OPINIÓN: Los pros y contras de la reforma en materia de transparencia
Nota del editor: Surya Palacios es socióloga, abogada y periodista mexicana. Colabora en la revista Idconline , que pertenece a Grupo Expansión. Puedes seguirla a través de su cuenta de Twitter: @suryapalacios
(CNNMéxico) — La iniciativa del presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, para fortalecer la transparencia en el país, tiene dos ejes fundamentales: la obligación del Estado de informar sobre su actuación, y el derecho de los ciudadanos a exigir, luego de conocer esa información, que políticos y funcionarios sean sancionados en caso de que éstos incumplan sus deberes públicos.
La propuesta, que de aprobarse reformaría diez artículos de la Constitución, dota de mayor autonomía al Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), y sobre todo, amplía sus facultades para que conozca de los recursos de queja de los ciudadanos con respecto a las decisiones de los órganos de transparencia de los estados y del Distrito Federal.
De aprobarse, esto último permitirá, por fin, acceder a la información de los gobiernos estatales, pues estos, a pesar de que también cuentan con organismos de transparencia , en los hechos han acotado esta figura cooptando políticamente a los funcionarios que integran dichas instituciones.
Debido a que en la misma reforma propuesta se establece que las resoluciones del IFAI son vinculatorias (obligatorias), definitivas e inatacables, cualquier ciudadano podrá quejarse en esta instancia para que se ordene la entrega de información pública que en su caso nieguen los organismos de transparencia locales.
La única limitante que se establece en la iniciativa se refiere a la probabilidad de que la información solicitada cause un daño directo a la seguridad nacional, lo cual tendrá que ser analizado, mediante un recurso de revisión, por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Con esto, la propuesta intenta que sea el máximo órgano jurisdiccional del país el que decida si una información gubernamental debe reservarse en caso de que afecte a la seguridad nacional, pero de no ser así, la información deberá hacerse pública de manera obligatoria.
El que sea la Corte —como última instancia— la que analice este recurso de revisión, refuerza el principio de máxima publicidad —que significaría la apertura total de todos los archivos generados por las autoridades— que se intenta incorporar a la actuación de todas las instancias gubernamentales del país.
Sin embargo, la intervención de la SCJN no podrá ser solicitada por los ciudadanos, ya que esa facultad le pertenece al consejero jurídico del presidente mexicano y a los presidentes de las Cámaras del Congreso.
De hecho, la minuta plantea que si el IFAI ordena la entrega de información , el consejero jurídico del Ejecutivo mexicano o los presidentes de alguna de las Cámaras del Congreso podrán oponerse a la medida argumentando riesgos de seguridad nacional, y solicitando que la Suprema Corte resuelva la controversia.
Esto último implica formalmente acotar los poderes del IFAI que la misma iniciativa pretende ampliar, lo que me parece exhibe —además de una contradicción evidente— las reservas que aún se tienen con respecto a la transparencia entre los actores políticos.
Lo mismo sucede con los órganos jurisdiccionales del país, debido a que no son sujetos obligados de la ley actual ni de la que se pretende reformar, pues el IFAI solo tiene competencia para conocer de asuntos relacionados con el acceso a la información pública de autoridades que no correspondan a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Es por eso que la reforma propuesta no responde del todo a la realidad que cotidianamente se vive en México, si bien en los últimos diez años se ha avanzado bastante en el combate a la opacidad, en este caso senadores y diputados tienen en sus manos la oportunidad de ampliar de manera efectiva la transparencia gubernamental, elemento fundamental de la democracia.
Las opiniones recopiladas en este texto pertenecen exclusivamente a Surya Palacios