Obesidad, enemiga de la competitividad en México

En el país, el 52% de la población, 60 millones, padece sobrepeso u obesidad, dice Fátima Masse; tan solo los costos de la diabetes atribuible a la obesidad ascienden a más de 85,000 mdp al año.
Obesidad  (Foto: Jupiter Images)

Son varios los indicadores que manifiestan que México tiene una epidemia de sobrepeso y obesidad. La última Encuesta de Salud y Nutrición (2012) mostró que al menos 60.6 millones de personas padecen este problema, lo que equivale a 52% de la población total. Esta cifra nos convierte en el segundo país de la OCDE con mayores niveles de obesidad después de Estados Unidos.  

Lo que no siempre se dice es que la obesidad es un factor que amenaza seriamente la competitividad del país. Por un lado, es el principal factor de riesgo para desarrollar enfermedades crónicas como diabetes, trastornos cardiovasculares, e incluso algunos tipos de cáncer (de colon, mama y próstata). Estos padecimientos perjudican la calidad de vida de los habitantes y generan costos muy altos que presionan la estabilidad financiera de las instituciones de salud y de las familias. Por el otro lado, un trabajador enfermo es menos productivo, lo que afecta a las empresas y a la economía en general. 

Nuestros cálculos arrojan que los costos sociales de la diabetes atribuible a la obesidad ascienden a más de 85,000 millones de pesos al año. Este monto no es menor, pues es comparable a 75% del presupuesto total de la Secretaría de Salud en 2012. Además, esta cifra podría ser la punta del iceberg, pues sólo se pudo cuantificar los impactos de una de las múltiples enfermedades asociadas a la obesidad. Del total de los costos, 73% corresponde a gastos por tratamiento médico, 12% a pérdidas de ingreso por mortalidad prematura y el resto, 15%, a pérdidas de ingreso por ausentismo laboral. Destacan las implicaciones de este último rubro. 

Según nuestro análisis, en un año se pierden más de 400 millones de horas laborales por razones asociadas con la diabetes (asistencia al médico, malestar, etcétera). Cada trabajador con esta enfermedad pierde en promedio 10 días al año debido a su condición. En términos prácticos, esto equivale a casi 185 mil trabajadores de tiempo completo, que es 32% de los empleos formales que se generaron en promedio durante 2014 (con base en registros del IMSS). Si no se hace nada al respecto, para el 2018 esta cifra podría crecer en 14%. Tanto las empresas como los trabajadores absorben los costos de dichas ausencias. 

Varias empresas han reconocido la importancia de fomentar estilos de vida saludable entre sus empleados. Por ejemplo, American Express tiene un área de salud que organiza campañas de nutrición para orientar a sus trabajadores sobre alimentación balanceada y porciones adecuadas. Por su parte, Dupont tiene un programa denominado Wellness en el que enseña a los trabajadores a tener mejores estilos de vida a través de monitoreo constante con enfermeras y médicos sobre su peso, ejercicio, alimentación y tabaquismo. A pesar de que estas iniciativas pueden ser muy útiles, el 99% de las empresas en México tienen menos de 51 empleados, y difícilmente pueden invertir en ellas. 

La administración federal en turno ha hecho esfuerzos considerables en esta materia con políticas articuladas en la Estrategia Nacional para la Prevención y el Control del Sobrepeso, la Obesidad y la Diabetes. Hoy somos el único país con un impuesto sobre bebidas azucaradas y alimentos de alto contenido calórico a nivel nacional. Recientemente se aprobó un etiquetado frontal y las reglas para que los productos puedan obtener un distintito nutrimental. Además existen varias estrategias para cuidar a los niños: se prohibió la publicidad de alimentos y bebidas poco saludables en tele y cine durante horarios infantiles, se prohibió la venta de alimentos nocivos en escuelas y se aprobó una partida presupuestaria para la instalación de bebederos en algunas escuelas públicas. 

A pesar de estos esfuerzos, la dimensión de la epidemia de obesidad que estamos viviendo requiere más políticas y una mejor implementación de las existentes. En primer lugar es crucial aumentar los recursos que se destinan a la prevención de este problema. En el 2015, el presupuesto para la Estrategia Nacional es de poco más de 320 millones de pesos. Esto equivale a 5.3 pesos por persona con problemas de peso. No obstante, la recaudación proyectada del impuesto sobre bebidas y alimentos hipercalóricos supera por 100 ese monto. Más aún, estos recursos deben financiar el levantamiento de mejores estadísticas para medir los resultados de las políticas existentes, y en caso de ser necesario, poder reajustar el rumbo lo antes posible. Asimismo, se pueden crear incentivos para que las empresas promuevan estilos de vida más saludable entre sus trabajadores. 

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En segundo, el combate a la obesidad requiere de una alimentación saludable pero también de mayores niveles de actividad física. A nivel nacional, 56% de las personas de más de 18 años son sedentarias o inactivas, y la mitad de ellas abogan no tener tiempo para este objetivo. Una mejor calidad del espacio público podría ayudar a revertir esta situación. Para ello, el gobierno federal puede generar incentivos para privilegiar la inversión en proyectos que favorezcan las actividades deportivas, así como medios de transporte más activos. 

*La autora es Consultora del Instituto Mexicano de la Competitividad.

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