatorios en los medios de comunicación, así como demandas y plantones que se realizaban para exigirle a Arturo Durazo —entonces jefe de la policía— que frenara las detenciones arbitrarias.

Eran dos los ejes principales que demandaban las organizaciones Oikabeth, FHAR y Lambda: freno a las razzias y derechos en igualdad.

Los logros alcanzados por el movimiento lésbico-homosexual en esos primeros años fueron de gran importancia, ya que, si bien, no hubo avances en materia de derechos en ese momento, sí sentaron las bases para generar un posicionamiento político que no ha dejado de cuestionar la heteronormatividad.

Hago referencia a dos logros importantes: el primero, en 2006, con la aprobación de las Sociedades en Convivencia, que si bien tenía un impacto desigual y refrendaba la discriminación, facilitó la argumentación para reconocer otras familias; y el segundo, las reformas de 2008, que hicieron posible el cambio de identidad jurídica a las personas transexuales —que sin embargo, tendría que ser modificada para simplificar el trámite y garantizar la atención médica hormonal y de reasignación sexo-genérica, en cada entidad de la República—.

Pero el hecho más significativo ocurró el 21 de diciembre de 2009, pues el matrimonio entre personas del mismo sexo supuso un vuelco al conservadurismo. David Razú, desde la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, fue su principal promotor. Para lograr la reforma convocamos a una coalición de organizaciones y activistas para definir la estrategia y generar argumentos que echaran abajo prejuicios y permitieran evidenciar las desigualdades y la discriminación. Logramos las modificaciones y ganamos el debate a nivel nacional. Era claro que no era un dogma de fe, que era una cuestión de derechos que el resto de las y los legisladores de los Estados se negaron a garantizar, en una clara violación constitucional.

La discusión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sienta un precedente muy importante, pues entre los argumentos se asegura que es una Reforma que abona a la dignidad de las personas y deja claro que no se puede seguir hablando de familia, sino de reconocer y equiparar derechos a TODAS las familias —sin importar quién las integre o cuáles sean sus preferencias sexuales—.

A pesar del fallo de la Corte, los alcances legales que contempla la figura del matrimonio civil todavía no son plenos, dado que, desde mi punto de vista, instancias como el IMSS y el ISSSTE hacen una interpretación discriminatoria de la persona beneficiaria, vulnerando uno de los derechos laborales para los cuales, quienes trabajamos y cotizamos ante dichas instituciones, ya cumplimos con las asignaciones laborales e incluso ya hemos pagado.

Cerca de 20 matrimonios hemos podido acceder a ese derecho mediante una resolución judicial que les indica a las instituciones ya citadas sobre el hecho de que su interpretación es discriminatoria. Hay pensiones de viudez esperando ser resueltas en Nuevo León y Morelos, además de decenas de amparos promovidos y de los testimonios de parejas (concubinatos) y matrimonios, a quienes se niega el acceso a los servicios médicos sin que exista claridad de cuándo fue que esas mujeres y hombres mexicanos perdieron sus derechos constitucionales.

Tampoco queda claro por qué leyes o normas de menor rango a la Constitución pretenden ser aplicadas para continuar llevando a cabo prácticas discriminatorias y ancladas en prejuicios.

¿Cuándo se aplicarán sanciones a los servidores públicos que restrinjan los derechos humanos utilizando falacias argumentales por encima de la Constitución Política de México?

El 11 de junio de 2011 fue decretada la Reforma Constitucional en materia de derechos humanos, que forma parte de un triunfo más impulsado por organizaciones de la sociedad civil, pero que sin duda, no garantiza por sí sola, los avances mínimos que cualquier persona debería tener.

La Suprema Corte discute ahora en la Primera Sala un amparo promovido en el estado de Oaxaca por personas que buscan contraer matrimonio entre personas del mismo sexo.

Sin duda, la organización social, la apropiación de derechos y el ejercicio de ciudadanía, deben seguir siendo cauces que nos convoquen a las personas lesbianas, gays, bisexuales y 'trans', a encontrarnos como movimiento social y seguir construyendo espacios de interlocución política que nos permitan incidir legislativamente. Los cambios los construimos en pares y hoy nos toca apropiarnos del orgullo y la dignidad para reconstruir el tejido social.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Lol Kin Castañeda Badillo.

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