OPINIÓN: El sistema político nacional está en crisis y ante una prueba crítica

El sistema que está en riesgo es el que ahora supuestamente debería generar un nuevo paradigma en materia de procuración de justicia y lucha anti-corrupción, apunta Juan Francisco Torres Landa.
Cambio  México tiene que transitar a la reconstrucción de su sistema de procuración de justicia para que deje de estar supeditado, señalan analistas.  (Foto: Shutterstock)
Juan Francisco Torres Landa R.

Nota del editor: Juan Francisco Torres Landa R. es secretario general de México Unido Contra la Delincuencia. Síguelo en Twitter en @JuanFTorresLand. Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

(Expansión) – Cuando uno escucha hablar de la caída del sistema viene a la mente la elección de 1988, en la que la responsabilidad del proceso y su manejo estuvo a cargo de quien hoy es parte de otro grupo político, y Manuel Bartlett nunca ha explicado bien a bien lo que en ese entonces ocurrió. Eso es historia, y ahora debemos reflexionar sobre otros eventos que son igualmente traumáticos y fuertes.

Ahora tenemos una nueva noción sobre lo que la caída del sistema implica. En esta ocasión no estamos hablando de cuestiones informáticas electorales, sino algo quizá incluso más delicado. Estamos viendo frente a nosotros cómo se desmorona la credibilidad en el sistema político mexicano.

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Las capacidades que existieron para sustentar la gobernabilidad y alguna noción de vida democrática, particularmente a partir de la elección de 2000, se han agotado. No hay balances de poder, no hay pesos ni contrapesos, no hay orden en atribuciones para hacer que las instituciones sean las que prevalezcan ante toda situación de posible controversia. En resumen, no tenemos un verdadero Estado de Derecho. Estas debilidades y crisis se han hecho más patentes a partir de las limitaciones en la actuación estatal a raíz de los sismos acumulados este mes.

En concreto, el sistema que está en riesgo es el que ahora supuestamente debería generar un nuevo paradigma en materia de procuración de justicia y lucha anti-corrupción. Tenemos un enorme problema de credibilidad debido a los grandes escándalos de corrupción que se agolpan y acumulan semana tras semana, en lugar de saber que hay reales consecuencias y sanciones para los infractores, seguimos abonando a un clima de impunidad que nos otorga un deshonroso segundo lugar a nivel mundial en dicho rubro.

El uso de recursos públicos en fines ilícitos, el desvío de pagos vía moches y comisiones y, en general, el derroche en un presupuesto que no abona a la construcción de mejores condiciones de operación, infraestructura y vida, son simplemente una forma en que los responsables (servidores públicos, contratistas y otros) se vuelven cómplices de una gran simulación de ejecución de obra y servicios públicos con los grandes problemas y desastres que se hacen evidentes en escenarios como el socavón del Paso Exprés en Cuernavaca (por citar solamente uno de los muchos que se siguen presentando para nuestros incrédulos y lacerados ojos). Esa experiencia y ahora catalizar los temores de que en la reconstrucción de las zonas afectadas por temas telúricos y de clima veremos nuevos casos de abusos y carencias de calidad.

El desperdicio es imperdonable e irrecuperable. Los recursos desviados convierten a todos los implicados en unos viles rateros que, habiendo tenido la oportunidad de generar un legado de productividad, eficiencia y justicia social, se envilecen con una nula consciencia de haber quitado a cientos de miles o, quizá, millones de compatriotas del beneficio que supone el uso del erario público para los fines justos y no para su provecho personal.

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Las tareas públicas deberían ser sencillas. De lo que se trata es de aplicar los requisitos que, para adquisiciones, obras y servicios públicos, marca el artículo 134 Constitucional –las asignaciones se deben hacer a favor de quienes ofrezcan las mejores condiciones de precio y calidad–. Así de sencillo y contundente.

No obstante, en nuestro país la lógica imperante es la de lucrar en todos estos procesos, al punto de haber logrado una práctica generalizada en todos los niveles de hacer los procesos de contratación pública de ejercicios de merma al erario público y beneficio patrimonial a los interesados. Lo anterior, con la complicidad de quienes debiendo investigar y sancionar nada más no hacen nada. El círculo perverso de la corrupción y la impunidad rampante.

La solución no puede descansar en un tema meramente electoral. Nada de esperar soluciones mágicas por la simple visión de quien solicita apoyo en las urnas. El país tiene que transitar a la reconstrucción de su sistema de procuración de justicia para que deje de estar supeditado o al mando de una buena parte de los que debieran ser investigados y sancionados. Y aquí es donde entra la discusión de la reconformación y nacimiento de una Fiscalía General de la República que no puede ser el resultado de un simple cambio en el nombre de la puerta de la actual Procuraduría General de la República.

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Solamente con un verdadero sentido patriótico y visionario es que, con la labor de fondo en el Poder Legislativo Federal, se podrá contar con la aprobación de un paquete de reformas constitucionales que nos coloquen ante la posibilidad real de establecer una nueva institución impoluta, independiente, autónoma y eficaz para de una buena vez dar el cambio hacia una procuración de justicia y combate a la corrupción real.

Así las cosas, el lograr un andamiaje de primer nivel que además involucre la designación de personas probas y realmente independientes como el Fiscal General y Fiscal Anti-Corrupción es fundamental. Restar a dichas cualidades y expectativas es fallar a una cita histórica en que veremos si nuestros legisladores y líderes políticos, en general, están a la altura de las circunstancias o pasarán por ser otros “raterillos” más al hurtar sus dietas por no cumplir con sus obligaciones.

En gran medida el que se cumpla o no con esta expectativa es lo que puede impactar en el corto plazo la discusión respecto de la asignación de recursos públicos para los partidos políticos. Después de todo, si les pagamos es para que cumplan sus obligaciones frente a la nación, y no solamente en lo que les importa electoralmente.

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El sistema político nacional está en crisis y ante una prueba estructural crítica. No obstante, si logramos como país reestructurar nuestro sistema de impartición de justicia y lucha anti-corrupción, habremos dado un paso cuántico hacia la creación de una nación en la que ya no se pueda decir que no pasa nada, sino que pasa, y pasa mucho.

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