OPINIÓN: Los trabajadores inmigrantes son víctimas de explotación laboral

Nota del editor: Saket Soni es director ejecutivo de la Alianza Nacional para los Trabajadores Invitados de Estados Unidos y del Centro de Justicia Racial de los Trabajadores de Nueva Orleans.

(CNN) — La semana pasada, las autoridades federales de inmigración de Estados Unidos embargaron más de una docena de tiendas 7-Eleven en Nueva York y Virginia.

Las autoridades acusaron a la franquicia de "explotar brutalmente" a más de 50 trabajadores inmigrantes indocumentados. Los empleados presuntamente trabajaban hasta 100 horas a la semana por tan solo tres dólares la hora. Los obligaban a vivir en casas que los patrones poseían y administraban, señalaron las autoridades.

Muchas personas quedaron atónitas. Una simbólica corporación estadounidense presuntamente se beneficiaba de lo que la fiscalía federal de Estados Unidos llamó "un sistema moderno de plantaciones". La fiscalía busca confiscar bienes por 30 millones de dólares, no solo de las franquicias, sino de la corporación matriz de 7-Eleven.

Lo realmente sorprendente debería ser lo común que son este tipo de casos.

Millones de trabajadores inmigrantes son especialmente vulnerables a los abusos porque son amenazados con ser despedidos o deportados para mantenerlos callados. En este contexto, las acusaciones de que esta franquicia dirigió un "sistema de plantaciones" durante 13 años suena más factible.

Pensemos que en marzo pasado, los trabajadores de varios países presentaron denuncias federales en las que describieron una situación similar en los restaurantes McDonald's del centro de Pennsylvania. Los empleados, que eran estudiantes que llegaron a Estados Unidos con visas J-1 que les permitían trabajar de acuerdo con el Programa de Viajes de Trabajo de Verano, reportaron condiciones brutales, robo de salarios y turnos de hasta 25 horas consecutivas sin pago de tiempo extra. Dijeron que los obligaban a habitar viviendas que son propiedad del patrón y que no cumplen con los estándares. Cada vez que intentaban aclarar sus inquietudes los amenazaban con hacer que los deportaran.

En junio de 2012, otro grupo de trabajadores inmigrantes acusó a C.J. Seafood, proveedor de Walmart en Luisiana, de obligarlos a trabajar bajo coacción. Los supervisores afirmaban que los golpearían con una pala para que trabajaran más rápido y cuando se quejaban, el jefe presuntamente los intimidaba con atacar a su familia.

En el reciente debate que hubo en el Senado también recordaron un emblemático caso de explotación que ocurrió en 2011 en una planta empacadora de Hershey's Chocolate en Pennsylvania. Los trabajadores inmigrantes invitados señalaron en una denuncia federal que ganaban un salario inferior al mínimo y los atemorizaban constantemente.

Entre las muchas similitudes que hay en todos los casos, lo más sorprendente es que los cuatro se dieran a conocer porque los trabajadores inmigrantes desafiaron las amenazas y denunciaron. Al hacerlo, salieron en defensa no solo de ellos mismos, sino de todos los trabajadores estadounidenses.

En una encuesta nacional que se realizó recientemente entre 1,000 votantes registrados de CAMBIO —una coalición de grupos en favor de las reformas al que pertenece la Alianza Nacional de Trabajadores Invitados—, el 75% coincidió en que "si se permite a los patrones salirse con la suya al maltratar a los trabajadores inmigrantes, los salarios bajarán y las condiciones laborales de los trabajadores estadounidenses también se verán afectadas".

El 80% coincidió en que "los trabajadores inmigrantes que denuncian, ayudan a defender los estándares laborales y deberían tener la oportunidad de quedarse en Estados Unidos y buscar la ciudadanía".

En este momento, las protecciones para los trabajadores inmigrantes que denuncian son escasas. La Agencia de Inmigración y Aduanas ignora rutinariamente el memorando que emitió su director, John Morton, en el que prohíbe la deportación a quienes denuncian. En Nueva Orleans, 26 empleados que ayudaron a exponer la explotación en la industria de la construcción en Luisiana, fueron arrestados en una redada de inmigración en agosto de 2011.

La mayoría luchan contra su deportación. En todo el país, se trata como desechables a los trabajadores que han sido víctimas de explotación y se defienden contra ella.

Es necesario que la reforma inmigratoria cambie eso. Primero, conforme la propuesta salga del Senado hacia la Asamblea de Representantes, deberá tomar en cuenta las disposiciones que ofrezcan dignidad en el trabajo a más de siete millones de trabajadores inmigrantes en Estados Unidos y que impidan que los estándares caigan para los 150 millones de trabajadores nacidos en Estados Unidos que trabajan con ellos. Una propuesta llamada Ley POWER (ley para proteger a nuestros trabajadores de la explotación y las represalias, por sus siglas en inglés) ofrecería protecciones esenciales para todos. Es necesario que se incluya en la propuesta de reforma inmigratoria.

Segundo, la reforma inmigratoria debe otorgar igualdad de derechos a todos los trabajadores para que los patrones sin escrúpulos no puedan elegir a los más susceptibles de ser explotados para superar a sus competidores.

Todos los posibles empleados que lleguen a Estados Unidos por medio de los futuros programas de trabajadores huéspedes deben contar con protecciones más sólidas para quienes denuncian, y otorgar el derecho de cambiar de patrón tan libremente como lo puede hacer cualquier trabajador en territorio estadounidense.

Elevar los estándares para los trabajadores inmigrantes implica construir una economía más sólida y segura para todos los trabajadores . Por eso, otorgar protección a estos trabajadores no solo les concierne a ellos. También involucra al resto.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Saket Soni.