OPINIÓN: El poder virtual toma fuerza contra la ley de telecomunicaciones

Nota del editor: María Elena Meneses es profesora e investigadora del Tecnológico de Monterrey. Puedes seguirla en su cuenta de Twitter  @marmenes

(CNNMéxico)— En tiempos de redes sociales en los que se articula paulatinamente una esfera pública global, mal hacen los actores políticos cuando no prevén y, además, desprecian el poder movilizador que se gesta en la virtualidad.

Es lo que observamos en México con la movilización virtual bajo la etiqueta convertida en tendencia: #EPNvsInternet, además de otras 10 que también se posicionaron como trending topics en la red social Twitter.

Luego de que la marcha "No más poder al poder" anunciada por colectivos de ciberactivistas el 10 de abril fue casi ignorada por medios electrónicos tradicionales, bastó una simple etiqueta —que representa la identidad de toda protesta virtual— y la producción de un video en inglés para conseguir su escalada global y una convocatoria a salir de la red para apropiarse del espacio urbano, para detener la aprobación del controversial dictamen de ley secundaria de la reforma constitucional en materia de telecomunicaciones y radiodifusión enviada por el gobierno federal el pasado 24 de marzo.

La reforma constitucional aprobada por todas las fuerzas políticas en junio de 2013 garantiza a los mexicanos el acceso a internet de banda ancha, además de acotar a los poderosos conglomerados de la televisión y las telecomunicaciones: Televisa y América Móvil, respectivamente.

Una modificación constitucional trascendental que para algunos observadores había sido una respuesta atinada y sensible al movimiento de estudiantes #YoSoy132, que tuvo como blanco al entonces candidato y hoy presidente Enrique Peña Nieto y a la elevada concentración de medios que prevalece en el país.

Sin embargo, esta sensibilidad fue arrancada de cuajo con la propuesta de ley secundaria que permite en el artículo 197 “bloquear, inhibir o anular de manera temporal señales de telecomunicaciones en eventos y lugares críticos para la seguridad pública y nacional a solicitud de las autoridades competentes”.

Un artículo así, aquí, en China, Egipto o Rusia hubiese creado la misma preocupación y hubiera detonado una protesta, porque vulnera la libertad de expresión y el derecho a la información.

Es cierto que sobran los críticos de estas formas de movilización en red que, acostumbrados a las protestas de la era preinternet y las añejas formas de control del malestar social, no se percatan —como señala el sociólogo Manuel Castells—, de que debajo de ellos los ciudadanos montan sus propios sistemas de comunicación cuyos mensajes se viralizan en instantes.

Si son pocos los que salen a la calle tendremos que acostumbrarnos a no contarlos, porque las formas de inconformarse y presionar a la autoridad para modificar una decisión ahora son distintas.

Si el trendig topic fue nacional y no global debemos saber antes que cada clic, post o retuit alcanza a universos de redes distintas que complican la medición tradicional y que además trasciende el ámbito nacional y por mucho el número de lectores de un periódico.

No en balde, en la actualidad las ciencias sociales computacionales que intentan comprender los fenómenos sociales en la red son objeto de estudio y de debate científico en todas las universidades del mundo.

Una enseñanza que nos deja esta primavera de 2014 a quienes estudiamos las redes en México, pero más que nada a los actores políticos, es que cada vez son más los ciudadanos que defienden las libertades civiles en la red. No se trata solo de un puñado de ciberactivistas que desean la paz mundial, sino de ciudadanos activos que a veces conocen mejor que los tomadores de decisiones los temas que les preocupan y ocupan.

Reconozco el escepticismo que acompaña mis frecuentes análisis sobre las redes y su potencial democratizador. Tenemos que admitir que de un tiempo para acá la conformación de una sociedad civil virtual y global en su mayoría educada , urbana e hiperconectada se fortalece cada día más, incide en la agenda pública y en la toma de decisiones políticas.

Luego de la movilización en red de los últimos días en el país, no les quedará más remedio a los legisladores mexicanos que mirar por el interés público y deshacerse de todo conflicto de interés a fin de proponer y discutir una ley secundaria respetuosa del mandato constitucional . No hacerlo tendría elevados costos para la sociedad.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a María Elena Meneses.