OPINIÓN: Los hermanos Páramo, cuando el 'juicio' es solo mediático

Al trascurrir el tiempo, las víctimas se convierten en sospechosos y el proceso judicial migra de las cortes a los medios de comunicación
Alfredo David y Diego Alejandro Páramo González
EFE. Hermanos Páramo-doble asesinato  Alfredo David y Diego Alejandro Páramo González
Autor: Ricardo González Bernal | Otra fuente: 1

Nota del editor: Ricardo González es el responsable del programa global de protección para periodistas y defensores de derechos humanos de ARTICLE19. Estudió relaciones internacionales y cursa la maestría en periodismo y asuntos públicos en el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Puedes seguirlo en su cuenta de Twitter: @Dr_Rigo_Mortis

(CNNMéxico) - Una muerte violenta es en sí misma una afrenta para cualquier sociedad democrática.

Una muerte violenta, ocultada y matizada por las deficiencias de las instituciones de gobierno, no solo ofende la memoria de las víctimas y sus familias, sino que pone en entredicho los principios mismos que sustentan la convivencia civilizada y armónica de las personas.

La noticia del asesinato de Alfredo David y Alejandro Páramo González, hijos de los periodistas David Páramo y Martha González Nicholson, lamentable en sí misma, nos permite como sociedad vislumbrar el funcionamiento y alcance del ciclo de impunidad en el país.

La justicia es un bien escaso en México. Esa es la cruda realidad que en los últimos años miles de familias han enfrentado tras la pérdida de un ser querido. Ante la exigencia de justicia se erige el muro infranqueable de las deficiencias legales, administrativas y financieras que a menudo previene que los responsables de crímenes sean castigados.

La duda sobre el posible vínculo de los hechos con el trabajo como periodistas de los padres de Alfredo David y Alejandro, obligó a una respuesta inmediata. A las pocas horas de haberse publicado la terrible noticia, llovieron los mensajes de condolencia desde los círculos más altos del poder. El Presidente Enrique Peña Nieto instruyó públicamente a la PGR coadyuvar con la Fiscalía de Chihuahua en la investigación del doble asesinato.

Lo que parecía una ola de solidaridad con la familia Páramo González,  se ha convertido en el tortuoso escenario a menudo padecido por quienes buscan justicia en este país. En donde al trascurrir el tiempo, las víctimas se convierten en sospechosos y el proceso judicial migra de las cortes a los medios de comunicación.

Sin ofrecer prueba alguna y violando flagrantemente el principio de presunción de inocencia, el gobernador Cesar Duarte, aseguró hace unos días ante medios de comunicación que los jóvenes Páramo González estaban involucrados en actividades ilícitas -supuestamente, tendrían una deduda de 10,000 pesos por compra de drogas-. Me parece que las declaraciones del gobernador Duarte buscan minimizar e inclusive justificar los hechos a partir del descrédito moral de las víctimas, como si este supuesto matiz eliminara las consecuencias del crimen.

Parece que para el gobernador Duarte el asesinato de dos jóvenes es más un asunto mediático y no tanto legal, en donde lo que importa es convencer a la opinión pública y no esperar a la decisión de un juez porque, bajo esta lógica, la verdad jurídica queda irremediablemente desplazada por la verdad mediática.

Los juicios mediáticos son una práctica común en México, y Chihuahua, a pesar de ser uno de los estados más avanzados en la instrumentación de la reforma al poder judicial, no es la excepción. La promoción de valoraciones morales respecto a las personas implicadas a través de los medios de comunicación para distraer la atención de los procesos judiciales es una de las grandes amenazas a la legitimidad del sistema de justicia mexicano.

Solo la construcción de la verdad jurídica puede atender la exigencia de justicia de la familia Páramo González y otras muchas familias más que se encuentran en la misma situación. Lo otro, lo mediático, solo sirve para distraer y avanzar las estrategias de comunicación de instituciones y gobiernos incapaces de garantizar el derecho a la justicia bajo su jurisdicción.

Los juicios mediáticos fortalecen la impunidad y debilitan el Estado de derecho de una sociedad democrática.  

La justicia es un asunto de derechos y libertades, aunque el cálculo del gobernador Duarte lo quiera reducir a un hecho mediático. Tratar de que sean los medios los que juzguen no es una solución ni siquiera cosmética, por el contrario, las consecuencias se agravan para las víctimas y para la sociedad.

El caso revela una verdad incuestionable: la impunidad mata y los hermanos Páramo habrán sido asesinados doblemente por un sistema donde la maquinaria mediática importa más que la ley.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Ricardo González Bernal.

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