OPINIÓN: ¿A quién debe creer el ciudadano?, ¿al político mejor peinado?

El uso de espacios públicos para promocionar la imagen de un gobernante o representante popular está prohibido por la Constitución
Autor: Justine Dupuy | Otra fuente: 1

Nota del editor: Justine Dupuy es licenciada en Historia por La Sorbona, realizó la maestría en periodismo y técnicas de la información en la Universidad de Estrasburgo, Francia. De 2004 a 2007 ejerció el trabajo de periodista en Radio Francia y en varios periódicos. Actualmente es investigadora del área de Transparencia y rendición de cuentas en el proyecto de Publicidad Oficial de Fundar. Sigue la cuenta de Twitter @FundarMexico

(CNNMéxico) — La mirada romántica al estilo de un cantante de rancheras, el peinado de galán de telenovela, la sonrisa Colgate... me parece que en México, a los políticos les encanta exhibirse como si fueran celebridades de Hollywood o artistas pop que promocionan su último sencillo: "¡Tú pagas, tú mandas!" o "Chiapas trabaja para avanzar".

Me parece que la calidad del debate político en México, a veces, se resume a un concurso narcisista de quienes nos gobiernan. ¿A quién debe uno creer más? ¿Al mejor peinado, al más guapo o al más sonriente? ¡Difícil elección! ¿Son estos sus argumentos de peso para persuadirnos de la eficiencia de su gestión? Parece que confunden la rendición de cuentas con un desfile de moda.

El que estas prácticas sigan existiendo me confirma que una parte de nuestros representantes simplemente no hace su trabajo y la otra se aprovecha de estos huecos legales.

El párrafo 8 del artículo 134 de la Constitución es muy claro: "En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público". ¿Qué circunstancias han permitido que como por arte de magia estas caras sonrientes y sobremaquilladas florezcan en bardas, parabuses y vallas si expresamente lo prohíbe la Constitución?

Primero, me parece que hay que decirlo como es, los legisladores no cumplieron con sus obligaciones. Después de la reforma político-electoral del 2007-2008, nuestros representantes no quisieron regular el artículo 134; lo que dejó muchos huecos que permiten darle la vuelta a la ley.

Un ejemplo reciente de estos vacíos normativos fue cuando el Instituto Federal Electoral (IFE) se declaró incompetente para resolver las quejas en contra de la propaganda del gobernador de Chiapas y sancionarlo. Hay que recordar que fue el PAN quien presentó esta queja, alegando que podría haber incurrido en desvío de recursos públicos. Si el IFE no es el responsable de hacerlo, ¿qué institución entonces debería hacer respetar la ley en esta materia? Este tipo de preguntas se quedaron sin respuesta al no existir una regulación al artículo 134.

Segundo, el culpable es el artículo 228.5 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), que permite a cualquiera de nuestros funcionarios autopromocionarse siete días antes y cinco días después de su informe anual de gestión. "...el informe anual de de labores o gestión de los servidores públicos (...) no serán considerados como propaganda", señala el Código.

Fue entonces que la excepción se volvió regla. Todos quieren hacer su informe y subirse a la pasarela política para que su rostro quede grabado en la mente de los ciudadanos: el gobernador Rafael Moreno Valle, el delegado Víctor Hugo Romo, los gobernadores Manuel Velasco y Graco Ramírez, etc. La lista no se detendrá si no desaparece esta excepción.

Tercero, los ciudadanos también somos cómplices de esta farsa que confunde el escenario político con una pasarela parisina en pleno Fashion Week. Debemos exigir una rendición de cuentas verdadera y no cuentos de hadas.

Debemos demandar a nuestros políticos que cumplan con sus obligaciones para evitar que se gasten millones de pesos de nuestros impuestos en anuncios que no sirven para fortalecer la democracia ni el debate público.

Según cifras del primer informe del presidente Enrique Peña Nieto, el gobierno calderonista se gastó en comunicación social y publicidad más de 39 mil millones de pesos.

Salvo que el intercambio de ideas se mida por el tamaño de la sonrisa o el brillo capilar, ¿qué nivel deben alcanzar estos gastos para que exijamos reglas claras, la desaparición de la autopromoción y un uso racional de los recursos públicos?

Pero hay esperanza. Se acaba de abrir una oportunidad para que la situación cambie: la Reforma Constitucional en materia Política Electoral, promulgada el 31 de enero de este año, establece en su artículo transitorio tercero la obligación de regular el párrafo 8 del artículo 134 antes de que se termine este periodo de sesión.

Los legisladores tienen entonces 80 días para acabar con estas prácticas narcisistas que confuden el debate público con pasarelas de moda y la información pública con eslogans comerciales.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Justine Dupuy.

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