OPINIÓN: El largo camino hacia la justicia por los alumnos de Ayotzinapa

Familiares y la comunidad esperan la plena rendición de cuentas y la búsqueda de la justica para reparar los daños contra los normalistas
La caravana por Ayotzinapa en EU
Érika Guevara Rosas
Autor: Érika Guevara Rosas | Otra fuente: 1
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Nota del editor: Erika Guevara Rosas, Directora del Programa Regional de Amnistía Internacional para América. Síguela en su cuenta de Twitter: @ErikaGuevaraR

(CNNMéxico)— Hoy hace seis meses, Omar recibió una llamada aterradora de un amigo suyo y compañero de estudios. "Me encontraba en mi cuarto escribiendo un trabajo cuando me llamó un amigo, desesperado, desde un autobús. Dijo que les estaba disparando la policía", explicó Omar. Desde entonces, no ha vuelto a tener noticias de su amigo.

Omar estudia en la Escuela Rural Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero. Su amigo es uno de los 43 estudiantes sometidos a desaparición forzada hace exactamente seis meses.

A medida que pasaban los días y las semanas, en Amnistía Internacional veíamos con horror a las autoridades mexicanas estancarse y ofuscarse. Aunque el asunto ha suscitado atención internacional, durante meses las autoridades no siguieron adecuadamente todas las líneas de investigación, en especial las preocupantes denuncias sobre la complicidad de las fuerzas armadas.

En enero viajé a la Escuela Rural Normal de Ayotzinapa. Allí, en el vestíbulo, rodeada de murales de los líderes revolucionarios mexicanos, me encontré con las familias de los estudiantes desaparecidos. En los seis últimos meses, madres, padres, hermanas y hermanos, así como otros familiares y miembros de la comunidad, han estado haciendo campaña sin descanso, exigiendo respuestas a las autoridades sobre qué les ocurrió a sus seres queridos.

Fue una reunión emotiva y difícil. Hubo lágrimas de tristeza y decepción. Madres y padres dijeron que contaban cada segundo transcurrido desde que vieron por última vez a sus hijos y expresaron frustración por cómo las autoridades y algunos medios de comunicación los han retratado de revoltosos, a ellos y a sus hijos.

Estas son personas que han vivido en la pobreza, cuyas comunidades han sido históricamente dejadas de lado por el Estado. Para muchos, su hijo desaparecido era el primero de la familia en ir a estudiar. Tantas esperanzas y tantos sueños se han hecho añicos...

Por mi trabajo en Amnistía Internacional, soy testigo de todo tipo de tragedias humanas, pero pocas cosas hay tan dolorosas como el tormento de no saber dónde está un ser querido.

Los últimos meses han sido un vaivén de emociones para estas familias, así como para todas las personas que apoyamos y acompañamos su lucha. Sin embargo, un factor que ha permanecido inalterable es el hecho de que el gobierno mexicano no ha respondido eficazmente ni ha abordado estas graves violaciones de derechos humanos.

Buen ejemplo de ello es que, el 7 de noviembre de 2014, las autoridades anunciaron que se habían encontrado restos de cadáveres en un basurero y un río cercano de la localidad de Cocula y, varias semanas después, el entonces procurador general de la República, Jesús Murillo Karam, comunicó que estaba listo para cerrar el caso. Según el procurador, las investigaciones de la dependencia habían arrojado pruebas suficientes sobre lo ocurrido.

Sin embargo, sólo uno de los estudiantes desaparecidos ha sido identificado mediante pruebas de ADN. Otros restos todavía se están analizando, y parece que, hasta el momento, la investigación se ha basado íntegramente en los testimonios de tres miembros de un cártel. No hace falta ser procurador general para darse cuenta de que estos datos distan mucho de ser pruebas concluyentes.

Pese a todo, entre la tristeza de las familias con las que me reuní observé serenidad y una férrea determinación. Estas 43 madres y padres han decidido que no pueden aceptar el silencio ni las medias verdades que les ha ofrecido el gobierno; en vez de ello, exigen saber la verdad.

Un padre me explicó que el horror de aquel día los ha transformado: de campesinos, han pasado a ser detectives y activistas. Si las autoridades no emprenden las debidas investigaciones, ellos sí las emprenderán. Desde entonces han hecho campaña activamente para descubrir la verdad. 

La triste realidad es que estos 43 estudiantes son tan solo los casos más recientes de que tenemos noticia en una larga lista de desaparecidos. Según cifras oficiales, en los últimos años han desaparecido o están en paradero desconocido en México más de 25,700 personas, casi la mitad de ellas durante el actual mandato del presidente Enrique Peña Nieto.

Por suerte, la comunidad internacional ha decidido intervenir. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha creado recientemente un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, cuyo cometido es revisar la investigación oficial de la desaparición forzada de los estudiantes.

En febrero, el Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada formuló recomendaciones sobre cómo abordar la cuestión de las desapariciones en México. El Comité concluyó que existe un contexto de desapariciones generalizadas en gran parte del país. Ha pedido al gobierno que impida actos de intimidación y hostigamiento contra las familias de los desaparecidos y ha sugerido la creación de una base de datos de ADN de las personas desaparecidas y un registro de desapariciones.

No obstante, se han desoído estos llamamientos internacionales. El gobierno mexicano ignoró las conclusiones y recomendaciones del Comité contra la Desaparición forzada tan sólo unas horas después de que se publicasen, lo cual es un signo preocupante de que el gobierno no está actuando ni se toma en serio esta crisis de derechos humanos.

El pasado 3 marzo, Arely Gómez González fue nombrada procuradora general de la República. Esperábamos que ella avanzase allí donde su predecesor había fallado y que llegase al fondo de la corrupción y la impunidad que subyace a esta terrible tragedia. Sin embargo, sus recientes declaraciones, a saber, que la desaparición de los 43 estudiantes es un "caso aislado" y que no hay confirmación de que se hayan cometido violaciones graves de derechos humanos en este contexto, son alarmantes.

Para Omar y otras personas que esperan noticias, solo la plena rendición de cuentas y la búsqueda de la justicia podrán reparar los horrores que han visto y sufrido.

"La respuesta del gobierno no ha sido más que irrespetuosa e insensible", declaró Omar. "Estoy alarmado por lo que ha ocurrido, pero no tengo miedo. Nunca renunciaremos a nuestra lucha por la justicia.”

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Amnistía Internacional y yo los acompañaremos en cada etapa del camino.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Érika Guevara Rosas.

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