OPINIÓN: Las declaraciones patrimoniales, ¿evitarían más 'casos Granier'?

Es indispensable tener claro que la transparencia no es una cuestión de morbo, sino la posibilidad de ejercer un control ciudadano
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Autor: Guillermo Ávila | Otra fuente: 1

Nota del Editor: Guillermo Ávila es asesor del área de Transparencia y Rendición de Cuentas del Centro de Análisis e Investigación Fundar. Sigue la cuenta de twitter: @FundarMexico

(CNNMéxico) — Fundar, un centro de Análisis e Investigación en materia de políticas públicas, inició en junio de 2013 una campaña en Change.org para pedir que los diputados, los senadores, el presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete hagan públicas sus declaraciones patrimoniales.

A principios de junio, escribimos en este mismo espacio sobre las declaraciones de los presidentes Peña Nieto y Barack Obama, porque su comparación nos permite hablar de transparencia y rendición de cuentas, dos de los temas a cuyo análisis nos dedicamos.

El ejemplo claro de lo anterior es el amparo que interpusimos por considerar que el artículo 40, párrafo 3º, de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos es inconstitucional, porque afecta directamente el derecho de acceso a la información. La demanda de amparo llegó al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en donde se dio un debate complejo, que da cuenta justo de lo complicado que resulta abordar el tema porque involucra la ponderación de derechos.

La discusión, además, no podría ser más oportuna. El caso Granier es un ejemplo claro de lo que podría significar la posibilidad de acceder a las declaraciones patrimoniales de los servidores públicos.

En este caso, el asunto se dio a conocer no solo porque se encontraron huecos importantes en las finanzas públicas de Tabasco sino porque se detectó que la situación patrimonial del ex gobernador resulta exagerada y, al mismo tiempo, inexplicable.

La idea detrás de nuestra campaña y el amparo es fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones públicas, incluyendo a las y los funcionarios. La transparencia en la función pública sirve, entre otras cosas, para poder conocer la manera en que funciona el gobierno y, entonces, tener elementos para evaluar ese funcionamiento, lo que tendría que llevar a hacer un ajuste o mantener la confianza en el mismo.

Las declaraciones patrimoniales resultan instrumentos de transparencia y rendición de cuentas porque sirven para conocer la situación financiera, las propiedades, los bienes, los activos y pasivos, y otros aspectos del patrimonio de un funcionario. Con esta información es posible revisar, en concreto, si hay incrementos en la riqueza y si éstos se corresponden con el nivel de ingresos; también permite saber cuáles son los intereses privados de un servidor público y evaluar si pueden tener conflicto con el desempeño de sus funciones públicas —por ejemplo, tener participaciones en alguna empresa del mismo ramo de la dependencia en que trabaja—.

Como decíamos en nuestra colaboración anterior, estos documentos no son públicos a nivel federal en México —señalamos ya las excepciones de Chihuahua y Aguascalientes— pues su apertura depende de la voluntad del servidor público. Esto es así —de acuerdo con la exposición de motivos de la ley— porque las declaraciones patrimoniales también incluyen datos personales; es decir, información que se clasifica como confidencial porque hace identificable a una persona.

Por ello es indispensable tener claro que el acceso a las declaraciones patrimoniales no es un asunto de morbo: no se trata de conocer la vida privada de los funcionarios públicos ni de indagar en sus hábitos cotidianos, pues eso resulta irrelevante. De lo que se trata, insistimos, es de tener disponible la información necesaria para ejercer control ciudadano sobre los servidores públicos y, en este caso, prevenir y detectar actos de corrupción y conflictos de interés.

Para evitar cualquier uso inadecuado de la información, nuestro marco normativo de transparencia y protección de datos personales ya admite la posibilidad de elaborar versiones públicas de los documentos, precisamente para evitar la difusión de la información que es más sensible pero, sobre todo, que no es relevante para el interés público. Otro ejemplo: en Argentina, para limitar y mantener bajo control el uso de este tipo de información, quien la solicita debe dar su nombre y el objetivo de su petición, además de que se estipula expresamente varias prohibiciones para su uso. Ambas alternativas ayudan también a prevenir problemas de seguridad.

La corrupción —o la percepción sobre la misma— influye en la confianza hacia las instituciones de un país.

Una revisión de cualquier encuesta, pública o privada, que pregunte sobre el desempeño del gobierno lo confirma. Es por ello que cualquier democracia debe contar con mecanismos de rendición de cuentas para limitar el ejercicio arbitrario del poder. El control sobre este ejercicio se basa en la información disponible, que sirve para exponer las discrepancias entre las conductas en la práctica y el mandato institucional.

Es también importante tener claro que el acceso a versiones públicas de las declaraciones patrimoniales es un elemento, entre otros, de un entramado más amplio de rendición de cuentas. Es decir que, por sí mismas, no garantizan acabar con la corrupción pero sí ayudan a disminuir los espacios de oportunidad para conductas ajenas al interés público. De esta forma podremos contar con una herramienta adicional que, si bien no será una solución definitiva para la corrupción, sí podrá ayudar a contener las tentaciones en el ejercicio de la función pública y amainar el descrédito de la clase política.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Guillermo Ávila.

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