OPINIÓN: Las telecomunicaciones en México necesitan una política integral

El 80% de la población en México debería contar con acceso al servicio de internet, factor que resultaría clave para el desarrollo del país
La seguridad en las redes públicas de internet
Autor: Francisco Javier Castellón Fonseca | Otra fuente: 1

Nota del editor: Francisco Javier Castellón Fonseca es Doctor en Ciencias Económicas. Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología del Senado de la República en la LXI Legislatura. Puedes seguirlo en su cuenta de twitter: @CastellonNay

(CNNMéxico) — Nadie o casi nadie se atrevería a dudar de los beneficios de contar con internet, una plataforma que además de permitir comunicar y socializar, es una fuente de conocimiento con posibilidad de convertirse en un medio masivo que genere nuevas conductas sociales, nuevas formas de comunicación y hasta nuevas formas de hacer negocios.

En solo 3 años, el porcentaje de hogares con acceso a Internet creció de 13.5% en 2008 al 23.3% en el 2011, con más de 42 millones de potenciales usuarios que ingresan a la red desde diferentes puntos de acceso, muchos de ellos, a través de dispositivos móviles. A pesar de estos datos, generados por el INEGI, todavía existen muchos problemas que no permiten que la red sea utilizada en todo el territorio nacional ni por todos los estratos socioeconómicos. Vale la pena preguntarse qué fue lo que ocurrió durante los últimos años que no permitió que el país alcanzara la meta, trazada en el Plan Nacional de Desarrollo, del 60% de cobertura total de la población con acceso a los servicios de Internet.

En un primer acercamiento, lo que se percibe en el sector de las TICs —tecnologías de información y comunicación— e internet es una ausencia de políticas públicas claras con un plan integral sobre el crecimiento del sector. 

Socialmente, las TICs e internet solo han penetrado en las capas sociales de altos y medianos ingresos, y de manera ocasional, en la población de bajos ingresos que acceden mediante servicios públicos ofrecidos en escuelas, universidades, centros comunitarios y 'hot spots'.

En la reciente Convención Anual de CANIETI (la Cámara de la Industria Electrónica y de Tecnologías de la Información) varios directores generales aceptaban que el principal obstáculo a la expansión territorial de internet en México es económica, aunque también influyen otros factores, como el derecho de paso en terrenos ejidales, la acción de cárteles locales de la delincuencia organizada o los ataques vandálicos a instalaciones o líneas de transmisión.

En el terreno político, el desarrollo de internet en México muestra los claroscuros de las relaciones de poder en nuestro país. Por un lado, la red ha servido como un espacio de irrupción de nuevos actores políticos, de protestas que en otro tiempo hubieran sido impensables, de una transparencia creciente de la vida pública y de una interlocución inusitada entre políticos y ciudadanos a través de las redes sociales. A pesar de los trolls, acosadores o de los rumores y noticias que escandalizan de manera infundada, la red se ha convertido en un espacio que preserva e impulsa la libertad en nuestro país.

Paradójicamente, al mismo tiempo que oxigena el clima de libertad de expresión y de grupo e impulsa una forma de negocios, el internet en México encuentra en la política su mayor obstáculo; sobre todo en el escenario del enfrentamiento entre los grandes poderes fácticos que incluye también a los poderes formalmente constituidos por el control de concesiones, mercados y frecuencias. Por esta razón, no es extraña la afirmación que la futura expansión del internet en México se encuentra en el campo de los tribunales y barandillas, pero no en los espacios de la competencia de precios y calidad. Quizá el hoyo negro de la ampliación de la cobertura de la red radica en cómo se desarrollarán las telecomunicaciones en el futuro inmediato, donde las acciones de poder de los grandes consorcios inmovilizan la posibilidad de construir eficaces políticas públicas para el sector, a partir de las instancias que posee el Estado mexicano.

Ante las circunstancias descritas, vale la pena preguntar cuáles son los retos que el país y las nuevas autoridades electas tendrán que enfrentar en los próximos años, no solo para mejorar la cobertura de las TICs y de internet en México, sino también para mejorar el número y la calidad de los servicios que se ofrecen.

En primer lugar, se debe construir una política integral del desarrollo de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y el conocimiento con un espectacular impulso al progreso de internet.

Segundo, se deben tener muy claras las líneas de acción para el desarrollo de las TICs y de internet en México. Es preciso rescatar las propuestas de la Agenda Digital Nacional que han presentado diversos actores del sector, así como las buenas experiencias que significaron algunas agendas digitales estatales que le dieron coherencia local a la política de desarrollo de las tecnologías digitales en algunas regiones, y definir leyes como la Ley del Desarrollo de la Sociedad de la Información y el Conocimiento, que se encuentra en la congeladora senatorial, las instancias de dirección, concertación y de instrumentación de la política pública sobre el tema.

En tercer lugar, sin tomar en cuenta la ortodoxia, el Estado mexicano debe recuperar su papel del impulsor del desarrollo económico y social y no dejar que solas, las fuerzas del mercado, lleven el internet a todos los rincones y a todos los estratos económicos del país. La única manera de conseguirlo es generar un enorme esfuerzo conjunto (público y privado) que enlace decenas de miles de escuelas de todos los niveles educativos, cientos de centros de salud y miles de espacios y plazas públicas. Es obvio que los esfuerzos de inversión privada no podrían concluir dicho esfuerzo que solo será posible por una acción conjunta del gobierno federal, los gobiernos estatales y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que tiene la infraestructura para echar a andar una red pública con el objetivo muy preciso de ampliación de la cobertura de Internet con propósitos sociales, que permita no solo cumplir con los objetivos trazados por el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012, sino acercarse a una cobertura que estuviera por encima del 80% de la población.

El último elemento es el mas difícil de aportar. A saber, una fuerte dosis de voluntad política para que dicha política integral del desarrollo de las TICs y del internet en México sea concebido como un proyecto de Estado, que agrupe los más diversos intereses y no sean elegidos por los grandes poderes fácticos, que por muy dominantes que sean y por muchas ganancias que obtengan, no alcanzarían a lograr, por sí mismos, integrar digitalmente al país entero.

Se puede considerar alentador que las nuevas autoridades federales electas consideren la creación de una Secretaria de Estado que administre la política en Telecomunicaciones, divida a la antigua Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) y le dé la importancia que dichos temas tienen para el desarrollo del país. Sin embargo, ello solo podría prosperar si este nuevo espacio administrativo actúa como una instancia de Estado y no como un espacio al servicio de intereses particulares, pues de suceder así, lo único que ocurriría sería la prolongación del actual status quo.

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Es momento de definiciones y sobre todo, de esperanza. Ojalá y ésta no se trunque y pueda construirse un país cada vez más unido y equitativo social y económicamente hablando, donde las tecnologías de la información y comunicación, entre ellas internet, jueguen un papel fundamental. Ojalá podamos verlo.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Francisco Javier Castellón Fonseca

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