¿Qué piden los empresarios al Congreso?

Esta semana reinician los trabajos plenarios en el Congreso de la Unión con una agenda ambiciosa y compleja que comprende retos de enorme trascendencia para el país.

En México y el exterior, entre los analistas e inversionistas internacionales, hay una gran expectación de que las incipientes señales de cambio en nuestra clase política se traduzcan en soluciones efectivas a los grandes desafíos del país, con reformas que permitan detonar su potencial económico.  

Como millones de mexicanos, en el sector empresarial estaremos atentos del desempeño de los legisladores. Los llamamos a ratificar la disposición que han manifestado para el entendimiento y la voluntad de dar resultados. Por nuestra parte, tendremos una participación activa en el debate público, cerrando filas por las empresas y por México, con una agenda de cabildeo común y propuestas de consenso para las reformas que vienen, y que presentaremos puntualmente.

En el Pacto por México se programó que las reformas energética y hacendaria serán procesadas formalmente hasta el próximo periodo ordinario de sesiones. Ello no implica que se desaproveche este tiempo clave para ir perfilando las iniciativas, las consultas y los acuerdos al interior de los partidos, entre estos y, desde luego, con los distintos sectores de la sociedad.

En estos meses tiene que darse todo este trabajo, necesario para que en el periodo de sesiones de la segunda mitad del año el país tenga claras las propuestas y las posturas a discusión, sin ambigüedades. Pedimos que en el debate no haya restricción de opciones viables o temas tabúes.

Hay que partir de la base de que son reformas interdependientes , junto con los retos planteados en el terreno de la seguridad social. Tener como premisas que no podemos permitirnos acabar el 2013 sólo con cambios superficiales o misceláneas en estas áreas; que se discuta con apertura y visión sobre las mejores alternativas de reforma hacendaria y energética, por encima de ideologías, de mitos que confundan y de la agenda político-electoral.

Hacemos un llamado para que no se mezcle la dinámica electoral con la legislativa. Que la competencia por los puestos de elección popular no vuelva a ser factor de postergación, ni las necesidades del país elemento de negociación partidista. No tienen por qué serlo, si en verdad hay una nueva ética de responsabilidad en la política mexicana.

Esperamos que éste sea un periodo de sesiones productivo, en el que se desahoguen los múltiples pendientes que se vienen arrastrando, además de los objetivos trazados en el Pacto por México. Es alentador constatar que las agendas legislativas que han puesto en la mesa las distintas fracciones parlamentarias atienden en gran medida estos criterios.

Hay que sacar adelante los cambios en materia de transparencia y acceso a la información, una reforma constitucional en la que ya hay un importante grado de avance, con un dictamen aprobado en el Senado. Igualmente, urge aterrizar la Comisión Nacional Anticorrupción, con una solución verdaderamente efectiva y de carácter ciudadano, que ayude a disminuir los abusos y la impunidad con que se cometen, en el marco de una política nacional bien articulada de transparencia y rendición de cuentas.

Hacemos un exhorto para que  la importante reforma constitucional en materia de amparo que se logró en el 2011, alcance su plena aplicación con la expedición de una nueva Ley de Amparo que refleje estos avances, la cual sigue pendiente. De la misma forma, es preciso avanzar con celeridad en el paquete de asuntos pendientes en materia de seguridad pública, que debe incluir el fortalecimiento de la policía federal y los mandos policiacos únicos estatales.

Es conveniente que en la estrategia contra la delincuencia se ha puesto un mayor énfasis en la coordinación y corresponsabilidad; ahora hay que hacerlo posible. En el mismo paquete está la homologación de códigos penales, de acuerdo con el cronograma del Pacto por México.

Otra prioridad impostergable es la reglamentación de la reforma política, para darle viabilidad a las candidaturas independientes, la consulta ciudadana, la iniciativa legislativa preferente y la iniciativa ciudadana. Insistimos en que el punto fundamental que sigue ausente es la reelección de alcaldes, y legisladores.

La sociedad civil estará atenta de que se generen normas que realmente permitan que estos instrumentos funcionen, y no queden como letra muerta.

El eje debe ser ampliar derechos y garantías, no limitarlos. En el mismo sentido, esperamos que la nueva Ley de Partidos Políticos que se plantea abordar apunte a la transparencia y a reducir el dispendio ofensivo de recursos públicos en estas organizaciones. Lo mismo aplica para estados y municipios, con un mayor control sobre su endeudamiento y una mejor auditoría de su gasto, mediante la propuesta de Ley Nacional de Responsabilidad Hacendaria y Deuda Pública.

De acuerdo con el Pacto, en este periodo de sesiones se trabajará en la creación de los tribunales especializados en materia de competencia económica, paso necesario para concluir la reforma aprobada en 2011. Hay que fortalecer la arquitectura institucional de fomento a la competencia, salvaguardarla de cualquier tipo de coacción de cualesquiera intereses que no sean los del consumidor.

Desde luego, un punto medular de la agenda legislativa del periodo es el paquete de reformas en materia de telecomunicaciones, también dentro del programa del Pacto por México. Éste es, sin duda, un tema crítico: es una de las palancas de crecimiento económico y productividad con más potencialidad que hoy tenemos disponibles, con un volumen enorme de inversiones esperando para que nuestro país tome las decisiones necesarias para cerrar brechas.

Los ojos de muchos tomadores de decisiones en el mundo están puestos en el Congreso mexicano. Se trata de un asunto elemental de derechos de los ciudadanos de este siglo: el acceso a  todo el potencial que existe en las telecomunicaciones para el desarrollo humano, individual y colectivo.

Confirmamos que en el seno del CCE, se trabaja en una propuesta de consenso del sector empresarial en materia de telecomunicaciones. Partimos de la base de que urge dinamizar el desarrollo del mercado, tomando en cuenta que la demanda de conectividad se multiplicará 26 veces en menos de cinco años,  y  la necesidad de revertir la baja penetración de banda ancha, con más computadoras y acceso a las tecnologías de información y comunicación.

Estamos convencidos de que 2013 puede y debe ser un año de reformas que pongan a México en la ruta de un crecimiento más acelerado y de la prosperidad. Se necesita del compromiso de los legisladores y sus partidos políticos para que, como nación, no sigamos perdiendo oportunidades, rezagándonos y permitiendo que los problemas crezcan y se vuelvan cada vez más complejos.

Hay que convertir las buenas intenciones en resultados concretos. En el sector empresarial, cumpliremos con propuestas, apertura, diálogo y voluntad para generar equilibrios.

*El autor es presidente del Consejo Coordinador Empresarial.