OPINIÓN: Transparencia, de la norma a la práctica

En México se requieren esfuerzos para consolidar la transparencia en donde existan incentivos que promuevan las conductas de las autoridades
Transparencia  Transparencia  (Foto: Archivo)
Autor: Jaime Cerdio | Otra fuente: 1

Nota del editor: Jaime Cerdio es director general adjunto de Estudios y Políticas de Transparencia y Rendición de Cuentas de la Secretaría de la Función Pública, exasesor en el Senado. Es licenciado en Economía por el IPN y maestro en Administración Pública y Política Pública por el Tec de Monterrey; cuenta con estudios en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. Síguelo en su cuenta de Twitter: @JaimeCerdio

(CNNMéxico)— La transparencia ha dejado de pensarse como un fin, para considerarse un medio. Y como medio, debe constituirse en una herramienta que facilite a la sociedad la generación de conocimiento para alcanzar las mejores condiciones de vida y para promover la rendición de cuentas. Ello demanda por lo tanto, llevar la transparencia de la norma a la práctica.

A partir de los años 70, distintos actores lucharon por incorporar en la agenda política de nuestro país, temas relacionados con el ejercicio de diversos derechos fundamentales, es el caso del Derecho a la información. De esta manera, en la primera década del siglo XXI se sentaron las bases para reconstruir el andamiaje normativo e institucional que, a partir de la "segunda alternancia en el poder", diera curso a importantes reformas estructurales como la recientemente promulgada en transparencia.

Esta reforma permitió dotar de autonomía constitucional al nuevo órgano garante (INAI) y promulgar en mayo de 2015 la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; de alcance nacional, que amplía las responsabilidades de los sujetos obligados e incrementa las obligaciones de oficio. De aquí el siguiente paso –ya en curso-, es la armonización de la Ley Federal en la materia (así como las correspondientes leyes locales) y la emisión de reglamentos, lineamientos y demás disposiciones a las que habrá lugar.

No obstante, no basta con disponer de un marco normativo e institucional avanzado, sofisticado y hasta cierto punto complejo; se requiere además de esfuerzos claros, orientados a consolidar una verdadera cultura de la transparencia en México, donde existan incentivos que promuevan y aseguren determinadas conductas por parte de las autoridades –en principio-, y se perciba en el actuar cotidiano, un ejercicio pleno del Derecho a la información. Esto es llevar la transparencia de la norma a la práctica.

El pasado 20 de agosto fue publicado el Acuerdo por el que se emite el Código de Ética de los servidores públicos del Gobierno Federal, las Reglas de Integridad para el ejercicio de la función pública, y los lineamientos generales para propiciar la integridad de los servidores públicos y para implementar acciones permanentes que favorezcan su comportamiento ético.

Se trata de un instrumento innovador que si bien, tiene como objetivo reforzar la conducta ética en las autoridades, contribuirá desde un ámbito distinto (y paralelo) con la implementación de la reforma referida, pues hace énfasis en el cumplimiento irrestricto de la Ley por parte de los servidores públicos, pero reconoce además a la transparencia como un valor a partir del cual deberán actuar en el desempeño de su empleo, cargo, comisión o funciones, delimitando para ello, conductas específicas que vulnerarían estas reglas.

Por ejemplo, asumir una actitud intimidatoria frente a los particulares que requieren de orientación para la presentación de una solicitud de acceso a información, o declarar la inexistencia de información sin realizar una búsqueda exhaustiva en los expedientes y archivos institucionales. En ambos casos, el funcionario podrá ser citado a rendir cuentas ante el Comité de Ética y de Prevención de Conflictos de Interés de la Dependencia o Entidad, y en su caso, ser objeto de recomendaciones para reivindicar su conducta. Sin olvidar que en estas sesiones, podría estar presente el Órgano Interno de Control correspondiente e incluso, el área de Recursos Humanos.

Llevar la transparencia de la norma a la práctica, es también honrar el Estado de derecho. Por primera ocasión en la historia de nuestro país, se dispone de un Código de Ética, de Reglas de Integridad y de Lineamientos específicos, que permitirán detonar políticas, estrategias y acciones en la Administración Pública Federal, para hacer de la transparencia un valor clave en el ejercicio de la función pública y facilitar con ello a la sociedad, la generación de conocimiento para alcanzar las mejores condiciones de vida y para promover la rendición de cuentas en México.

Las opiniones recogidas en este texto pertenecen exclusivamente a Jaime Cerdio.

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