OPINIÓN: Ayotzinapa, crónica de una nueva violación a los derechos humanos

El caso de la desaparición de 43 normalistas evidencia una vez más las fallas del Estado mexicano en la protección de los derechos humanos
“Marcha por Ayotzinapa da esperanza a la nación”
Autor: Arturo Espinosa | Otra fuente: 1

Nota del editor: Arturo Espinosa es abogado especializado en temas electorales, con experiencia en derechos humanos, procesal y constitucional.

(CNNMéxico)— Muchas son las aristas desde las que se puede analizar el caso Ayotzinapa. Yo lo haré a partir de precedentes de la Corte Ineteramericana de Derechos Humanos (CoIDH), en los que se advierte sobre situaciones graves de violaciones a derechos humanos por parte del Estado mexicano desde hace varios años.

La CoIDH ha conocido y resuelto, hasta ahora, ocho casos en los que se ha acusado al Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos. En siete se le ha atribuido responsabilidad internacional; de ellos, cuatro tienen su origen en el estado de Guerrero: Radilla Pacheco (2009), Fernández Ortega y otros (2010), Cabrera García y Montiel Flores (2010) y Rosendo Cantú y otra (2010).

Todos se producen en un contexto de presencia militar, dirigida a reprimir actividades ilegales como la delincuencia organizada.

El caso Radilla Pacheco trata sobre la detención del señor Rosendo Radilla por parte de militares y su posterior desaparición, ocurrida en 1974; el caso de los señores Cabrera García y Montiel Flores se dio en 1999, a raíz de su ilegal detención por parte de militares, tortura durante varios días e indebido juzgamiento al violárseles diversas garantías judiciales. Los casos de las señoras Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas detenidas indebidamente por militares, tratan sobre abuso sexual y tortura, ambos ocurridos en 2002.

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En todos los casos, la responsabilidad del Estado mexicano por violaciones a los derechos humanos fue declarada por la Corte Interamericana. Entre las medidas que se impusieron al Estado mexicano están:

  • Investigar los casos y llevar a cabo los procesos penales correspondientes
  • Adoptar medidas legales pertinentes y acordes a estándares internacionales
  • Capacitar a los servidores públicos, especialmente policía, militares, ministerios públicos y personal jurisdiccional en materia de derechos humanos
  • Reconocer públicamente la responsbilidad del Estado
  • Indemnización a las víctimas y a sus familiares, así como brindarles tratamiento médico y psicológico

El aparato gubernamental federal, en consecuencia, ha realizado algunas acciones a fin de reparar los daños a las víctimas y prevenir hechos similares.

Entre las principales destacan las medidas legislativas adoptadas, especialmente la modificación al artículo 1 constitucional, el cual ahora establece obligaciones concretas para las autoridades en materia de derechos humanos; también se emitieron diversas leyes que protegen los derechos de mujeres, indígenas y otros grupos vulnerables.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho su parte al emitir criterios en los que obliga a los militares a someterse a la jurisdicción civil cuando se violen los derechos de estos, entre otros criterios relevantes emitidos recientemente.

En general, todas las dependencias de gobierno han dedicado horas y recursos económicos a capacitar a sus servidores públicos en materia de Derechos Humanos. Hoy en día no existe funcionario público en el país que en sus discursos no resalte la importancia de la vigencia y ampliación de los Derechos Humanos; en todas sus vertiertes es tema predilecto dentro de los actos públicos, foros y eventos.

El caso Ayotzinapa evidenció —otra vez— que los esfuerzos del Estado mexicano en esta materia han sido insuficientes. La responsabilidad internacional que le han atribuido no ha sido tomada con suficiencia. La desaparición de los 43 normalistas es uno de los varios casos en los que se muestra que las autoridades que integran el Estado, en sus diferentes niveles y órdenes de gobierno siguen cometiendo violaciones graves a los derechos humanos.

El reconocimiento constitucional pleno de los derechos humanos es reciente en México, sin embargo, aunque el compromiso del Estado para garantizar su pleno ejercicio ha sido reiterado en diversas formas, las medidas adoptadas para garantizar una plena libertad en el ejercicio de los derechos humanos se han quedado cortas y así lo evidencian los recientes acontecimientos en Ayotzinapa y en muchas otras partes del país.

La situación en Guerrero no es algo nuevo, seguramente tiene fuertes antecedentes históricos como lo ha señalado el historiador Enrique Krauze, sin embargó, llego el momento en que el Estado mexicano en su conjunto demuestre su compromiso con los derechos humanos y tome medidas de fondo.

Las opiniones expresadas en este texto pertenecen exclusivamente a Arturo Espinosa

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