Peña Nieto tiene a México en un dilema

Por un lado está la redefinición del poder, y por el otro el crecimiento, dice Enrique Díaz; los medios que ha empleado el Gobierno federal están afectando a la economía.
peña5  (Foto: Getty)
Enrique Díaz-Infante Chapa*
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

Durante sus primeros 18 meses en el Gobierno, la administración de Peña Nieto ha buscado redefinir a su favor la estructura de poder.

Lamentablemente este cambio, junto con la pobre productividad del “México tradicional” -aquel enfocado al mercado doméstico y que no genera valor agregado en la producción y comercialización de bienes y servicios-, la incertidumbre sobre la legislación secundaria en telecomunicaciones y energía, así como los temas de delincuencia, está afectando al crecimiento.

En el primer trimestre del año el PIB creció 0.7%[1].

Los sexenios panistas fueron años donde floreció la libertad de expresión y se fortaleció la sociedad civil, pero donde el Estado perdió fuerza frente a los poderes fácticos. Fueron épocas en las que la transparencia en la información encontró camino con la creación de instituciones como el IFAI, pero donde el duopolio televisivo se consolidó.

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Fueron tiempos en los que nuevos grupos empresariales surgieron o crecieron en sectores como el de la construcción de vivienda (GEO, ARA, URBI) -algunos artificial y desordenadamente- en el que se fortalecieron los grupos empresariales tradicionales en telecomunicacionesa través de la captura de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes.

Felipe Calderón tocó intereses sindicales que afectaban la productividad, las finanzas públicas y la seguridad nacional -como era el caso del Sindicato Mexicano de Electricistas, lo que llevó a la liquidación de Luz y Fuerza del Centro-. Sin embargo, fomentó la fuerza del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) a quien entregó la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, la Lotería Nacional y el ISSSTE como pago por su apoyo electoral en el 2006.

Peña Nieto está recuperando poder y control a favor del Estado y del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Encarceló a Elba Esther Gordillo, la líder del sindicato magisterial, y puso al frente a Juan Díaz, un líder con arraigo entre los profesores y afable a los intereses del PRI. Por eso, no sorprenden los embates de la SEP en contra del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) por revelar irregularidades en la nómina del magisterio.

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El IMCO, buscando impulsar la eficiencia en el gasto educacional, se metió con el nuevo aliado electoral del PRI, quien es fundamental para ganar la mayoría en el Congreso en el 2015.

Asimismo, impulso cambios constitucionales en materia de telecomunicaciones que brindan fortaleza al órgano regulador competente (IFETEL) frente a sus regulados. El Ifetel ya está trabajando en reducir los costos a través de regulación asimétrica que obliga al agente dominante (Grupo Carso) a compartir su infraestructura y disminuir los costos de interconexión.

Lo anterior afecta a los intereses de Carlos Slim y sus inversiones en el sector, quien está migrando a invertir en construcción de infraestructura (IDEAL) y al negocio de la salud (Star Médica), entre otros, para compensar pérdidas.

La reforma fiscal

Con la reforma fiscal, el PRI-Gobierno fortaleció la recaudación y avanzó sus intereses, pero lastimó al empresariado, a la economía y mandó un mensaje populista preocupante. Desincentivó el crecimiento de la economía formal cobrando más impuestos a los mismos de siempre (ISR). Castigó con el aumento del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) a la industria de los alimentos chatarra (BIMBO y Coca-Cola, entre otros), quienes en su mayoría apoyaron a la derecha en el poder.

Con el gravamen del 10% a las ganancias en la Bolsa, afectó los intereses de la elite empresarial y financiera que se benefició durante el panismo con la venta de bancos y empresas. Asimismo, mandó un mensaje populista y de alerta al no cobrar IVA en alimentos y medicinas y generar déficit fiscal por 1.5% del PIB y aumentar el gasto corriente con el otorgamiento de la pensión universal.

Para aplacar la molestia del sector productivo, lograr su cooperación y detonar el crecimiento, el Gobierno esta ejerciendo el gasto público a tiempo –cosa que no ocurrió a principios del 2013- y va a gastar 7.7 billones de pesos a través del Plan Nacional de Infraestructura (PNI).

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Asimismo, espera que la reforma energética detone la inversión privada y que la de telecomunicaciones, junto con la financiera, reduzcan costos de producción nacional. Lo malo es que, al momento de implementar la energética y la de telecomunicaciones, se le está complicando conciliar tantos intereses encontrados.

En suma, el Gobierno de Peña Nieto tiene clara la ruta para reconformar la estructura de poder y mantenerlo, pero al hacerlo está afectando el crecimiento económico del país. Esperemos que esta afectación sea transitoria, como ellos afirman (The Economist, ibid, p. 32-4).

El presidente le está apostando fuerte al crecimiento del país para pagar el aumento en la deuda y del gasto. Si le sale la apuesta todos ganaremos. Si le falla, el país acabará endeudado, sosteniendo la economía con alfileres y esperando que el siguiente no se los quite (Pedro Aspe dixit). ¡Esta historia suena conocida!

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[1]The Economist, mayo 24, 2014, p.84

*El autor es licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en Políticas Comparadas y en Política Social, Planeación y Desarrollo por la London School of Economics and Political Science. Actualmente es Investigador del Centro de Estudios Espinosa Yglesias y profesor en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

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