OPINIÓN: El albergue de 'Mamá Rosa' ¿un caso aislado en México?
Nota del editor: Surya Palacios es socióloga, abogada y periodista mexicana. Colabora en Idconline , revista que pertenece a Grupo Expansión; síguela en su cuenta de twitter: @suryapalacios
(CNNMéxico)—La situación del albergue La Gran Familia de Zamora, Michoacán, donde la Procuraduría General de la República (PGR) encontró casi 600 personas viviendo en deplorables condiciones, es excepcional por la magnitud de los hechos y las peculiaridades de la misma institución, aunque no puede considerarse un caso aislado en términos de vulneración de los derechos humanos de menores de edad.
En México no existe un criterio uniforme para el tratamiento de niños y adolescentes en situación de orfandad, abandono o violencia, pues cada uno de los 31 estados del país cuenta con legislaciones propias en la materia.
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A esas regulaciones se suman decenas de normas especiales para los menores que delinquen, y más de 30 Códigos Civiles que establecen distintos preceptos en el tema de la adopción, y un número similar de procuradurías de la Defensa del menor.
Desde mi perspectiva, este entramado jurídico complica la supervisión que el Estado mexicano debe realizar en todas las instituciones dedicadas a la atención de menores, propiciando con ello un sistemático riesgo para la seguridad e integridad de los niños .
Los casos de explotación de menores que año con año surgen en el país son sólo una muestra de la debilidad institucional que prevalece en este tema. Como ejemplo está la desaparición de 14 niños de tres distintas instalaciones manejadas por el albergue Casitas del Sur , cuyos responsables fueron acusados de tráfico de menores; o la detección de una red internacional de trata de personas que operaba en el sureño estado de Chiapas.
En mi opinión, el denominador común en estos expedientes, al igual que en el albergue La Gran Familia, es la nula vigilancia por parte del Estado. Las violaciones a los derechos humanos de los menores de edad pueden prevenirse, pero esto no es posible sin una política pública homogénea que regule –sobre todo- la forma en la que los particulares participan en la atención de niños y adolescentes.
Si bien se trata de una labor altruista que logra mantenerse a través de la recepción de donativos, monetarios y en especie, si no existe una supervisión de parte de la autoridad es fácil que se caiga en irregularidades, que en el caso del albergue La Gran Familia se convirtieron en verdaderos ilícitos, cometidos –según la PGR- por seis personas que ahí laboraban.
Pero además de cumplir con su obligación de vigilancia, se requiere en lo inmediato que el gobierno federal actualice el único censo de menores albergados que se ha realizado en el país. En 2011, cuando se llevó a cabo ese conteo, existían cerca de 20,000 niños en más de 600 establecimientos asistenciales.
En esas instituciones se atiende a la infancia que ha sufrido maltrato, abandono, violencia familiar o abuso sexual, es decir, menores que han visto vulnerados sus derechos humanos y que, lamentablemente, en casos como el de La Gran Familia han sido revictimizados por quienes debían protegerlos.
Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Surya Palacios.