OPINIÓN: ¿Cómo oponerse a que una plaza de profesor la ocupe el más apto?

Es difícil encontrar argumentos que justifiquen la oposición a una iniciativa que hará el proceso educativo más transparente
Educación e inversión para impulsar a México
Miguel Székely
Autor: Miguel Székely | Otra fuente: 1
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Nota del editor: Miguel Székely es Director del Instituto de Innovación Educativa del Tecnológico de Monterrey (ITESM), Campus Santa Fe.

(CNNMéxico) — Quizá la acción más destacada de la nueva Administración Federal, hasta ahora, ha sido la reforma educativa, que incluye la creación del Sistema Nacional de Evaluación Educativa, el establecimiento del Servicio Profesional Docente, la conformación del Sistema de Información y Gestión Educativa, la reglamentación para fomentar la autonomía en la gestión escolar y la expansión de las escuelas de tiempo completo.

Como ciudadanos, desde el punto de vista de mejorar la calidad de la educación, es difícil encontrar argumentos en contra de estas transformaciones.

¿Cómo oponerse a que al igual que en cualquier práctica profesional, se realice una evaluación sistemática a los docentes –cuyo sueldo además se financia a partir de nuestros impuestos- y se utilice tanto para mejorar su práctica como para detectar a aquéllos que no son aptos para ocupar esa importante posición?

¿Cómo oponerse a que los nuevos docentes se seleccionen mediante un proceso profesional en el que el empleo lo obtengan los más aptos y calificados para la profesión; o a que los estímulos económicos que reciben estén en función de su desempeño?

¿Cómo oponerse a que todos tengamos acceso a la información básica del sistema educativo, incluyendo el saber qué maestras y maestros están asignados a qué centros escolares? ¿Qué argumentos hay en contra de que se le permita a la comunidad educativa tomar un papel más activo en las definiciones críticas de la escuela, incluyendo por ejemplo, a la selección de la plantilla docente?

Sin embargo, la instrumentación de estas acciones enfrenta una fuerte oposición por parte de algunos grupos, y la razón es que estos cambios trastocan intereses y poderes acumulados por décadas.

Visto desde el punto de vista de los que han ostentado este poder y se han beneficiado del status quo prácticamente sin límites, es perfectamente lógico el tratar de impedir los cambios.

Por ejemplo, para los que una plaza docente es un flujo permanente y asegurado de recursos independientes del cumplimiento de cualquier responsabilidad, la evaluación es por supuesto la peor amenaza.

Para aquéllos que recibían una o más plazas docentes como moneda de cambio, o en automático por el simple hecho de haber cursado la Escuela Normal, el que ahora se asignen por concurso y con base en capacidades, suena a sacrilegio.

Para los que cuentan con una plaza y nunca se han aparecido en una aula a enseñar debido a que se les otorgó como una prebenda por otros motivos, el que los expongan haciendo transparente la información se toma como una afrenta.

Y para los que controlan los recursos y plazas, que ahora los recursos se pongan en manos de la comunidad educativa implica trastocar lo que se consideraba el patrimonio propio.

Por supuesto que hay detalles a definir en la redacción de las leyes secundarias derivadas de la reforma Constitucional. Algunos de estos son, por ejemplo, que cuando se evalúa el desempeño de un docente se tome en cuenta el contexto, ya que el rendimiento académico de un alumno con nutrición y condiciones sociales precarias generalmente será inferior al de uno en condiciones óptimas, y no podemos adjudicarle solo a la labor docente el resultado.

Por supuesto que es necesario asegurar que la evaluación se utilice para mejorar y no como instrumento de señalamiento y estigmatización.

Es correcto decir que hay que definir exactamente qué decisiones se pueden poner en manos de la comunidad escolar y cuáles no, y también es perfectamente razonable hacer una revisión detallada de la información que debe de ser pública, y de la que deberá permanecer en manos de la escuela por motivos de seguridad, y otros.

La pregunta es si para discutir este tipo de aspectos es necesario tomar una carretera y afectar a miles de ciudadanos negándoles el libre tránsito. ¿Es necesario recurrir al vandalismo y negarle la educación a las niñas y niños porque los docentes están en paro?

La oposición con violencia que se ha manifestado contra la reforma no es por este tipo de aspectos, sino porque me parece que la reforma claramente trastoca grandes intereses.

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La señal enviada por el gobierno federal desalojando de la Autopista del Sol a los maestros, es un hecho inédito en las últimas décadas y es una señal esperanzadora de que estos obstáculos, entendibles y predecibles, no van a detener los cambios educativos que le urgen a México. Aunque es un hecho aislado, hasta ahora puede ser signo de que se abre la oportunidad de un verdadero cambio de paradigma. Ojalá y así sea.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Miguel Székely.

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