OPINIÓN: México es pluricultural, terminemos con la discriminación

Los pueblos originarios siguen siendo los más afectados por la discriminación, por lo que se requiere una ley nacional para combatirla
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Por: Ricardo Bucio Mújica
Autor: Ricardo Bucio Mújica | Otra fuente: 1
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Nota del editor: Ricardo Bucio Mújica es presidente del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Síguelo en Twitter en: @ricardobucio

(CNNMéxico) — Cada vez con más frecuencia nos enteramos a través de los medios de comunicación y de las redes sociales de situaciones de injusticia e inequidad que son una derivación de prácticas discriminatorias.

La desigualdad en varios sectores de la población genera violencia e incluso pone en riesgo la salud de las y los agraviados, como en el caso de la indígena mazatleca que dio a luz en el patio de un centro de salud en Oaxaca. Actos así, bajo ninguna circunstancia, deben ocurrir.

¿Qué nos está ocurriendo como sociedad?, ¿en qué momento comenzó la descomposición que no deja de sorprendernos?, ¿cuándo vamos a desarrollar una cultura acorde con la igualdad de trato? Son algunas preguntas que, desde que me enteré de este caso, han rondado en mis reflexiones.

Se nos olvida que somos una nación pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. La Constitución (art. 2) reconoce los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, entre ellos, su derecho a no ser discriminados y a "preservar y enriquecer sus lenguas, conocimientos y todos los elementos que constituyan su cultura e identidad".

Datos de la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México (Enadis, 2010), revelan que una de cada cuatro personas de un grupo étnico asegura no tener las mismas oportunidades para tener acceso a servicios de salud (27.1%) o educación (26.2%).

El principal problema que perciben las minorías étnicas es la discriminación (19.5%); seguido de la pobreza (9.4%) y el apoyo del gobierno (8.8%). Además consideran que la lengua (6.8%) es otro problema principal.

El Informe sobre Desarrollo Humano de los Pueblos Indígenas en México.  El Reto de la Desigualdad de Oportunidades, del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), señala: "La población indígena tiene un Índice de Desarrollo Humano 11.3% menor que el de la población mexicana no indígena. El aspecto más vulnerable es el ingreso, en donde la brecha de desigualdad es del 17%".

Por otra parte, la Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas precisa que "ninguna persona podrá ser sujeto a cualquier tipo de discriminación a causa o en virtud de la lengua que hable" (Art 8), porque todas y todos tenemos derecho a comunicarnos en nuestra lengua materna, sin ningún tipo de restricciones.

Lo cierto es que las brechas discriminatorias siguen violentando sus derechos sociales a la educación, la salud, la seguridad social, la vivienda, los servicios básicos y la alimentación. "Los resultados muestran que el 93.9% de la población indígena está privada al menos de uno de estos derechos y el 64.2% al menos de tres". (Censo de Población y Vivienda 2010. INEGI).

En 2011, Conapred y el estado de Oaxaca firmaron un Convenio Marco de Colaboración. El gobierno de Oaxaca, representado por el gobernador Gabino Cué Monteagudo, se comprometió a disminuir la brecha de desigualdad, marginación y exclusión de los grupos en situación de discriminación, promoviendo y adaptando acciones concretas para prevenir y eliminar la discriminación la entidad.

Asimismo, se proyectó elaborar un programa integral para el combate a la discriminación y a favor de la igualdad.

Este tipo de casos, como lo ocurrido con la mujer mazatleca y su recién nacido, reviven pendientes en materia de no discriminación e igualdad de trato. Resulta vital fomentar acciones afirmativas a favor de grupos con menores oportunidades, como los de ascendencia indígena.

Necesitamos avanzar al cambio cultural: fortalecer el trabajo para transformar la cultura de la exclusión en una cultura de la igualdad y el respeto por los derechos humanos de todas y todos.

Lo ocurrido en Oaxaca nos lleva a pensar que la existencia formal de derechos no ha sido suficiente para garantizar el acceso efectivo a los mismos, pese a que se tiene un marco legal, una institucionalidad, el presupuesto y la atención a sus necesidades como grupo a través de las políticas públicas.

Aún existe una enorme desventaja para medir el goce efectivo de los derechos sociales, políticos, económicos y civiles de las personas y las comunidades indígenas.

Revertir esta situación es responsabilidad no solo del gobierno del estado, sino también de los municipales, pero también de la sociedad misma, del médico, recepcionista o enfermera que ignora o incluso niega la atención a la mujer mazatleca.

La discriminación es transformable mediante la acción sociopolítica si incentiva el trato igualitario, el discurso incluyente y el acceso a derechos y oportunidades reales para todas las personas.

Hoy, 19 de octubre, Día Nacional contra la Discriminación, no debemos olvidar que la ley es un piso común para que el Estado, mediante el gobierno, ataque toda forma de discriminación.

Pero si en verdad se quiere lograr una armonización jurídica de avanzada en materia de no discriminación, es urgente generar una propuesta de ley marco para prevenir la discriminación en todo el territorio, que permita crear una infraestructura institucional que luche contra los factores estructurales que generan discriminación.

Para lograr esto se requiere de una modificación al artículo 73 constitucional, como primer paso, para poder otorgar facultades al Congreso de la Unión y así legislar en la materia.

Como segundo paso, el impulso a la ley marco y, una vez aprobada la legislación, se solicitará la designación de un presupuesto específico para la generación de los mecanismos institucionales necesarios.

Construyamos todas y todos una sociedad incluyente que luche a favor de los derechos humanos. 

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Ricardo Bucio Mújica.

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