OPINIÓN: El riesgo de que el ACTA obstaculice el uso de internet en México

Su mayor vulnerabilidad radica en equiparar la denominada "piratería" en el mundo real con lo que sucede en el mundo virtual
México firma acuerdo comercial contra falsificación
Autor: María Elena Meneses | Otra fuente: 1

Nota del editor: María Elena Meneses es profesora e investigadora del Tecnológico de Monterrey. Puedes seguirla en su cuenta de Twitter @marmenes

(CNNMéxico) — El Acuerdo Comercial Antifalsificación (ACTA, por sus siglas en inglés) se trata de una medida extrema que probablemente acarreará más problemas de los que intenta resolver.

En lo que me parece un claro desafío al Congreso, que en 2011 recomendó al Ejecutivo no firmarlo aludiendo posibles afectaciones a derechos fundamentales, el gobierno del presidente Felipe Calderón refrendó, a cuatro meses de dejar la presidencia, lo que sin duda es un compromiso con el más importante socio comercial de México: Estados Unidos.

Es un acuerdo que otros Estados han rechazado anteponiendo las afectaciones a los usuarios de internet, como el Parlamento Europeo, que se negó a ratificarlo apenas la semana pasada y que dejó una clara lección de autonomía y de defensa de los derechos de los ciudadanos europeos.

El ACTA es un acuerdo multilateral tendiente a proteger los derechos de propiedad intelectual en el mundo físico y virtual. Más de una veintena de países negociaron su aprobación, entre ellos México, hecho del cual nos enteramos a partir de uno de los cables ventilados por Wikileaks.

Su mayor vulnerabilidad radica en equiparar la denominada "piratería" en el mundo real con lo que sucede en el mundo virtual, lo cual es un error metodológico con implicaciones de orden ético, ya que un falsificador de medicamentos no puede ser equiparado a un adolescente que descarga una canción de un sitio en la red.

El  ACTA, como otras reglamentaciones reactivas y criminalizantes, son un riesgo para la privacidad y libertad de expresión. En este punto destaca y preocupa la habilitación de los proveedores de servicios de internet, ya que servirían como vigilantes de las prácticas de los usuarios en Internet, para en su caso, coadyuvar con la autoridad a sancionar a los infractores del derecho de autor.

Estos son algunos de los efectos que podría traer consigo el acuerdo en México, un país en el que 70 millones de personas todavía no gozan de los beneficios de la red para la productividad, la educación y la vida cotidiana:

1.- Significaría el fin de Internet como lo conocemos en la actualidad, es decir como un territorio de libre flujo de contenidos que no solo es entorno de entretenimiento, sino también para la innovación, el comercio, la educación y la democracia.

2.- Podría inhibir el uso de internet en un contexto en el que falta mucho por hacer para conectar a los desconectados y para brindarles competencias digitales que permitan a los mexicanos entrar de lleno a la Sociedad del Conocimiento.

3.- En economías emergentes, un acuerdo de esta naturaleza podría obstaculizar el crecimiento de la industria de internet.

4.- Al contemplar a los proveedores de servicios de Internet  como intermediarios ¿qué o quién garantiza a los ciudadanos que no serán perseguidos por otros fines?

5.- Este tipo de acuerdos afectan el Derecho a la cultura. Internet no es solo un entorno para consumir videos de Lady Gaga, sino para la educación a distancia y para la creación de expresiones artísticas independientes, universitarias, colectivas, de trend setters y de grupos minoritarios. Un acuerdo que inhibe el consumo puede ser pernicioso para la innovación y la creatividad, que tienen en internet un territorio idóneo.

Me parece que el ACTA es un tratado que va más allá del derecho de autor. Se trata de anteponer los intereses de la industria del enteretenimento, la cual cabildea con presupuestos millonarios iniciativas nacionales como la SOPA y la PIPA, que fracasaron en el Congreso estadounidense a principios de año y que en esencia son similares al acuerdo firmado por el gobierno de México.

Se trata de un choque de modelos de negocio de la cultura: el de la era industrial, en el que un autor cede sus derechos a una empresa, y el de la era digital, que se basa en prácticas distintas de las que destaca el crear a bajo costo, compartir, modificar e interrumpir contenidos.

¿Cuántos académicos y artistas no comparten su obra con licencias Creative Commons en la actualidad? Probablemente más de los que imaginamos. 

Ver una película en la red o bajar un video no necesariamente equivale a no ir al cine. Las cifras de cuantiosas pérdidas que ofrece la industria cuando cabildea estos acuerdos e iniciativas no surgen de métodos rigurosos ni gozan de consensos.

Medidas híbridas como iTunes, Netflix y otros modelos de negocio similares son una muestra de que con voluntad se pueden hallar novedosos marcos de entendimiento  para una nueva realidad cultural.

El presidente Felipe Calderón heredará un problema al nuevo Senado, al que corresponde su eventual ratificación.

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Todavía es pronto para saber si se trata de una moneda de cambio con el equipo de transición del nuevo gobierno, pero por lo pronto, una discusión senatorial que tenga como eje al ciudadano internauta es lo menos que debemos esperar y exigir.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a María Elena Meneses.

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