OPINIÓN: México, Ayotzinapa y la afilada mirada internacional

Los organismos internacionales pueden convertirse en aliados del gobierno, frente a una ciudadanía que está entre el malestar y el descobijo
Ayotzinapa un año
Ayotzinapa un año  Ayotzinapa un año
Autor: Rina Mussali | Otra fuente: 1

Nota del editor: Rina Mussali es analista, internacionalista y conductora de Vértice Internacional y de la serie 2015: Elecciones en el Mundo, en el Canal del Congreso. Síguela en su cuenta de Twitter: @RinaMussali

(CNNMéxico)— Los aplausos internacionales por el mexican moment se escuchan lejos y casi imperceptibles. Ayotzinapa, la fuga del Chapo, la Casa Blanca, el pacto de impunidad y la economía que no termina de despegar, en conjunto con la politización de la justicia, se cuecen al calor del malestar ciudadano.

El mundo que mira deslucido a México se puede convertir en un aliado para los ciudadanos que modelan descobijados frente al Estado y crimen organizado transnacional.

A punto de cumplirse un año de los trágicos acontecimientos del 26 de septiembre, los organismos internacionales alumbran con nuevas vetas de investigación el caso de Ayotzinapa.

La “verdad histórica” se ha puesto al desnudo y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (GIEI-CIDH) nos señala firmemente con el dedo al desmentir la versión del gobierno e incluso la forma en que el Ejército participó en los hechos.

Después de un año sin esperanza y con dilaciones, una instancia hemisférica arroja destellos más claros sobre el capítulo que ha oscurecido el gobierno de Enrique Peña Nieto.

Con este ejemplo, el factor internacional prueba ser un aliado incondicional de los ciudadanos mexicanos que, al buscar justicia, demandan romper con el silencio gubernamental. Y es que los organismos internacionales sirven para muchas cosas, pero éstos se convierten en socios estratégicos de la sociedad cuando revisan, escrutan, cuestionan y presionan a nuestras autoridades para rendir cuentas.

Las revelaciones del informe del grupo de expertos de la CIDH han generado debates internos. ¡Justamente de eso se trata! De sacudir al establishment político mexicano para volcarlo incómodo frente a un mundo que lo vigila y observa.

Y es que, en medio de la neblina de la corrupción, la credibilidad ha abandonado a los organismos internos de impartición de justicia para transportarse al ámbito internacional. ¡Es ahí donde los padres de los 43 normalistas han puesto su esperanza y atención!

Hoy prevalecen los interesados en que el caso de Ayotzinapa quede fuera del radar internacional; sin embargo, eso no le conviene a una sociedad que exige trasparencia y justicia.

Hoy más que nunca, queda claro que la herida no podrá cerrarse sin la presión internacional y sin el empoderamiento de la sociedad civil.

El mundo que le exige cuentas a México pone a su disposición una serie de instancias jurídicas regionales e internacionales para emitir recomendaciones, ofrecer ayuda técnica y reforzar capacidades, el entramado que se ha convertido en el mayor actor de respaldo y soporte para víctimas y familiares.

México ha tenido que soportar otros regaños internacionales. Uno de los más recientes fue cuando el relator especial de Naciones Unidas sobre tortura, Juan E. Méndez, asentó en su informe que ésta era una práctica generalizada en México, un balde de agua fría para el gobierno que se muestra indignado por estas declaraciones sensibles que no cuadran con la narrativa oficial.

Aprender de Guatemala

Los lazos flojos de la justicia que se despliegan en medio del ambiente oxidado por la corrupción e impunidad tocan el terreno de la esperanza cuando el mundo fija su mirada en otros países vulnerables. El caso de Guatemala imprime un mensaje irrefutable para México: el hermano menor que ahora nos da lecciones de gigante.

El cambio no fue natural ni espontáneo. La renuncia del presidente guatemalteco, Otto Pérez Molina, —pocos días antes de las elecciones del 6 de septiembre— fue producto de la trama de corrupción que desveló la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), un organismo dependiente de la ONU que en manos del colombiano Iván Velásquez asombró al mundo por el alcance de sus investigaciones.

La precipitada caída del gobierno se sostuvo bajo una fórmula con dos pilares: la presión internacional y las protestas masivas que cambiaron el rumbo de Guatemala.

La sombra de lo ocurrido en Guatemala ha levantado voces y reacciones en toda América Latina. ¿Se deberá de replicar la CICIG en México o en otros países donde se desborda la corrupción como Brasil, Chile, Venezuela y Bolivia, entre otros? ¿Necesitamos de instancias internacionales para castigar a culpables y regular las relaciones perversas entre política, negocios y familia?

Para el caso de México, no es de extrañar que este planteamiento se le haya hecho a Luis Almagro, el secretario general de la OEA, quien visitó México hace un par de semanas, y en donde la principal fuerza de oposición —previo a la sesión solemne— lanzó esta consigna.

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El pacto de impunidad que sostienen las élites políticas y económicas en América Latina no se podrá desbaratar sin la espada afilada del mundo. 

Las opiniones expresadas en este texto pertenecen exclusivamente a Rina Mussali.

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