OPINIÓN: La legalización de la marihuana no es para los 'moralistas'

El gobierno de Estados Unidos debe plantear un nuevo modelo político, que no esté influenciado por ideas del pasado
Autor: Mark Osler | Otra fuente: 1

Nota del Editor: Mark Osler es un profesor de derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de St. Thomas en Minnesota y fue fiscal federal. Es el autor de Jesus on Death Row, un libro acerca de la pena capital.

(CNN) – Los residentes de Colorado y de Washington votaron para legalizar el uso recreativo de la marihuana, y el infierno está por aparecer, al menos ideológicamente. El problema es que la marihuana aún es ilegal bajo la ley federal, y la administración de Obama debe decidir si aplicará la ley federal en un estado que ha decidido sobre el poder federativo. 

Lo que hace que este suceso fascinante es que pone en conflicto dos corrientes importantes del pensamiento político en Estados Unidos: el federalismo y el moralismo.

Los federales, que buscan limitar el poder del gobierno federal con respeto a los estados y a los individuos, buscarán una manera de no involucrarse. Por otra parte, los moralistas creen fuertemente en mantener el orden social establecido y defenderán la aplicación de las leyes federales contra las drogas.

Las nuevas leyes atacarán a los que quieren un gobierno federal moderado, que deje en paz a los negocios y a los individuos, contra los que quieren que el gobierno siga una línea tradicional de moral pública sobre todo en temas de drogas, aborto y matrimonios de personas del mismo sexo.

Un aspecto de este rompecabezas es la anteposición casi total entre las leyes federales y estatales en el ámbito de las drogas. 

La simple posesión de la marihuana es un caso federal bajo la 21 U.S.C. Sección 844, y la ley federal que extrañamente clasifica a la marihuana como un narcótico de modelo I, junto con la heroína y la mescalina; la cocaína y el opio se encuentran en el modelo II, uno de los menos penados. Mientras que la ley federal por lo general no tiene jurisdicción en delitos como robo a transéunte o un asesinato, sí permite que las cortes federales envíen a la cárcel a alguien por portar una pequeña bolsa de marihuana, aunque la ley estatal diga lo contrario.

Los esfuerzos federales y estatales por detener el uso de la marihuana a través del encarcelamiento simplemente no han funcionado.

En 2010, cuatro de cada cinco de las 1.64 millones de personas arrestadas por drogas fueron acusadas de posesión, y la mitad de ellos se debieron a que portaban lo que la mayoría de las veces se considera como una pequeña cantidad de marihuana. Esos cientos de miles de casos de drogas corresponden a un incremento en su uso. Si la política federal tratara de resolver el problema, Colorado no tendría ese dilema, porque enjuiciar los casos no ha resuelto el problema del consumo de la droga.

Sin embargo, la política federal es impulsada por el moralismo en lugar de buscar una solución.

Después de todo, gastamos miles de millones de dólares –de 20 a 25 al año durante la década pasada– y decenas de miles de personas encarceladas como castigo por posesión y tráfico de drogas sin haber restringido nunca el flujo de marihuana o cocaína exitosamente.

Si pensamos que las leyes estrictas resolverán el problema del uso de drogas, nos estamos engañando. El argumento detrás de esos esfuerzos es la creencia de que las drogas son malas, y que debemos castigar a los que las venden o las usen. El encarcelamiento en masa es justificado cuando aquellos a los que ponemos tras las rejas simplemente lo merecen. Ese sentido de moralidad retributiva no solo aplica en la frontera.

Sin embargo, el federalismo exige que los derechos individuales y del Estado sean honrados, pero por encima de todo, enaltecer los imperativos federales más importantes. 

No somos un Estado unitario como muchas naciones europeas, y parte del genio de la experiencia estadounidense es el delicado balance entre los poderes federales y estatales deseados por esos hombres sabios que manufacturaron la mecánica de nuestro gobierno.

La diferencia entre el estatuto federal y el moralismo que impulsa a la política nacional de narcóticos simplemente es esta: el primero es un principio central construido en la estructura de nuestro gobierno a través de la Constitución. El condenar el uso de la marihuana es un principio inamovible. Para ser honestos con nuestros mejores valores, la federación siempre debe ganar.

Sin duda, los moralistas considerarán las regulaciones de la marihuana "demasiado importantes" como para ceder ante las preocupaciones federales, pero su poder es limitado. Las recientes elecciones muestran un panorama de decadencia, ya que, los que lucharon por detener el matrimonio entre personas del mismo sexo ganaron, al mismo tiempo que la marihuana se legalizó.

Como fiscal federal tuve el privilegio de representar a Estados Unidos y de jugar un papel importante al emplear el único poder de discreción fiscal. La administración de Obama debería emplear ese poder en conjunto con nuestros principios más antiguos y dejar de sancionar a la marihuana en Colorado y en Washington.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Mark Osler.

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