¿La banca mexicana confiará en Peña?
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Nadie se esperaba el golpe. El próximo 1 de septiembre se cumplen 30 años de la decisión del presidente José López Portillo de expropiar la banca . El anuncio fue sorpresivo para todos, especialmente para los banqueros. El candidato electo, Miguel de la Madrid, fue avisado la noche anterior. Los banqueros se sintieron traicionados. Lo mismo ocurrió con los líderes empresariales.
La expropiación bancaria tuvo un enorme significado. Por decenios, los banqueros habían sido los representantes de facto del sector privado y constituían un interlocutor válido para el Gobierno. Los grandes acuerdos de naturaleza económica se tomaban con los banqueros, quienes los transmitían y cabildeaban con los principales empresarios.
En un sentido más amplio, el corporativismo mexicano descansaba en la relación del Gobierno con las cúpulas de los diversos sectores. En el caso del sector privado, los banqueros eran esa cúpula de facto. Fue así que la nacionalización rompió las reglas no escritas sobre la relación entre el Gobierno y el sector privado que habían sido respetadas por decenios.
El Gobierno había atentado contra los derechos de propiedad, sin consulta y sin consenso público. Al ser una medida tomada por unos cuantos, no tuvo suficiente base de legitimidad.
La expropiación se acompañó del control generalizado de cambios, que fue ineficaz e ineficiente. Inmediatamente después de asumir la dirección general del Banco de México, Carlos Tello estableció un subsidio cambiario de 20 pesos por dólar (Banxico compraba caro los dólares y los vendía baratos), sobre una deuda de 6,000 millones de dólares, que significó entonces 4% del PIB.
El subsidio cambiario fue mayor a lo que se pagó por la banca y sin duda ayudó a que no cerraran las empresas endeudadas en dólares. Pero el déficit público llegó a su nivel más alto en nuestra historia: 17% del PIB.
La forma jurídica fue un decreto de expropiación de todos los activos bancarios. Los banqueros se defendieron, pero el presidente promovió un cambio constitucional para establecer el monopolio estatal en el servicio de banca y crédito. Lo anterior se traduce en que el cambio a la Constitución se aplicó en forma retroactiva.
La Suprema Corte decidió por mayoría que el cambio constitucional aprobado por el Congreso y la mayoría legal de las legislaturas estatales no podía cuestionarse; era legal y legítimo por definición. Resultó evidente que los poderes de la Unión estaban plenamente supeditados al poder presidencial.
Se desató una pérdida de "confianza" en el Gobierno que se prolongó por casi un decenio, cuando apenas Carlos Salinas de Gortari pudo restablecerla efímeramente.
El sexenio de Miguel de la Madrid enfrentó un ajuste forzado por las circunstancias. Los vencimientos de la deuda externa sumaban más de 20,000 millones de dólares para 1983.
Las perspectivas no eran nada positivas y el ajuste tendría que ser significativo. Y lo fue. México dejó de crecer como lo había hecho en los 50 años anteriores. A la fecha no ha logrado retomar ese ritmo de crecimiento económico.
El sexenio de López Portillo terminó también en medio de una fuerte convulsión política. Los empresarios organizados realizaron una serie de protestas en el movimiento "México en la Libertad". Su bandera era la defensa del estado de derecho por los atropellos que la expropiación bancaria implicaba.
Al cambiar las reglas antes reconocidas por todos, los empresarios decidieron entrar en la política y lo hicieron institucionalmente, a instancias del presidente Miguel de la Madrid. Así, la nacionalización desató una fuerza cívica que poco a poco ganó elecciones municipales y luego estatales.
El cambio de reglas y la violación de derechos fundamentales hicieron que grupos de la sociedad dejaran de creer en la clase política, particularmente en el presidente. Este movimiento sería lento, con avances limitados y luego más amplios, pero continuó.
A la larga, el desencuentro entre el sector privado y el Gobierno generado por la expropiación de la banca se extendió al resto de la sociedad. El evento marcó el inicio del cambio de régimen político.
El presidencialismo comenzó a morir en 1982. Menos de 20 años después, el régimen priista fue vencido. La alternancia tuvo su origen en aquel movimiento político por la expropiación bancaria, y por ello, ese episodio es un verdadero parteaguas en la historia contemporánea de México. Hoy, con el regreso del PRI a los Pinos, sabremos si el país realmente ha cambiado , o si estamos regresando tres decenios atrás.
*El autor es Director Ejecutivo del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY)
