OPINIÓN: Un error de proceso le salió 'Caro' al sistema judicial mexicano

Nota del editor: Francisco Burgoa es abogado y profesor de Derecho Constitucional en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Es consultor en temas constitucionales y parlamentarios, y asesor editorial del programa "Diálogo Jurídico” de Radio UNAM. Síguelo en su cuenta de Twitter:  @fburgoa

(CNNMéxico) — Todos los días se dictan sentencias en los juzgados del país, unas imponen penas de prisión por determinado tiempo, otras absuelven de los cargos que se le imputan a los presuntos culpables por falta de pruebas y otras hacen que obtengan su libertad por distintas circunstancias.

Esto sucede todos los días, es algo normal como parte de la actividad jurisdiccional a nivel federal y local, pero en México no todos los días obtienen su libertad personajes 'célebres' por la comisión de determinados delitos y por el tiempo que llevaban dentro de la cárcel, uno de ellos es quien actualmente ocupa gran parte de la atención pública: Rafael Caro Quintero.

Caro Quintero une su nombre a una lista de personas 'famosas' (recordemos a Florence Cassez ) que también han sido liberadas o exoneradas por las circunstancias que rodean cada caso, y es justo ahí cuando la sociedad voltea y de inmediato empieza a construir su opinión que, en la gran mayoría, podemos asegurar que no es favorable al sistema de procuración e impartición de justicia.

Dar una explicación desde el punto de vista jurídico y decir que las autoridades tienen la obligación en todo momento de respetar y garantizar el debido proceso, como parte de ese universo que son los derechos fundamentales que debe de gozar toda persona sin excepción, genera que a los abogados también se nos ubique como parte de ese sistema deteriorado, contribuyendo con ello a que la justicia en México sea una ilusión para la mayoría y una realidad para la minoría. Esto debe cambiar.

Nos guste o no, cualquier persona en proceso o sentenciada, tarde o temprano tiene la posibilidad de salir de la cárcel, a menos que se encuentre en una de las pocas excepciones de algunas legislaciones locales, como Chihuahua, que sí contempla la cadena perpetua o prisión vitalicia como sanción para determinados delitos, como el secuestro.

En el caso de Rafael Caro Quintero, salió de la prisión por un error de procedimiento: debió ser juzgado en el ámbito local y no en el federal. Además, previamente había cumplido la pena correspondiente por la comisión de delitos contra la salud.

En tal virtud, revertir el fallo que le devolvió la libertad a Quintero, como lo desea la Procuraduría General de la República (PGR), no lo estimo posible, sin embargo, aún quedaría pendiente lo que suceda con la solicitud de extradición del gobierno de los Estados Unidos y ahí se estaría ante otra situación que pondría en una disyuntiva al gobierno mexicano: conceder la extradición o garantizar los derechos fundamentales de un ciudadano mexicano, considerando que en caso de extraditarlo, podría ser juzgado y sentenciado a pena de muerte o cadena perpetua y para los delitos que se le imputan (secuestro y homicidio) no se contemplan dichas penas en México, con la salvedad de que ya se considera juzgado por estos delitos y por tanto, sería inoperante la extradición por estos delitos.

Ojalá que este no sea un caso más en que la justicia se politice.

Lo anterior provoca que quienes se encuentran en situaciones similares, soliciten de inmediato una revisión a sus procesos y es una obligación de los juzgadores actuar conforme al derecho y a la justicia. De eso depende en mucho que algún día podamos estar orgullosos de nuestros jueces y sobre todo, confiar plenamente en ellos.

En este escenario, los abogados somos parte de ese sistema que sigue esperando funcionar conforme a las circunstancias de un país que ha ido reconociendo y garantizando más derechos para sus habitantes.

El andamiaje jurídico actualizado es urgente (basta de omisiones legislativas) pero también lo es el conocimiento y la capacitación de quienes se encargan de instrumentarlo, basta —sin hacer un análisis detallado— que por distintas razones aún no pueden aplicarse en su totalidad las reformas constitucionales del 18 de junio de 2008 en materia de seguridad pública y de justicia (juicios orales), y del 6 y 10 de junio de 2011 en materia de amparo y de derechos humanos, respectivamente.

Esas tres reformas constitucionales conllevan un nuevo paradigma en nuestro sistema jurídico y necesitamos personas éticas, comprometidas y capacitadas para hacer que tengamos instituciones sólidas y confiables, donde un error sea la excepción y no la normalidad.

Por tales motivos, el Poder Judicial tiene un gran reto: no dejarse influir por la "justicia mediática" que indebidamente imparten los medios de comunicación, ni por la opinión de la sociedad. Aquel proverbio "Vox populi, vox Dei" (la voz del pueblo, es la voz de Dios) ya no es una verdad absoluta; son los jueces, magistrados y ministros quienes tienen y conocen los expedientes integrados en principio por los ministerios públicos y posteriormente, ya dentro de su ámbito de competencia, que les permiten dirimir las controversias que se les presenten.

Si queremos que se imparta justicia, debemos exigir que en cada investigación que se realice, cada proceso en curso y cada sentencia que se dicte, se garantice el debido proceso y todos los derechos fundamentales de las personas imputadas y de las víctimas.

Así evitaremos repetir la historia: un error procesal le salió 'Caro' al sistema judicial mexicano y un ciudadano ha recobrado su libertad.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Francisco Burgoa.