OPINIÓN: A 100 días, los avances y pendientes de Enrique Peña Nieto

El presidente mexicano vive un momento de aceptación social que tiene que ser apoyado por definiciones más claras, como en la seguridad
La ley de víctimas se promulga en México
María Elena Morera
Autor: María Elena Morera | Otra fuente: 1
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Nota del editor: María Elena Morera es Presidenta de Causa en Común, A.C., y presidió México Unido Contra la Delincuencia de diciembre de 2003 a febrero de 2009. Puedes seguirla en su cuenta de Twitter: @MaElenaMorera

(CNNMéxico)— A diferencia de lo ocurrido en 2006, el gobierno de Enrique Peña sí tuvo lo que llamaría una luna de miel con los ciudadanos y los partidos de oposición.

En el largo periodo de transición y durante estos primeros tres meses de gobierno, dialogó con las autoridades salientes, la sociedad civil, los empresarios y con líderes políticos opositores, con los que incluso acordó el Pacto por México, desde el cual se cimentarían sus principales compromisos.

De los 95 compromisos del Pacto, se impulsaron algunos que nos llaman la atención, como la reincorporación de la seguridad pública a la Secretaría de Gobernación (Segob), el anuncio del Programa Nacional de Prevención del Delito, la publicación de Ley de víctimas y la reforma educativa.

El hecho de que la seguridad pública regrese a Gobernación se observa como el reconocimiento de que la política y la seguridad no pueden estar distanciadas ni ser cosas aisladas.

Sin embargo pasan los días y aún no reforman ni el reglamento interno de la Segob, ni definen la naturaleza jurídica de áreas sensibles como la Comisión Nacional de Seguridad, a cargo de Manuel Mondragón —recientemente ratificado en el cargo—, y la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana, a cargo de Roberto Campa —quien dijo que los resultados del trabajo planeado se verán en un año—, para darles existencia orgánica y hacer funcional el, desde mi punto de vista, monstruo burocrático que han creado.

En el mismo sentido, percibo que entre los funcionarios existe una confusión conceptual que no define si parten de una lógica de seguridad pública o de seguridad ciudadana, y ello hace que se atrase el rediseño de la Segob, que anuncien el repliegue de la Policía Federal y al mismo tiempo que nos prometan la creación de una Gendarmería Nacional compuesta por 10,000 elementos (para empezar) para fin de año, y de la cual tampoco logran definir si hará labores de inteligencia o de combate a delitos del fuero común.

Esta situación, que percibo como un impasse administrativo y conceptual, también impacta en el anuncio del Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, anunciado recientemente en Aguascalientes.

Para hacerlo funcional, quienes lo implementen necesitan de la bolsa de 118,800 millones de pesos anunciada para su aplicación, y por lo menos, una ventanilla en la cual puedan aterrizar e incluso auditar los procedimientos a través de los cuales se busca y piensa promover la cultura de paz.

Hasta ahora, el único cambio que encuentro en materia de combate a la inseguridad, es en la manera de comunicarla. La violencia ya no está en el centro del discurso, a pesar que la delincuencia continúa con sus ataques hacia las autoridades, turistas, medios de comunicación y población en general.

Lamentablemente, creo que en materia de seguridad, las inconsistencias administrativas, jurídicas, conceptuales y operativas que observamos, en suma, no concuerdan en estos primeros meses de gobierno con la emergencia de inseguridad que tenemos en el país. Los muertos, los enfrentamientos, las extorsiones, los secuestros y la impunidad siguen a la espera de la justicia.

En medio de este escenario confuso, se publicó Ley de Víctimas que en sí, es un logro de la sociedad civil y es al mismo tiempo, el reconocimiento oficial de que las víctimas no pueden seguir acumulándose en expedientes que poco o nada interesan a los funcionarios.

El nuevo gobierno cumplió su palabra empeñada y esperamos que sigan en esa misma línea ahora con las reformas a esta ley que se entregaron al Senado.

Pero considero que la reforma educativa es el gran tema acordado durante lo que va del gobierno de Enrique Peña. Me parece que la detención de Elba Esther Gordillo, junto con la reforma del artículo 3 constitucional, son una gran oportunidad para impulsar el Servicio Profesional Docente y el Sistema Nacional de Evaluación Educativa.

Para ello será necesario que la autoridad no pretenda crear nuevos líderes a modo, sino que a partir del diálogo y mecanismos claros de promoción y ascenso, se cambien las reglas y se mejore por fin, el nivel del sistema educativo mexicano.

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La sensación que me queda del trabajo realizado en los primeros 100 días del gobierno de Enrique Peña Nieto, es que ha delineado programas que demandan una importante cantidad de recursos económicos, amplios consensos y una sociedad civil organizada fuerte, y a la cual se refiere de manera continua, sin que hasta el momento se anuncie mecanismo alguno para fomentar su crecimiento y fortalecimiento.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a María Elena Morera.

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