Reforma energética, más allá de Pemex

La dependencia a la paraestatal causó un grave daño a la economía, dice Gonzalo Monroy; los cambios constitucionales son una oportunidad de competencia e injerencia de nuevos actores.
petroleo3  (Foto: Getty)
Gonzalo R. Monroy*
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

La reforma energética, aprobada por el Congreso de la Unión el pasado 20 de diciembre, es una revolución completa a la forma de entender los hidrocarburos en México. Desde la expropiación petrolera -llevada a cabo por el General Lázaro Cárdenas- los hidrocarburos, principalmente el petrolero, eran sinónimo de soberanía, orgullo y razón de ser del mexicano.

Así es como se nos instruyó desde los libros de texto en primaria. Durante el “desarrollo estabilizador”, el petróleo se convirtió en símbolo de palanca de desarrollo para la economía. Para el sexenio de José López Portillo, el petróleo sería la promesa para llegar a ser primer mundo.

Con las posteriores crisis, el petróleo sería nuestra ancla de salvación al ser la única garantía que los mercados internacionales aceptaban para otorgarle líneas de crédito al país. Esta es la razón por la que el Gobierno impuso altas tasas impositivas, casi confiscatorias, a Pemex. La decisión, si bien no era fácil, era obvia: llevar la mayoría de los ingresos de la empresa pública a las arcas del Estado para darle viabilidad al país.

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Ya para mitad de la década de los 90, en franca recuperación económica derivada de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio con EUA y Canadá, y con el incremento de la producción petrolera (la inyección de nitrógeno en Cantarell empezó en 1997, llevándonos a un pico de producción de más de 2.2 millones de barriles diarios en 2003), México como país tenía otras fuentes de riqueza además del petróleo.

Las exportaciones petroleras, que en 1982 representaban más de 77% de las exportaciones totales, en 1998 solo representaban 6.2% del total. Esta diversificación de ingresos se dio tanto para el país como la economía en su conjunto, pero no para las finanzas del estado.

Debido a la salida de capitales durante 1993 y 1994 el Gobierno implementó un régimen fiscal transitorio para Pemex en septiembre de 1994 que gravaría 60.8% de los ingresos netos de la paraestatal. Este cambio trajo consigo impactos negativos a lo largo de la cadena de valor pues sesgaba las inversiones de Pemex hacia los proyectos de mayor volumen e ingreso, principalmente los de petróleo, en detrimento de otras inversiones como fueron las de gas natural, refinación, petroquímica, además de otras que eran clave en operación y mantenimiento de infraestructura.

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Igualmente, las inversiones en exploración decayeron considerablemente y solo se mantenía el mínimo necesario. Para poner esto en perspectiva, la inversión en exploración apenas rebasó los 2,000 millones de dólares –una cifra ínfima en la industria petrolera- hasta el 2008. Esta falta de inversiones explica parcialmente el porqué de la carencia de un plan contingente –además del desarrollo de Ku-Maloob-Zaap– para paliar la caída de Cantarell.

Como dato curioso, se establecía que este régimen transitorio duraría solo un año; pero dado que llegó a contribuir con 34% de los ingresos del sector público, se conservó hasta 2005.

Consecuencias

Esta pequeña visión -de solo extraer renta- tuvo consecuencias más allá de Pemex. Se desarrollaron únicamente los proyectos de mayor volumen aunque no necesariamente significaran ser los de mayor rentabilidad. Igualmente, se apostó por utilizar tecnologías maduras y no de vanguardia, por ser las únicas disponibles.

De igual forma, esa visión rentista del Estado hacia los hidrocarburos se tradujo en que no existiera un regulador, mismo que apenas se creó con la reforma del 2008. Es sabido que la mayor autoridad a la que le rendía cuentas Pemex no era la Secretaría de Energía, cabeza de sector, sino la Secretaría de Hacienda, que autorizaba los proyectos, el ejercicio de recursos y coordinaba su emisión de deuda.

Esa visión anacrónica de que la industria solo crea riqueza con barriles de petróleo y pies cúbicos de gas natural queda atrás con la emblemática reforma de diciembre de 2013.

Uno de los grandes retos de la reforma energética es transformar esa visión pequeña, de sacarle lo más a una industria, a una visión progresiva e incluyente en donde la riqueza se crea cuando existen más empresas operando proyectos, con un ejército de proveedores –especializados y generales– dispuestos a participar y negociar en un marco flexible, con reguladores fuertes supervisando el cumplimiento de todas las disposiciones vigentes. Es pasar de la visión de que un peso en la bolsa de Pemex equivale a uno en la bolsa de Hacienda, a pasar a un crecimiento generado por más proyectos, más recursos y más actividad económica.

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Esta visión de mercado implica remover las distorsiones que el Gobierno en su afán de procurarse recursos para evitar una reforma fiscal a fondo ha puesto durante décadas. Algunas de estas distorsiones incluyen los subsidios a los combustibles, desde la gasolina hasta el gas L.P. y las restricciones legales para la libre importación de petróleo, gas o petrolíferos.

La reforma de 2013 va en este camino al haber eliminado la denominación artificial -única en el mundo- de la petroquímica básica y secundaria. Esta sola eliminación le permite a cualquier individuo o empresa producir petroquímicos como el etanol, butano, propano, etc. que, por la baja inversión de Pemex, se terminaban importando. Hoy esos productos pueden crearse en México, con trabajadores mexicanos y un impacto social y económico en el país.

Es momento de cambiar la mentalidad de extraer renta de una sola empresa y pasar a una nueva visión, donde la competencia y cooperación de muchos actores –reguladores, operadores, proveedores, comunidades – van de la mano con un objetivo en común: crear más riqueza.

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Esta visión consiste en explicar que la riqueza no solo es petróleo sino que ese último barril es el resultado del valor de las actividades y horas de trabajo de muchos especialistas. Esto es mucho más que petróleo.

*El autor es consultor en energía, con más de 12 años de experiencia en temas de regulación, legislación y desarrollo de proyectos de hidrocarburos y electricidad. Actualmente es Director de GMEC, consultoría especializada en modelos de simulación, de producción y rentabilidad para el sector de hidrocarburos.

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