OPINIÓN: La otra vía para los pleitos fiscales

Cada vez es más difícil para una empresa ganar un litigio contra el SAT; por fortuna, hay otras opciones cuando se trata de pelear con el fisco.
¿Solución?  En ocasiones será mejor un mal arreglo con las autoridades que promover un buen juicio ante los tribunales federales, señalan expertos.  (Foto: Especial)
LUIS M. PÉREZ DE ACHA*

Nota del editor: Esta columna de Opinión se publicó en la edición 1203 de la revista Expansión, 'El año del activismo (la batalla no silenciosa)', correspondiente a diciembre de 2016.

(Expansión) – En años recientes, a las empresas se les ha dificultado tener resultados favorables a través del litigio fiscal. Esto las ha llevado a reevaluar la conveniencia de confrontarse por esa vía con el Sistema de Administración Tributaria (SAT).

En ocasiones, será mejor un mal arreglo con las autoridades que promover un buen juicio ante los tribunales federales. La decisión dependerá de cada caso, por supuesto, aunque lo cierto es que la valoración debe sustentarse en criterios empresariales y no meramente jurídicos.

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Hasta hace 10 años, las posibilidades de ganar los juicios fiscales eran razonables. No era extraño que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara la inconstitucionalidad de leyes ni que los tribunales federales anularan créditos fincados a los contribuyentes. Esto generaba un aliciente para utilizar la defensa fiscal como estrategia de negocios.

Sin embargo, en la actualidad, esta dinámica ha cambiado por completo, pues las posibilidades de que se invalide una ley tributaria son prácticamente inexistentes, y cada vez es más complicado ganar los juicios de nulidad en contra del SAT. Esto obedece a que esa dependencia ha mejorado sus procedimientos legales de fiscalización y recaudación, y a que litiga con eficacia sus casos en los tribunales federales.

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Lo anterior lo evidencian las últimas decisiones de la SCJN, que confirmaron la constitucionalidad de diversos temas introducidos en la reforma fiscal de 2014: contabilidad electrónica y revisiones electrónicas; la limitación a las deducciones de las empresas en el ISR por pagos de previsión social de sus trabajadores, y el límite a las deducciones de las personas físicas.

En lo que toca a los juicios ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el porcentaje de éxito del SAT también ha aumentado de manera significativa.

Una variante que desincentiva el litigio fiscal radica en que las autoridades inflan, artificiosamente, el monto de los adeudos de los contribuyentes. Esto no sólo incrementa la contingencia en los juicios y el registro de los pasivos en la contabilidad de las empresas, sino que también las obliga a garantizar el importe de los adeudos, con los correspondientes costos y riesgos.

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De ahí que, en la actualidad, litigar no sea la única ni la mejor alternativa. Sin duda, los empresarios tienen que estar atentos a las sugerencias de sus abogados; pero también tienen que evaluar otras vías legales para afrontar y solucionar sus problemas con el SAT. Ya no es fácil ganar los juicios, y de esto tienen que estar advertidos.

En lo que hace a las leyes fiscales, en lugar de promover amparos en su contra –de resultados previsiblemente infructuosos–, los empresarios deben enfocar sus baterías a reformarlas. Es un trabajo arduo, sin duda, pero que, en la situación actual, constituye la mejor opción.

Respecto de los créditos liquidados por el SAT, una primera vía es acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), que facilita la celebración de acuerdos conclusivos con las autoridades fiscales tendientes a aminorar el importe de dichos créditos.

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Otra posibilidad es solicitar directamente al SAT, a través de las vías legales que proceden, el ajuste a la baja de los adeudos y la facilitación de su pago. En ambos casos, la defensa ante los tribunales federales queda, de plano, descartada.

Al igual que sucede con cualquier otra decisión de negocios, la opción del litigio fiscal tiene que pasar por un tamiz empresarial, pues no siempre un buen juicio constituye la mejor alternativa.

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* Luis M. Pérez de Acha es abogado por la Escuela Libre de Derecho y doctor por la UNAM. Especialista en Derecho fiscal y Constitucional. Promotor contra la corrupción. Director del despacho PdeA. Las opiniones expresadas en esta columna son responsabilidad del autor.

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