OPINIÓN: Peter y Murphy en Iguala
Nota del editor: Ricardo Monreal Ávila es diputado federal por Movimiento Ciudadano y líder de la bancada en San Lázaro de este partido; es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas y doctor en Derecho Constitucional por la Universidad Nacional Autónoma de México. Síguelo en su cuenta de Twitter: @ricardomonreala
(CNNMéxico) — El gobierno que se propuso mover a México está paralizado, pasmado y politraumatizado a partir de los acontecimientos de Iguala.
¿Qué le pasó a la actual administración? ¿Por qué perdió la iniciativa y capacidad de respuesta frente a esta crisis?
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El manejo del tiempo se ha vuelto un factor crítico. El gobierno que sacó en tiempo récord la reforma constitucional más importante en 76 años, la energética, no parece tener la misma prisa para impartir justicia a las víctimas de Iguala.
Requirió de 45 días para dar a conocer una versión medianamente creíble sobre la desaparición de 43 estudiantes normalistas, donde "todos los indicios apuntan a un asesinato de un grupo amplio de personas", pero sin tener evidencias concluyentes de que esas personas sean los estudiantes de Ayotzinapa, por lo que oficialmente siguen en calidad de "desaparecidos".
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Es decir, el clásico "sí pero no" que deja las cosas en el limbo jurídico, lo que paradójicamente abona a la defensa de los más de 50 presuntos responsables detenidos por estos hechos, entre policías municipales, cómplices criminales y autores intelectuales.
En solo dos años la actual administración alcanzó el principio de Peter o de incompetencia, que señala que "en una estructura jerárquica, la nata sube hasta cortarse: es decir, los ascensos acabarán por estancar a las personas competentes en puestos donde ya no podrán serlo" (Laurence Peter y Raymond Hull, El Principio de Peter, ed. McGraw-Hill).
En el caso de Iguala, la incompetencia llegó acompañada de otro cisne negro: la ley de Murphy, cuyo postulado central es que "si algo puede salir mal, saldrá peor". En ese sentido, a la detención del alcalde de Iguala y a la solicitud de licencia del gobernador del estado de Guerrero , era natural e inevitable que —por la falta de resultados en la búsqueda de los normalistas desaparecidos— se esté demandando ahora la salida del tercer y último peldaño en la cadena de responsables solidarios públicos: el primer mandatario del país.
Cualquier niño de primaria en México sabe que arriba de un alcalde está el gobernador y por encima de ambos, el presidente de la República. Esa jerarquía organizacional de Peter, puesta en jaque por Murphy, conocida genéricamente como “Estado Mexicano”, es la misma que los días 26 y 27 de septiembre encontró su máximo nivel de incompetencia, en un pequeño e insignificante paraje de la inmensa geografía nacional conocido ahora mundialmente como “basurero de Cocula”. Esta pirámide burocrática no solo se pasmó; se volvió estatua de ceniza y se perdió en el río San Juan en seis bolsas negras de basura.
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Ahora bien, ¿qué evento específico y concreto llevó a la actual administración a este nivel de incompetencia? Todas las consideraciones conducen a un mismo factor. El instrumento político que permitió al actual gobierno sacar eficazmente en solo dos años un paquete ambicioso de reformas estructurales, es el mismo que lo condujo a su máximo nivel de incompetencia en materia de procuración e impartición de justicia: el Pacto por México.
El pacto se levantó sobre una negociación política de fondo. No explícita, pero sí implícita. No escrita, pero sí consuetudinaria. No asumida públicamente, pero sí avalada en la práctica palaciega cotidiana de la realpolitik.
Si necesito los votos de los opositores para sacar adelante las reformas estructurales, no debo hacer nada que los incomode o los cuestione en el objetivo superior de Estado de obtener su aprobación.
De esta manera, las 11 reformas estructurales tuvieron por contrapartida el abandono y olvido de la reforma del Estado de Derecho, en su triple dimensión: órganos de seguridad, instituciones de procuración de justicia y sistema judicial.
Dejar que la corrupción y la impunidad siguieran su camino devastador, y no tocarlas ni con el pétalo de una reforma rosa, es el pecado original que ahora está pagando el gobierno.
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Una reforma del Estado de Derecho hubiese implicado inevitablemente incomodar a los actores del Pacto. Desde aclarar el Monexgate, hasta fincar responsabilidades por los miles de desparecidos en la guerra de Felipe Calderón o llamar a cuentas a los gobiernos de izquierda en Michoacán, Guerrero y Morelos por la situación de inseguridad.
Una reforma contra la corrupción y la impunidad tal vez hubiese impedido la tragedia de Iguala, pero seguramente no hubiese prohijado la "hazaña" de las reformas fiscal y energética.
Lo paradójico ahora es que sin la reforma del Estado de Derecho, el resto de las reformas está en riesgo. Lucen como un lujoso Boeing 787 dreamliner (el modelo del nuevo avión presidencial), pero que salió con un pequeño defecto de fábrica: no tiene tren de aterrizaje.
Por esa omisión en materia de Estado de Derecho y de combate a la corrupción e impunidad, el Pacto por México terminó convirtiéndose en un Pacto contra México.
Las opiniones expresadas en este texto pertenecen exclusivamente a Ricardo Monreal Ávila.