OPINIÓN: Las armas no deben estar al alcance de las manos de criminales
Nota del editor: Kevin D. Bradford es especialista en mercadotecnia del Colegio de Negocios Mendoza de la Universidad de Notre Dame. Da clases y es investigador de temas relativos al sistema de comercialización y su relación con la sociedad.
(CNN) — Cada año mueren 30,000 personas y se cometen 300,000 delitos violentos con armas de fuego en Estados Unidos.
En términos económicos, esto cuesta mil millones de dólares al año en atención médica, policía, justicia penal, pérdidas en la productividad, dolor y sufrimiento, según estudios de la Universidad Johns Hopkins y el Instituto de Investigaciones en Servicios Públicos.
Esta realidad rompe el tejido social de Estados Unidos y los ciudadanos sufren las consecuencias sociales y psicológicas. Sin embargo, el debate acerca de las armas se centra en una lucha de un solo frente hasta que las personas decidan actuar.
La mayor parte del debate tiene que ver con lo que debe hacer el gobierno. Pero también podemos ver el problema desde el punto de vista de la mercadotecnia.
Los consumidores estadounidenses son el eje de un enorme sistema de comercialización integral y el tema medular respecto a las armas es el poder.
Los grupos de presión a favor de las armas han blandido eficazmente su poder, pero el mercado de consumo estadounidense potencialmente poderoso no lo ha hecho. Estos grupos influyen en la forma en la que se comercializan las armas y bajo qué leyes. La única diferencia entre ellos y los estadounidenses preocupados es que los primeros —y por ende los políticos que los apoyan— ponen atención a los detalles.
Su objetivo principal ha sido bloquear cualquier cambio a las leyes de control de armas por temor de que al aprobarse tan solo una ley se llegue a la erradicación de la posesión de armas en general.
Pero ese no es el tema a discusión. Muchos ciudadanos preocupados no abogan por la abolición del derecho de posesión de armas de los ciudadanos responsables.
El problema es que hay muy pocas leyes —y están muy limitadas— que obliguen a los fabricantes de armas a asegurar sus canales de distribución y no aplican esas medidas de seguridad.
En nuestra investigación descubrimos que entre el 45 y el 60% de las armas que se rastrearon hasta un delito provinieron de alrededor del 1% de los comerciantes de armas del país, y que la aplicación de las medidas de seguridad está relacionada con la reducción de la cantidad de armas que se desvían hacia la delincuencia o se usan para cometer delitos.
Es interesante observar cómo muchas de las leyes de distribución basadas en el sentido común, y que podrían ser aplicadas a los fabricantes, son vigentes en otros sectores que venden productos dañinos como explosivos, pirotecnia o farmacéuticos.
El problema es que las armas se obtienen de una manera legal para llegar a otros sectores clandestinos o criminales. Para evitar que esto ocurra, los fabricantes de armas tienen la oportunidad de implementar las medidas necesarias.
Las acciones incluyen la obligación de los fabricantes de capacitar a sus vendedores y distribuidores para que identifiquen y manejen a los compradores ilegales en el punto de venta, el desarrollo de un código de conducta y exigir que lleven registros para evitar que las armas caigan en las manos equivocadas.
En un estudio reciente se descubrió que 1 de cada 9 armas (11%) que se distribuyeron en 1996 a través de canales legales, para el 2000 ya se habían usado para cometer delitos. También se descubrió que el 55% de las armas de un fabricante en específico acabó en manos de los delincuentes durante este mismo periodo (el rango para todos los fabricantes que se estudiaron oscilaba entre el 2 y el 55%).
Además, la cantidad de medidas de seguridad que usaron las empresas analizadas (que conformaban el 90% de las ventas de armas en Estados Unidos) era muy baja, en promedio 0.77 por cada empresa. Durante ese lapso, solo una escasa mayoría aplicaba alguna de las recomendaciones.
Una de las razones por las que el público no ha puesto atención es porque creen que la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), puede encargarse de la aplicación de las leyes en nuestro nombre. Pero en este momento necesitan de nuestra ayuda: no tiene los recursos para combatir este problema porque los grupos de presión y los políticos que los apoyan la han dejado con las manos atadas. Por eso, los estadounidenses deben entrar en acción.
La Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) califica a los candidatos políticos con base en su historial de votos: dan calificaciones altas a quienes están a favor de sus políticas y por lo tanto, influyen en la forma de distribuir las armas en Estados Unidos.
En respuesta, los ciudadanos preocupados deberían hacer lo mismo.
Deberíamos evaluar a los fabricantes de armas según su manejo de la venta y de la cantidad de armas que llegan a los delincuentes . Todos deberían poner atención y comprar con base a este argumento.
El grupo Alcaldes contra las Armas Ilegales sugiere que si las tiendas no cumplen con un objetivo de seguridad, nadie hará negocios con ellos. Deberíamos seguir el ejemplo.
Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Kevin Bradford.