OPINIÓN: ¿Putin violó las leyes internacionales en Crimea?

Nota del editor: Karen J. Alter es profesora de Ciencias Políticas y Derecho en la Universidad Northwestern; escribió el libro The New Terrain of International Law: Courts, Politics, Rights. Es becaria del programa Public Voices de The OpEd Project.

(CNN) — El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, dijo que el presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha violado las leyes internacionales al enviar tropas a Crimea. La ley está del lado de Obama, por lo que Putin prepara una justificación contraofensiva.

La carta de las Naciones Unidas prohíbe en su artículo 2, inciso 4 "la amenaza o el uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los Propósitos de las Naciones Unidas". Los abogados ucranianos señalaron que Putin también está violando tratados internacionales.

Parecía que las fuerzas de Putin estaban lo suficientemente preocupadas por que la ONU prohibió que se retiraran las marcas de identificación de los soldados rusos antes de enviarlos a Crimea y también que digan que estas tropas son "fuerzas de defensa local". Pero el que se hayan desprendido de sus insignias no cambia los hechos.

La nueva táctica de Putin es afirmar que invitaron a Rusia. Es ilegal invadir otro país, pero no es ilegal enviar ayuda cuando un gobierno legítimo la solicita. Putin afirmó que el presidente derrocado de Ucrania, Víktor F. Yanukovych, sigue siendo presidente legítimo de Ucrania y pidió ayuda . Putin tal vez también está detrás de la entrada de turistas manifestantes a Ucrania, quienes fingen ser ucranianos que piden ayuda a Rusia.

Hay una larga y legendaria tradición de gobiernos que inventan una premisa legal para justificar sus actos. Durante la Guerra Fría, el entonces presidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, justificó la intervención estadounidense en Granada al decir que era necesario proteger a los estadounidenses que vivían en la isla. Reagan también sostuvo que el apoyo militar estadounidense en Nicaragua era una autodefensa colectiva que el gobierno de El Salvador había solicitado. Estas afirmaciones eran tan creíbles como las de Putin, lo que significa que no lo eran mucho.

A Putin le importa poco si sus actos violan el derecho internacional. Sin embargo, a los europeos y estadounidenses que orquestarán una respuesta sí les interesa, así como a los rusos comunes, por lo que Putin se está esmerando por dar la apariencia de una intervención legal.

Aunque solo el Consejo de Seguridad de la ONU (en la que Rusia tiene derecho de veto) puede autorizar una respuesta colectiva a la agresión rusa, el principio legal de "responsabilidad de proteger" permite que los Estados individuales y los grupos de Estados justifiquen legalmente su respuesta a los actos ilegales de agresión.

¿A dónde podría llevar todo esto? La respuesta depende de quién termine en el poder en Ucrania. Y este es el punto. Cada facción está cortejando a su futura pareja de baile: los estadounidenses y los europeos están cortejando a las fuerzas políticas pro-Occidente de Ucrania; Putin está explotando los temores de los rusos que viven en Ucrania y busca apoyo para formar un gobierno prorruso.

Un gobierno ucraniano anti-Putin podría tratar de presentar una denuncia ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) por el uso ilegal de la fuerza en la incursión de Rusia en Crimea. Esta es la estrategia a la que los líderes georgianos recurrieron tras la más reciente intervención de Rusia en el extranjero, pero el intento fracasó. Como Rusia no acepta la jurisdicción general de la Corte Internacional de Justicia, Georgia acusó a Rusia de usar ilegalmente la fuerza y de violar la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial que Rusia ratificó.

La CIJ rechazó la jurisdicción en el caso porque sin el consentimiento previo de Rusia, la CIJ no podría decidir sobre las acusaciones de uso ilegal de la fuerza. Para la convención sobre la discriminación racial, Georgia tendría que haber negociado primero sus desacuerdos con Rusia. Cualquier gobierno ucraniano se encontraría igualmente impedido.

Imaginen que un gobierno ucraniano antirruso ganara poder y de hecho ganara la demanda legal. ¿Entonces qué pasaría? En el mejor de los casos, Ucrania obtendría una declaración legal a su favor, lo que podría hacer a Rusia responsable de compensar a Ucrania por los daños. Luego, Rusia podría negarse a cumplir o podría hacer lo que Estados Unidos hizo para llegar a un acuerdo en la demanda de uso ilegal de la fuerza que Nicaragua ganó en la CIJ. Rusia requeriría que Ucrania renunciara a su denuncia si quiere recibir su paquete de asistencia. Ucrania tendría pocas opciones ya que los fallos de la CIJ solo pueden ejecutarse a través del Consejo de Seguridad (en el que Rusia tiene derecho de veto).

Un escenario más probable es que el asunto nunca llegue a tanto. Aún si un gobierno anti-Putin ganara las próximas elecciones, Ucrania depende demasiado de la energía rusa como para enfrentársele al presentar una demanda legal con la que ganaría tan poco.

Tampoco es probable que la Corte Penal Internacional se involucre, ya que ni Rusia ni Ucrania han ratificado el Estatuto de Roma, con el que la Corte Penal Internacional podría reclamar la jurisdicción del caso. El Consejo de Seguridad tampoco referiría el asunto a la corte.

En realidad el derecho internacional tiene poco que ofrecer en este momento, siempre y cuando Rusia no cometa atrocidades en masa, cosa que cambiaría el cálculo político.

El nuevo gobierno de Ucrania podría denunciar violaciones a los derechos humanos y los individuos podrían presentar quejas legales ante la Corte Europea de Derechos Humanos, de la que tanto Rusia como Ucrania son signatarias. Rusia tiene una buena trayectoria de observar las recomendaciones de la Corte Europea de Derechos Humanos.

En este punto, la mayor contribución del derecho internacional tal vez sea el canalizar la respuesta de Rusia. El derecho internacional está guiando a Putin a alejarse de las tácticas agresivas más abiertamente ilegales relacionadas con el envío de tropas y sabe que cualquier atrocidad en masa provocaría una reacción internacional más severa.

El derecho internacional no impedirá una invasión y, en vista de los eventos que se desarrollan en Siria, es probable que ninguna de las partes quiera llegar al punto de cometer atrocidades en masa. Así que el derecho internacional está al margen, listo para ser una herramienta a la que ambas facciones pueden recurrir para justificar sus actos.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Karen Alter.