OPINIÓN: El 'camino incierto' del acuerdo por el control de armas en EU

El encuentro entre Asociación Nacional de Rifle y la Casa Blanca podría tener puntos favorables o simplemente ir por caminos separados
John Avlon
Autor: John Avlon | Otra fuente: 1
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Nota del editor: John Avlon es colaborador de CNN y columnista político senior para Newsweek y el Daily Beast. Es coeditor del libro: Deadline Artists: America’s Greatest Newspaper Columns (Artistas de la fecha límite: Las mejores columnas periodísticas de Estados Unidos). Colabora regularmente con el programa Erin Burnett OutFront y es miembro del Equipo de Ataque Político OutFront.

(CNN) — A Joe Biden no le agrada mucho la Asociación Nacional del Rifle (ANR), y el sentimiento es mutuo.

Sin embargo, el jueves, la asociación irá a la Casa Blanca para reunirse con Biden y su equipo de trabajo, cuya tarea es crear una reforma a las armas, tras la masacre de la primaria Sandy Hook, y el cual debe presentar sus recomendaciones a finales de mes.

Evidentemente existen profundas divisiones entre los dos, nunca van a estar de acuerdo en la gran mayoría de las propuestas, sobre todo en la prohibición de armas de asalto (a pesar del hecho de que alguna vez fue respaldada por Ronald Reagan) y municiones de alta capacidad.

Pero puede que haya algunas oportunidades de encontrar puntos en común, incluso en este asunto tan polémico. En el pasado, la ANR ha respaldado planes específicos para acabar con la violencia, mismos que el presidente podría promulgar mediante un decreto presidencial. Las encuestas de los integrantes de la ANR señalan que aún existen más ideas por encontrar.

Por ejemplo, el Sistema Nacional de Verificación Instantánea de Antecedentes Delictivos es una ley de poco presupuesto y que no ha sido implementada del todo. Actualizada después del tiroteo en Virginia Tech, respaldada por la ANR y promulgada por el presidente Bush, la ley solicita a los comerciantes de armas con licencia federal consultar en una base de datos si el posible comprador de tiene algún problema de salud mental peligroso, además de antecedentes penales, órdenes de detención, u órdenes de protección civil, para impedir la posesión de armas.

El agresor de Virginia Tech, Seung-Hui Cho, quien mató a 32 personas en un lapso de unas cuantas horas, previamente había sido diagnosticado como enfermo mental. De haber tenido la información disponible, la venta de las armas utilizadas en la masacre podría haberse impedido.

A pesar de la situación, los estados han realizado avances limitados en lo que respecta a presentar información crítica sobre la salud mental, especialmente porque el Congreso no ha brindado los fondos necesarios, concediendo solo un 5.3% de la cantidad total autorizada durante el primer periodo de Obama.

El incremento en la evaluación de la salud mental es una de las pocas áreas en que la ANR estuvo de acuerdo en que debería tratarse, a raíz de lo de Newtown. No obstante, tanto el gobierno de Obama como el Congreso no han podido aplicar la ley existente al privarla de los fondos necesarios para su ejecución.

Asimismo, la ANR ha defendido durante mucho tiempo el Proyecto Exilio (Exile Project), un programa piloto implementado por primera vez en Richmond, Virginia, y el cual procesó los delitos graves locales con armas cometidos por delincuentes bajo la ley federal, enviando a los reincidentes a prisiones federales alejadas de sus comunidades. Este enfoque de mano dura sirvió de inspiración a la iniciativa nacional de Bush llamada Proyecto de Vecindarios Seguros, y terminó por reducir la tasa de "portación de armas" a la mitad y la estadística de homicidios en más de un 60%.

La condena obligatoria de cinco años por cometer un delito con un arma ilegal modificó el comportamiento criminal. Se han llevado a cabo iniciativas parecidas en ciudades de todo el país, pero la coordinación ha sido irregular y el gobierno de Obama no ha dado continuidad al modelo o añadir innovaciones al mismo.

