La Desigualdad y el Gobierno (II)

Un Gobierno que da privilegios a unos promueve desigualdad en el ingreso, dice Alfredo Coutiño; en economías con una competencia más libre y justa existe una mejor distribución del ingreso.
pobreza  (Foto: Thinkstock)
Alfredo Coutiño*
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

En esta segunda parte del artículo continuamos el análisis de cómo el actuar de un Gobierno también puede promover la desigualdad y la concentración del ingreso, a través de prácticas que lejos de mejorarla la empeoran, beneficiando a unos cuantos o perjudicando a otros.

De la identidad fundamental del ingreso nacional resulta claro que el ingreso generado por un país se distribuye entre el factor capital y el trabajo, más la parte que se apropia el Gobierno a través de impuestos, en términos generales.

Dado que la población de un país tiene un componente mayor que representa la fuerza de trabajo, y uno menor que son los dueños del capital, es claro que un aumento en el pago relativo al capital reduce el pago relativo al factor trabajo. De aquí se deduce que si el retorno al factor capital es mayor que la tasa de crecimiento económico, entonces se produce una desigualdad de ingreso desfavorable para el factor trabajo.

El problema no es que exista una clase capitalista a la que le corresponde una mayor parte de la riqueza producida, sino más bien los privilegios y complacencias que el Gobierno le otorga y que promueven una acumulación desmedida de su riqueza y que agravan la concentración del ingreso en unas cuantas manos del factor capital.

Se dice que el sistema capitalista por sí solo promueve la desigualdad de ingreso en su constante búsqueda de mayor riqueza y bienestar. Sin embargo, si la competencia fuera perfecta, sin privilegios y en donde la autoridad no permitiera prácticas desleales y abuso de poder, entonces todo mundo tendría mayor oportunidad de salir adelante por méritos propios.

La evidencia empírica demuestra que economías en donde la competencia es más libre y más justa existe una mejor distribución del ingreso. Por el contrario, en economías con menor grado de desarrollo en donde existe una añeja tradición de proteccionismo y otorgamiento de privilegios por parte del Gobierno, éstas presentan una mayor desigualdad en la distribución del ingreso.

Por ejemplo, mientras en Estados Unidos el ingreso nacional privilegia al pago del factor trabajo, el cual representa un 60% del total, en México las remuneraciones al trabajo solo representan un 30% del ingreso nacional. Esto es una clara indicación de que una mala distribución del ingreso también se encuentra asociada a la falta de libre competencia, principalmente en economías en vías de desarrollo o en transición hacia sistemas de libre mercado.

Asimismo, la disparidad de ingresos, y por lo tanto la concentración del ingreso, son más graves en las economías en vías de desarrollo mientras más prolongan el mantenimiento de una educación deficiente y el entrenamiento de una fuerza laboral de poca calidad. Esto solo promueve y perpetúa el mantenimiento de sectores productivos altamente intensivos en mano de obra, obstaculizando en cierta medida el progreso tecnológico. Aquí la disparidad de ingresos tiene una alta explicación en la baja productividad de una fuerza laboral poco calificada.

Se dice que la globalización, la desregulación y las reformas estructurales promueven la concentración del ingreso porque privilegian el papel del capital por sobre el trabajo. Nuevamente, si la competencia fuera pareja, más competidores tendrían acceso a los beneficios de la desregulación y apertura económica. Pero si la autoridad otorga beneficios y privilegios, entonces se promueve la concentración de ingresos e incluso la formación de monopolios.

Así, una empresa con poder dominante puede tener menos incentivos a capacitar a su fuerza laboral, precisamente por la ausencia de competidores que le puedan robar parte del mercado. Mercados cautivos o protegidos prolongadamente se convierten no solo en obstáculos al progreso, sino incluso en fuentes de ineficiencia en el sistema productivo y distributivo de un país.

Un sistema de competencia sin igualdad de oportunidades crea las condiciones para la destrucción de la propia competencia, porque los jugadores mayores fácilmente se comen a los menores a fin de eliminarlos de la competencia y adueñarse del mercado ante la complacencia de las mismas autoridades. La asignación de contratos públicos a grandes corporaciones no es en sí negativo, porque al final de cuentas ello puede traer consigo tecnología y capital. El problema surge cuando se asignan los contratos a dichos grupos a través del otorgamiento de privilegios y ventajas, porque ello elimina automáticamente a los demás postores.

En este sentido, en cierta medida el deterioro en la inequidad de ingresos se debe precisamente a la actuación de las mismas autoridades. Así, un proceso de privatización puede resultar exitoso si el Gobierno evita la concentración de esa industria en pocas manos. Pero también es necesario que el Gobierno adopte el compromiso y garantice las medidas de largo plazo para mejorar la distribución del ingreso, derivado de esa misma privatización.

En México, por ejemplo, algunos procesos de privatización se han dado con la intención de lograr una mayor competencia y de obtener mayores ingresos para redistribuirlos entre la población. Pero, dado que los gobiernos van y vienen, y dada la ausencia de mecanismos institucionales de largo plazo, los acuerdos y compromisos de un Gobierno se quedan en el olvido para los otros. Por lo que los mexicanos siempre se han quedado esperando la tan prometida redistribución del ingreso, la cual hasta ahora no ha llegado.

* Alfredo Coutiño es director para América Latina en Moody’s Analytics. Twitter: @AlfredoCoutino

Las ideas expresadas son de la exclusiva responsabilidad del autor y de ninguna manera deberían ser atribuidas a la institución para la cual trabaja.

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