El gran reto de la infraestructura
El nivel de la infraestructura actual del país (autovías, aerovías, ferrovías e hidrovías) está condicionando el desempeño económico de México, frenando su competitividad y comprometiendo seriamente su posición preeminente en el nuevo grupo de mercados más atractivos del mundo para invertir: los MIST (México, Indonesia, Corea del Sur y Turquía), como relevo y sustitución de los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica).
Esta dura y dramática entradilla es lamentablemente real y el discurso de la infraestructura debe ser, sin duda, uno de los principales temas encima de la mesa del nuevo Gobierno.
Nadie tiene dudas acerca del papel clave que juegan las infraestructuras en el desarrollo de un país, no solo en términos económicos de crecimiento del PIB sino de cohesión y vertebración territorial, de desarrollo regional, de desarrollo social y humano, de fomento de los negocios... la infraestructura es la clave (con mayúsculas) del crecimiento de la economía y de la sociedad.
La región latinoamericana invirtió en infraestructuras a razón del 4.5% de su PIB durante la década de los ochenta. Lo redujo al 1.5% durante los noventas, lo ha vuelto a aumentar al 3% durante la primera década de los dos mil, y lo va a ampliar en un futuro próximo, aunque en cifras muy dispares dependiendo del país. En los mismos períodos, China y Corea del Sur invirtieron muy por encima del 10% de sus PIB en infraestructuras.
México muestra un claro retraso en el aspecto de infraestructuras básicas tanto en comparación con sus socios en el TLCAN como en el contexto mundial en el que se quiere posicionar. Pongamos números a la afirmación. Con un valor añadido bruto de las exportaciones casi 6 veces superior al de Brasil, el puerto de Manzanillo no mueve el número de TEUs (unidad de medida en el transporte marítimo) que mueve el puerto de Santos y se encuentra alejadísimo en cifras de los grandes HUB mundiales: Busan en Corea del Sur, Hong Kong y Shenzen en China o el monstruo de Singapur.
México dispone de la nada despreciable cifra de 1,724 aeropuertos, que le permiten ocupar el tercer lugar mundial pero ¡oh sorpresa! sólo 249 de ellos disponen de pistas pavimentadas... Hay más de 366,000 kilómetros de carreteras (17º lugar mundial) pero, de nuevo, "sólo" 132,000 de ellos asfaltados. Sólo existen 2,900 kilómetros de hidrovías, no hay una sola línea de tren de alta velocidad y, eso sí, ocupamos el primer lugar del mundo en transporte de viajeros... por autobús.
La falta de una infraestructura adecuada limita el crecimiento del país y aumenta los costos logísticos a las empresas mexicanas, limitando seriamente su competitividad. Disponer de una infraestructura proporcionalmente igual (en cantidad y calidad, adaptada a la superficie, población y geografía del país) a la de nuestro vecino del norte, no sólo haría aumentar varios puntos nuestro PIB sino que mejoraría la competitividad y sanearía las cuentas de explotación de nuestros principales motores de generación de riqueza, como la industria armadora de automóviles y la auxiliar de autopartes, por ejemplo.
El nuevo Gobierno de la Nación tiene ante sí el reto más ambicioso de toda la región latinoamericana. Según la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC), el país tiene previsto un plan de inversión de más de 19 billones de pesos mexicanos en el periodo 2013-2018. Con esta medida, México ambiciona posicionarse entre las 25 primeras economías del mundo. Ahora toca cumplir y hacerlo.
Y, ¿cómo se paga la fiesta? A los tradicionales planes de inversión pública o a los modelos de concesión entre otros muchos instrumentos de inversión, se unen los proyectos de colaboración público privadas (PPP) o los propios fondos de pensiones que, no lo olvidemos, gestionan recursos por valores entre el 15 y el 60% del PIB de los países de la región. En la actualidad, los fondos de pensiones son ya importantes instrumentos de inversión para el desarrollo de las infraestructuras.
El capital extranjero tiene que ser un actor fundamental, pero para que el dinero fluya hasta el terreno hacen falta importantes reformas profundas en muchos aspectos, capaces de generar confianza y seguridad jurídica entre los potenciales inversores. Entre ellas, puedo citar, apoyándome en un interesantísimo estudio del BBVA: procesos de licitación transparente y libres de corrupción (casi nada por estos lares...), análisis costo-beneficio desde una perspectiva tanto económica como social, reducción de las cargas burocráticas de los procesos de licitación, un adecuado control del riesgo en cada etapa del proyecto, seguridad jurídica, protección de la inversión, seguridad física.
Desafíos importantísimos que van a exigir profundos cambios, pero el reto vale la pena. El riesgo de no hacerlo es perder el tren del desarrollo en el próximo cuarto de siglo y eso es algo que México, simplemente, no puede permitirse.
