OPINIÓN: Nuestra medieval moral pública y la violación a derechos humanos
Nota del editor: Pablo Majluf es periodista y maestro en Comunicación por la Universidad de Sydney, Australia. Escribe sobre comunicación y cultura política. Es coordinador de información digital del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY). Las opiniones de Majluf son a título personal y no representan el criterio o los valores del CEEY. Síguelo en su cuenta de twitter @pablo_majluf
(CNNMéxico)- El municipio panista de San Nicolás de los Garza, en Nuevo León, castigó con singular vehemencia a un hombre al que sorprendió por tercera vez tirando basura en la ya sucia demarcación.
Anuncios panorámicos en diversos puntos de la ciudad ostentan la foto del susodicho y leen: “Jaime Antonio Molina Martínez. ¡DETENIDO POR COCHINO! A diario recogemos 25 toneladas de basura. San Nicolás de los Garza.”
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Ese cochino, cabe mencionar, es el primero de muchos… el ayuntamiento anunció que la práctica llegó para quedarse: tres incidencias son un pase automático a lo que el alcalde llamó “los panorámicos de la vergüenza.”
Tras la noticia, uno no tarda en evocar La letra escarlata, magnífica novela de Nathaniel Hawthorne, en donde una mujer erróneamente acusada de adulterio es obligada a portar en su vestido una ignominiosa “A” –de adúltera– como simulacro de expiación.
De inmediato el pueblo, sin comprobar los hechos, aprovecha el estigma ajeno para lanzar sus invectivas y descargar un poco de energía reprimida. La acusada se vuelve chivo expiatorio; catarsis de las culpas anónimas.
Se desata una histeria social que anima a los hipócritas a salir de su guarida y con permiso de las autoridades humillar a la nueva enemiga pública.
La novela de Hawthorne, sin embargo, acontece en el siglo 17, en una aldea puritana de Nueva Inglaterra, antes de que Estados Unidos ingresara a la Modernidad.
La trama de nuestro municipio, en cambio, se desenvuelve en pleno siglo 21. Hawthorne escribe la novela a mediados del siglo 19 como crítica al moralismo cuáquero de las colonias inglesas en Norteamérica. 150 años después de su publicación, en México aún hay municipios con esos dejos pre-modernos.
Otra buena referencia es La caza, película del danés Thomas Vinterberg, en la que una niña de kínder acusa a su maestro –otra vez, infundadamente– de violación sexual.
Movida por una extraña mezcla de celos y la asunción de que “los niños nunca mienten”, la directora de la escuela le cree a la niña y convence del hecho a los padres de familia y a la policía. El pueblo entra en una dinámica histérica similar a la novela de Hawthorne y, a través de una mezcla de violencia, rumor y cuchicheo, prácticamente destruye la vida del antes honorable maestro.
Valdría la pena que las autoridades de San Nicolás de los Garza consultaran ambas piezas: quizá cambien de opinión.
Más allá de los habituales problemas de la justicia mexicana -que es discrecional, maleable y oportunista; que los hombres refugiados en la autoridad a menudo la usan para su propio fin; que el ejercicio jurídico es semiprofesional y no obedece a procesos claros; que es muy difícil discernir entre inocentes y culpables; que la policía es altamente corruptible, etc, etc, etc-, el gran riesgo de este tipo de castigos es que la autoridad confiere un poder judicial a los espectadores, o sea, al pueblo.
Al abrir el escarmiento, el verdugo ya no sólo yace en una institución seria e impersonal, sino en miembros de la comunidad… cuya imprevisibilidad, como revelan las obras referidas, se puede volver muy peligrosa.
Por eso diversos grupos de derechos humanos criticaron la medida con base en la “privacidad”: porque a diferencia de las penas constitucionales –que generalmente son discretas– ésta convierte a los ciudadanos en partícipes (¡por quién sabe cuánto tiempo!), lo cual vulnera seriamente la convivencia y la civilidad.
El problema no es que el cochino pague su pena, sino que se ensucie de otro tipo de basura la comunidad.