OPINIÓN: ¿Por qué es una ofensa llamar 'ilegales' a los inmigrantes?

Elie Wiesel, sobreviviente del Holocausto y ganadora del Premio Nobel de la Paz, dijo acertadamente que "ningún ser humano es ilegal"
EU frena deportación de jóvenes inmigrantes ilegales
Charles Garcia
Autor: Charles Garcia | Otra fuente: 1
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Nota del Editor: Charles Garcia, quien ha colaborado en la administración de cuatro presidentes de Estados Unidos, de ambos partidos, es el director ejecutivo de García Trujillo, un despacho enfocado en el mercado hispano. Fue incluido en el libro Hispanos en EU: Haciendo Historia, como uno de los 14 modelos a seguir para la nación. Puedes seguirlo en su cuenta de Twitter: @charlespgarcia

(CNN) — La decisión tomada el mes pasado por la Suprema Corte en el histórico caso de inmigración en Arizona fue revolucionaria por lo que omitió: las palabras inmigrantes ilegales y extranjeros ilegales, excepto cuando se citan otras fuentes. El lenguaje sin prejuicios de la corte estableció un acercamiento humanista a nuestra actual restructuración de la política de inmigración.

Cuando etiquetas a alguien como extranjero ilegal o inmigrante ilegal o simplemente ilegal, lo que dices en realidad es que ese individuo es ilegítimo. Los términos implican que la mera presencia de un migrante que no cuenta con documentos en Estados Unidos es un hecho criminal.

En este país todavía existe una presunción de la inocencia que requiere que un jurado condene a alguien por un crimen. Si no pagas tus impuestos, ¿Eres un ilegal? ¿Qué pasa si te imponen una multa por exceso de velocidad? ¿Una condena por asesinato? No. Aún así, no eres un ilegal. Hasta los supuestos terroristas y abusadores de niños no son tachados como ilegales.

Al convertirte en juez, jurado y verdugo, deshumanizas al individuo y generas animadversión hacia ellos. Lawrence Downes, editorialista del New York Times, dice que ilegal es muchas veces una “palabra en clave para referirse al odio racial y étnico”.

El término inmigrante ilegal fue usado por primera vez en 1939 como una ofensa por los británicos en contra de los judíos que escapaban de los nazis y entraban a Palestina sin autorización. Elie Wiesel, sobreviviente del Holocausto y ganadora del Premio Nobel de la Paz, dijo acertadamente que “ningún ser humano es ilegal”.

Los trabajadores inmigrantes que laboran fuera de la ley en EU no son, y nunca han sido, criminales. Están sujetos a deportación, a través de un procedimiento civil administrativo que difiere de la persecución criminal.

Otro concepto erróneo es que la mayoría de los trabajadores que actualmente carecen de papeles cruzan a escondidas nuestra frontera del sur a la media noche. De hecho, casi la mitad entran a EU con una visa válida de trabajo o de turista y se quedan durante más tiempo del permitido. Muchos van a la escuela, encuentran un trabajo, se casan y empiezan una familia. Y algunos hasta se unen al cuerpo de la Marina, como el cabo José Gutiérrez, quien fue el primer veterano en combate en morir en la guerra de Iraq. Aunque le dieron la ciudadanía americana después de fallecido, existen otros 38,000 soldados indocumentados defendiendo nuestro país.

Anthony Kennedy, hablando en representación de la mayoría, junto con el Juez Presidente, John Roberts, y otros tres jueces declararon: “Como regla general, no es un crimen para un extranjero sujeto de deportación estar en el tiempo presente Estados Unidos”. La corte dijo también que no era un crimen buscar o comprometerse con un empleo no autorizado.

Como lo explicó Kennedy, remover a un migrante no autorizado es un asunto civil en el que aunque la persona está fuera de estatus, los oficiales federales cuentan con amplia discreción para determinar si la deportación tiene sentido. Por ejemplo, si una persona no autorizada trata de mantener a su familia trabajando o tiene “niños nacidos en los Estados Unidos, grandes lazos en la comunidad o un registro de servicio militar distinguido”, los oficiales pueden dejar que se quede. También si los individuos o sus familias pueden ser políticamente perseguidos o lastimados en caso de regresar a su país de origen se pueden quedar en Estados Unidos.