Por último, el presidente Obama podría ordenar al Departamento de Justicia incrementar los juicios contra personas que falsifican información sobre sus antecedentes. En 2009, el FBI reportó 71,000 casos de personas que mentían en sus historiales para comprar armas.

Pero el Departamento de Justicia procesó solo 77 casos —aproximadamente una décima parte del 1%—. La falta de seguimiento por parte del gobierno federal deja a delincuentes armados libres, y envía un mensaje sobre la falta de aplicación de la ley que solo fomenta el desacato sistemático a las leyes de armas existentes.

En esto hay un patrón. Antes de la masacre en Newtown, el gobierno de Obama no había cumplido con las leyes existentes de armas, una prioridad política o de políticas, al igual que lo hizo el gobierno de Clinton. Esto podría, en parte, estar relacionado con una estrategia política implementada por el entonces legislador Rahm Emanuel, en 2006, cuando hizo labores de convencimiento con los demócratas que estaban a favor de las armas para retomar el control del Congreso, experiencia que utilizó como primer jefe de gabinete de la Casa Blanca de Obama antes de ser elegido alcalde de Chicago.

"Durante el gobierno de Clinton hubo esfuerzos para aplicar plenamente las leyes de armas existentes a través de proyectos innovadores de rastreo de delitos con armas, del trabajo coordinado con la policía estatal y local, y de las iniciativas de procesos más duros, dijo Arkadi Gerney, asesor entre 2006 y 2011 del alcalde de Nueva York, Michael Bloomberg".

"Hasta ahora, el gobierno de Obama no ha podido estar a la altura de ese legado y no ha empleado sus poderes ejecutivos al máximo para combatir las armas ilegales".

Sin embargo, la ANR ha sido la principal opositora de muchas otras nuevas leyes de armas y detuvo los fondos para muchos programas existentes en el Congreso.

Antes de recibir críticas por sugerir poner guardias armados en las escuelas públicas después de la masacre de lo de Sandy Hook, la ANR supuestamente se había opuesto a medidas de sentido común, como excluir a ciertos individuos de la lista de vigilancia terrorista del FBI de comprar y poseer armas.

Curiosamente, el encuestador conservador Frank Luntz encontró que una clara mayoría de los miembros de la ANR son más sensatos en materia de la implementación de dichas medidas en comparación con su organización matriz, de mayor rigidez ideológica.

Por ejemplo, el 71% de los miembros de la ANR prohibiría comprar y poseer armas a la gente de la lista de vigilancia de terroristas del FBI, según un sondeo realizado por Luntz para el grupo respaldado por Bloomberg llamado Alcaldes Contra las Armas Ilegales. Del mismo modo, el 79% de los miembros de la ANR apoya exigir verificaciones de antecedentes de los empleados, el 74% apoyaría verificaciones de antecedentes de los posibles compradores de armas y un 64% apoya pedir a los propietarios reportar la pérdida o robo de los artefactos.

La propia ANR ha cambiado desde que el movimiento conservador se fusionó para hacerse cargo de la organización anteriormente centrada en los deportistas. En la década de 1930, la ANR apoyó la prohibición de ametralladoras en EU, la cual todavía permanece. También respaldó la Ley de control de Armas aprobada en 1968 por el presidente Johnson tras el asesinato del reverendo Martin Luther King Jr. y Bobby Kennedy.

"La ANR actual no es la de nuestros abuelos", dijo Gerney.

"Desafortunadamente, la cúpula de la ANR ha convertido a la organización en un obstáculo, en lugar del aliado que era décadas atrás, en lo que concierne a los esfuerzo para aprobar leyes inteligentes para mantener las armas lejos de personas peligrosas".

Pero de hecho hay algunos puntos en común posibles, incluso entre estos enemigos políticos. El hecho de que exista un acuerdo entre la Casa Blanca y la ANR en el tema control de armas debe ser un signo alentador, una revisión de la realidad en medio de la acalorada retórica.

El pensar juntos para resolver los problemas nunca debería considerarse imposible en Estados Unidos.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a John Avlon.

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