OPINIÓN: México se encuentra en una encrucijada

La única manera para que México se aleje de su presente oscuro, es que la autoridad ponga los derechos humanos en el centro de su agenda
Enrique_Peña_Nieto  Opinión
Autor: Erika Guevara Rosas | Otra fuente: 1

Nota del editor: Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

(CNNMéxico)–  Cuando el presidente Enrique Peña Nieto asumió su cargo hace dos años, sabía muy bien que era un puesto desafiante.

En 2012, México se encontraba sumergido en una de las peores crisis de seguridad en su historia. Cientos de miles de hombres, mujeres y niños de todo el país se vieron embarcados en una guerra brutal entre poderosos cárteles de narcotraficantes y corruptas fuerzas de seguridad.

Parece que poco ha cambiado desde entonces.

Los alarmantes niveles de delincuencia en muchas partes del país y las consecuencias de la militarización de muchos estados como vía para combatir el crimen organizado y los cárteles de narcotráfico, han aumentado la inseguridad y han generalizado la violencia. El respeto de los derechos humanos y el estado de derecho están gravemente amenazados.

Cada día nuevos nombres son añadidos a la lista de las más de 100,000 personas asesinadas en México desde que en 2006 empezó la "guerra contra las drogas" y al menos 22,000 personas están desaparecidas.

Otros miles de personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares como consecuencia de la creciente violencia en sus ciudades.

Reportes de violaciones de derechos humanos cometidas por la policía y fuerzas de seguridad, incluyendo detenciones arbitrarias, tortura y desapariciones forzadas, continúan, y la impunidad de todos los crímenes sigue siendo la norma. Las instituciones federales y estatales no están cumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos, enviando el mensaje de que estos abusos están permitidos.

La crisis de derechos humanos y seguridad en México ya ha durado tanto tiempo, que muchos de los asesinatos ya no llegan a las portadas de los periódicos nacionales, mucho menos a los internacionales.

La desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, en el estado sureño de Guerrero, ha cambiado la percepción distorsionada de que las cosas parecían estar mejorando en México. Las manifestaciones masivas que han tenido lugar en todo el país desde entonces sacaron a la luz la realidad de México.

En lo que parecía un intento de contrarrestar la problemática, el presidente Peña Nieto anunció una reorganización de la policía local, la elaboración de nueva legislación para abordar la situación, la creación de una línea telefónica nacional de ayuda y el despliegue de aún más fuerzas armadas en las áreas de conflicto.

El hecho de que se adopten medidas es bien recibido, pero hemos escuchado antes los mismos compromisos en varias ocasiones, sin embargo, con pocos resultados.

Se ha reestructurado la policía mexicana muchas veces, se han aprobado nuevas leyes, políticos han ido y venido, pero en todo el país la gente sigue viviendo como si estuvieran en una zona de guerra.

El problema no es lo que dijo el presidente Peña Nieto, sino lo que no reconoció.

Él eligió no hablar de la necesidad de justicia ni de las estadísticas vergonzosas de México en cuanto a la falta de investigaciones de desapariciones, ni de los altos niveles de tortura y malos tratos perpetrados por fuerzas de seguridad. No dijo nada sobre el paradero de los 43 estudiantes desaparecidos ni sobre el enjuiciamiento de los responsables.

El presidente cree que la causa originaria de la crisis de la seguridad nacional se encuentra en el fondo de la cadena policial. La realidad es totalmente diferente. Desde hace muchos años, las prácticas corruptas se han originado en los más altos niveles del gobierno y se han infiltrado hacia niveles inferiores, descomponiendo todo el sistema.

Al proponer reemplazar las fuerzas del la policía municipal por las fuerzas estatales y  al desplegar agentes federales en estados "problemáticos", como Guerrero o Michoacán, para combatir "el crimen organizado", el presidente sigue la misma partitura que la administración anterior y es evidente que esta estrategia ha fallado catastróficamente.

Estas soluciones no son nada más que cambios cosméticos.

La impunidad es el ingrediente principal del cóctel letal que está llevando a México a ser un Estado sin ley. La violencia no controlada y la corrupción enraizada, también lo son.

Al ignorar la necesidad de llevar a los responsables de tales abusos ante la justicia y en cambio crear una línea telefónica, es ingenuo y hace que el presidente Peña Nieto parezca como alguien que intenta curar una pierna fracturada con un curita, cuando la pierna ha estado fracturada durante mucho tiempo.

La única manera para México de alejarse de su presente oscuro es que las autoridades adopten medidas estructurales para poner a los derechos humanos en el centro de su agenda política.

Si el gobierno está verdaderamente comprometido con cambiar la cultura predominante de abusos e impunidad, tiene que demostrar que está dispuesto a hacer de ello su prioridad. Sobre todo, el presidente Peña Nieto debe reconocer públicamente la magnitud de la crisis. Su ética política es cuestionada, la lucha contra la impunidad debe encabezar su agenda para "modernizar y transformar" el país.

Él debe asegurar que cualquier persona directa o indirectamente involucrada en abusos de derechos humanos será llevada ante la justicia y que las víctimas tendrán acceso a la verdad y a la reparación del daño.

Las autoridades tienen el poder de hacer estos cambios pero necesitarán de voluntad política para hacerlo.  Los discursos no son suficientes.

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La pregunta es: ¿Cuántas vidas más se perderán antes de que se emprenda una acción concreta?

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Erika Guevara Rosas

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