Aunque la Suprema Corte ha escogido un lenguaje que parece no promover odio y separatismo, los periodistas continúan usando un lenguaje racialmente ofensivo.

Thomas Hrach, profesor de periodismo de la Universidad de Memphis, condujo un estudio de 122,000 historias de las noticias publicadas entre el 2000 y el 2010, para determinar qué términos se usan para describir a los extranjeros en EU que carecen de los documentos que legalicen su estatus. Descubrió que el 89% de las veces, durante este periodo, los periodistas utilizaron los tendenciosos términos de “inmigrantes ilegales” y “extranjeros ilegales”.

Hrach descubrió que había un aumento substancial en el uso del término “inmigrante ilegal”, que correlacionó con la decisión del Manual de estilo de la Associated Press en el 2004, para recomendar el término “inmigrante ilegal” a sus integrantes. (También es el término preferido por CNN y el New York Times). El Manual de Estilo de AP es una especie de autoridad en lo que concierne al uso de las palabras por parte de prácticamente todos los periódicos y es utilizado por editores de televisión, radio y medios informativos electrónicos. De acuerdo con la AP, este término es “certero y neutral”.

Que la AP considere que el término inmigrante ilegal es certero y neutral es como si la calificadora Moody's le diera a los bienes de alto riesgo de Bernie Madoff un nivel de triple A por ser seguros y solventes.

Es casi como si AP siguiera el guion del encuestador y colaborador de Fox News, Frank Luntz, considerado el gran experto del Partido Republicano en crear el mensaje político conservador perfecto. En el 2005, él produjo un documento secreto de 25 páginas que alteraría radicalmente el debate de inmigración para distraer la percepción pública acerca del tema.

Para alcanzar un impacto máximo, Luntz sugiere a los republicanos ofrecer un terrible discurso: “Esto es acerca de la sobrepoblación de TUS escuelas, caos en las sales de emergencia de TUS hospitales, el aumento de TUS impuestos, y el crimen en TUS comunidades”. También los anima a hablar acerca de la “seguridad de la frontera”, porque después del 9/11, este “argumento suena bien entre todos los votantes, hasta con los demócratas de hueso colorado”, porque conjura al espectro del terrorismo.

La novela clásica de George Orwell, 1984, muestra cómo incluso una sociedad libre es susceptible a la manipulación, al tener una sobredosis de desgastadas frases prefabricadas que convierten a la gente en maniquíes que se convierten en presa fácil para la clase política.

En esa novela, Orwell creó un personaje llamado Syme a quien encuentro terriblemente parecido a Luntz. Syme es un genio de la palabra en el departamento de investigación del Ministerio de la Verdad. Él inventa un doble discurso para el Gran Hermano y edita el Diccionario del Newspeak destruyendo palabras que puedan llevar a los “crímenes de pensamiento”. La sección B contiene las palabras de doble discurso con implicaciones políticas que se esparcirán en las mentes de los oradores como veneno.

En el libro de Luntz “Palabras que Funcionan”, el Apéndice B enlista “Las 21 Palabras y Frases Políticas que No Deberías de Volver a Decir Nunca”. Por ejemplo, elimina las palabras trabajador indocumentado y en su lugar recomienda usar inmigrante ilegal, porque la etiqueta que uses “determina las actitudes que tendrá la gente hacia ellos”.

Y el veneno es efectivo. Seguramente no es coincidencia que en el 2010, los crímenes en contra de los latinos representaron el 66% de la violencia basada en la etnicidad, una cifra superior al 45% del 2009, de acuerdo con datos del FBI.

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En su ensayo La Política y el Idioma Inglés, Orwell advirtió que uno debe de estar constantemente en guardia en contra de las frases prefabricadas que “anestesian una porción de nuestro cerebro”. Pero Orwell también escribió que “de vez en cuando uno hasta puede mandar alguna frase desgastada e inútil a la basura, que es a donde pertenece”, tal cual lo hizo la Suprema Corte.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Charles Garcia.

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