OPINIÓN: Tenemos derecho a saber quién nos espía, cómo y para qué
Nota del editor: María Elena Meneses es profesora e investigadora del Tecnológico de Monterrey. Puedes seguirla en su cuenta de Twitter @marmenes
(CNNMéxico) - ¿Quién espía a quién?, pareciera el nombre de un divertido juego de mesa, sin embargo se trata de un problema y desafío global del cual los ciudadanos no tenemos las piezas completas, sino una serie de evidencias desordenadas y una escasez de respuestas contundentes tanto de los gobiernos, como de las empresas tecnológicas.
El espionaje mediante el uso de la tecnología es una realidad que sospechaban algunos —con el riesgo de ser llamados paranoicos—, a los que el exagente de la CIA Edward Snowden les dio algo de razón al develar la red de espionaje del gobierno de Estados Unidos, presuntamente con la colaboración de empresas de la economía digital.
A estas alturas no es novedad percatarnos que en la vida contemporánea, en la que la tecnología ocupa un lugar preeminente, cedemos en cada momento una parte de nuestra privacidad.
Cuando pasamos la aduana en un aeropuerto, utilizamos la tarjeta de crédito, usamos el GPS para llegar a un lugar o decidimos abrir un perfil en una red social, estamos dejando nuestra imborrable huella digital.
La tecnología digital ha traído efectos duales a nuestra vida. Por un lado la simplifica: llevamos la oficina en nuestro móvil, aseguramos nuestra casa con una alarma digital o guardamos información relevante en la "nube".
Sin embargo, debemos reconocer que las innovaciones no siempre son utilizadas para lo que son creadas.
El derecho a la privacidad es sin duda el que más ha resultado vulnerado con la revolución digital, porque es casi imposible que un gobierno no ceda a la tentación de tener tanta información acumulada, no solo para atrapar criminales —lo cual es su obligación— sino para vigilar a los activistas.
Tampoco es sencillo que una empresa desprecie la riqueza de vender a anunciantes sus bases de datos y, al mismo tiempo, colabore con un gobierno para perseguir a ciudadanos incómodos.
Seamos francos, tampoco es fácil evitar echar un vistazo de vez en cuando a la cuenta de Facebook de nuestro jefe.
Vivimos en una sociedad hipervigilada cuyas implicaciones no alcanzamos a comprender a cabalidad.
Si para quienes nos dedicamos al estudio de estos fenómenos de la era digital es difícil entenderlo, mucho menos comprensible es para el ciudadano común.
De las filtraciones de Snowden nadie ha quedado bien librado: ni el presidente Barack Obama, el Big Brother de este Reality de espionaje, ni tampoco las empresas tecnológicas como Google, Facebook, Twitter, Apple, Microsoft y otras que, pese a sus informes de transparencia en los que dan a conocer de forma muy general las peticiones que hacen los gobiernos de sus usuarios, no pueden dejar de ser vistas con recelo como presuntas colaboradoras de programas de espionaje global.
Nadie gana, todos perdemos.
Los ciudadanos somos quienes le damos sentido a la tecnología cuando la incorporamos a nuestra vida: al estudiar, comprar, viajar, trabajar o divertirnos.
Vigilar en nombre de la seguridad nacional o para combatir a un enemigo global resulta una frase sin sentido cuando no hay ordenamientos judiciales de por medio y por tanto deliberadamente se pone en riesgo el derecho a la privacidad de los ciudadanos, ya sea de un presidente, un activista, usted o yo.
En días recientes se dio a conocer que supuestamente fueron espiados los presidentes de México, Enrique Peña Nieto, cuando fue candidato, y de Brasil, Dilma Rousseff, lo que ha causado sendos reclamos de los ofendidos y débiles y esquivas respuestas del gobierno estadounidense.
El espionaje erosiona el contrato social alrededor de la red, que prevalece gracias a valores como la libertad y la confianza que han hecho del entorno virtual un bien común digital.
El gobierno estadounidense debe dar explicaciones y el mundo vigilado, a través del programa PRISM, demandarla.
También los gobiernos nacionales, que no dudamos que realizan algún tipo de espionaje sin ordenamientos judiciales, están obligados a ser transparentes y a rendir cuentas.
Por su parte, las empresas tecnológicas, que viven del discurso mercadológico de la visibilidad y la transparencia, deben predicar con el ejemplo y decirnos si colaboran o no con programas de espionaje y bajo qué circunstancias.
Las últimas filtraciones de Snowden, publicadas por The New York Times, The Guardian y ProPublica, dan cuenta de la sofisticación de la vigilancia mediante millonarias inversiones en sistemas para descifrar datos protegidos en correo, chats, llamadas telefónicas y hasta en expedientes médicos.
Desencriptar datos pasando por alto la ley equivale a vulnerar la única instancia tecnológica que puede proteger nuestra privacidad en la red.
El riesgo de no dar explicaciones sobre estas revelaciones es enorme por la pérdida del motor de la integridad política y empresarial: la confianza de los usuarios.
En un mundo hipervigilado los ciudadanos internautas tenemos derecho a saber quién nos espía, cómo y para qué. Es lo menos que podemos exigir.
Las opiniones recogidas en este comentario pertenecen exclusivamente a María Elena Meneses.