OPINIÓN: Candidaturas ¿independientes?

El proceso electoral del próximo año es una buena oportunidad para repensar la representación política y el concepto de equidad en la contienda, opina Martín Gou.
¿Nuevas formas de representación?  Al establecer barreras de entrada altas para la vía independiente, estas se convierten en una herramienta de negociación para quienes ya están dentro de la política, señalan analistas.  (Foto: Shutterstock)
Martín Gou

Nota del editor: Martín Gou estudió Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM). Síguelo en Twitter en @FMGou. Las opiniones en esta columna pertenecen exclusivamente al autor.

(Expansión) – En los últimos días, los “proyectos personales por la vía ciudadana” han dado de qué hablar en la prensa nacional. La cuestión es que varios de esos proyectos despiertan sospechas por la combinación entre décadas de militancia y la “ciudadanía a la que tanto me debo”.

Esta especie de Zelig democrático despierta el cuestionamiento sobre la pureza en la independencia de las candidaturas independientes. Una explicación sobre por qué dichas candidaturas no son tan independientes como esperábamos se encuentra en las reglas del juego.

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A grandes rasgos, una candidatura independiente presenta dos retos: la obtención de las firmas necesarias para el registro en un tiempo determinado y la disparidad en las prerrogativas para competir en la campaña electoral. Sobre el primero, los aspirantes por la vía independiente a la Presidencia cuentan con 120 días hábiles para conseguir el 1% de las firmas del padrón electoral nacional. Aquí un primer filtro, ¿quiénes cuentan con el tiempo o el expertise necesarios para elaborar una estrategia que permita la recaudación de firmas en los plazos establecidos?

Sobre el segundo reto, para la distribución de prerrogativas (financiamiento público y spots), las candidaturas independientes son consideradas, en su conjunto, como un partido nuevo. Lo que le correspondería a un partido nuevo es luego dividido en tercios (una bolsa igual para cada uno de los grupos de candidaturas: Presidencia, Senaduría y Diputación Federal) y cada tercio es distribuido de forma igualitaria entre las candidaturas disponibles dentro de cada grupo.

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Como consecuencia, para el financiamiento público de la campaña, una candidatura independiente, sea cual sea el cargo por el que compite, cuenta con un máximo de 7.15 millones de pesos. Para el caso de los spots se sigue la misma regla de distribución y solo cuentan con exposición en radio y televisión durante el periodo de campañas.

De esta forma, las candidaturas independientes son vulnerables, tanto en el total de spots que reciben como en la periodicidad de los mismos, pues cuentan con 90 días de escasa exposición para competir contra quienes han tenido exposición por años y tienen una cantidad de spots mucho mayor en su haber.

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Este segundo filtro representa un impedimento para quienes comparan las expectativas que tienen de su posible campaña como independientes versus la realidad permitida por las prerrogativas. En cambio, puede ser una buena vía para quienes ya cuentan con presencia en medios y con experiencia en el uso de recursos en campañas electorales mexicanas.

Así, al establecer barreras de entrada altas para la vía independiente, estas se convierten en una herramienta de negociación para quienes ya están dentro de la política y no tanto como una vía para nuevas formas de representación. Resulta pertinente recordar las leyes “Antibronco” que buscaban evitar el abuso de dicha forma de negociación.

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Bajo estas reglas, no es sorprendente que las candidaturas independientes se conviertan en la continuación de la vida pública de quienes ya eran políticos, o en amenazas creíbles de políticos bien posicionados para negociar dentro o fuera de su partido. Quienes estén pensando en Kumamoto, por lo pronto, la excepción confirma la regla.

El problema detrás es que, a la hora de introducir la figura de candidaturas independientes, se buscó la manera de incorporarlas al sistema de partidos actual, convirtiéndolas en una extensión de los mismos. Una buena forma de evaluar su impacto es que fue una reforma que buscó incluir nuevas vías de representación política y, en la práctica, no cambió la distribución del poder.

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El proceso electoral del próximo año es una buena oportunidad para repensar la representación política y el concepto de equidad en la contienda, que ha sido tema en tantas de las reformas electorales. Antes de debatir sobre la segunda vuelta o sobre la falsa dicotomía entre partido malo y candidatura ciudadana buena, hay que cuestionar las condiciones y las reglas que permiten que la representación se limite al conteo de votos y que la ciudadanía se encuentre lejos de las negociaciones que definen las candidaturas.

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