OPINIÓN: A 4 meses de la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa

Al no saber qué pasó con los estudiantes, el Estado mexicano ha incumplido con el respeto a las garantías judiciales y el debido proceso
Autor: Surya Palacios | Otra fuente: 1

Nota del editor: Surya Palacios es socióloga, abogada y periodista mexicana. Colabora en Idconline, revista que pertenece a Grupo Expansión; síguela en su cuenta de twitter: @suryapalacios

(CNNMéxico) — La desaparición forzada es la privación de la libertad cometida por agentes del Estado, seguida de la falta de información sobre el paradero de la víctima, se trata de un delito que no prescribe y que se sanciona no sólo en el ámbito interno de los países, sino también a nivel global.

En ese tenor, todos los Estados democráticos, entre los que se incluye México, tienen obligaciones ante los diversos organismos internacionales que defienden los derechos humanos. Esto quiere decir que, en términos de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, las autoridades deben actuar con respeto a las garantías judiciales y el debido proceso, pero también tienen que evitar la violación de esos derechos.

En mi opinión, a cuatro meses de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el Estado mexicano ha incumplido con estas obligaciones, pues por un lado, de acuerdo con la versión oficial de los hechos, los estudiantes fueron detenidos por policías de los municipios de Iguala y Cocula, en Guerrero, es decir, por agentes del Estado.

Y por el otro, desde mi perspectiva, esto fue posible por la debilidad institucional que se vive en amplias zonas del país, una situación que impide al Estado aplicar políticas específicas para evitar las desapariciones.

Pero lo más grave en este caso es que no sólo se trasgredieron los derechos a la protección judicial de los estudiantes normalistas, sino que con su desaparición se violan –entre otros- los derechos a la libertad e integridad personal, y a la vida, a los que se añaden, lamentablemente, una serie de irregularidades cometidas por las autoridades que investigan los hechos.

Esto nos muestra el círculo vicioso en el que terminan convirtiéndose los hechos delictivos en nuestro país, toda vez que a la presunta actuación ilegal de los policías municipales, se le añaden las acusaciones de tortura por parte de algunos de los detenidos, lo que –en el futuro inmediato- puede resultar en la anulación de todo el procedimiento con el que se intenta juzgar a los autores materiales de los hechos de Iguala.

Y es que el debido proceso, junto con la efectiva protección de las víctimas del delito, no sólo son cuestiones de forma que deben estar presentes en los juicios de carácter penal, sino que la ausencia o deficiencia de estos factores incide en el fondo de lo que se intenta castigar.

En términos prácticos esto último implica que el Ministerio Público federal debe probar en juicio la responsabilidad plena de los acusados, pero al mismo tiempo esas probanzas deben ser aportadas respetando sus derechos humanos, y siguiendo los protocolos internacionales que obligan al Estado a proteger a las víctimas. 

Se trata del necesario equilibrio procesal que –idealmente- hace posible la justicia, pues quienes actuaron en contra de los normalistas de Ayotzinapa deben ser castigados de manera efectiva, pero eso solo es posible si la autoridad investigadora actúa adecuadamente.

De hecho, si consideramos que desde 2011 México incorporó a su Constitución el reconocimiento de los derechos humanos contenidos no sólo en la Carta Magna, sino también en los tratados internacionales, cualquier violación a estas garantías fundamentales implica una responsabilidad para el Estado.

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Por eso es tan grave lo ocurrido hace 122 días en Iguala, porque muestra que los ciudadanos podemos ser víctimas de quienes están obligados a protegernos y, porque luego de ocurridos los hechos, en mi opinión, tampoco tenemos certeza de que la autoridad respete el Estado de derecho.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Surya Palacios.

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