La Procuraduría Fiscal 'mete el pie' a amparo antimoches: Imco

La dependencia de Hacienda obstruye el proceso iniciado por organizaciones civiles contra un fondo creado por diputados, al cual consideraron que se presta a prácticas opacas y discrecionales.
procurador fiscal
Max Alberto Diener Sala  procurador fiscal  (Foto: Especial)
Roberto Cisneros
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

La Procuraduría Fiscal de la Federación, en representación del gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, obstruyó el juicio de amparo que organizaciones civiles presentaron en contra de un fondo presupuestal de 38,000 millones de pesos creado por la cámara de Diputados para este 2016, denunció el Instituto Mexicano para la Competitividad (Imco).

El amparo fue interpuesto por el Imco junto a otras organizaciones —como el Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY) y México Evalúa— por considerar que el fondo se podría destinar a los llamados “moches” o comisión que presuntamente cobran algunos legisladores, por gestionar la asignación de recursos federales para obras o programas.

La dependencia, adscrita a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), pidió al juzgado que tramita el proceso desechar la solicitud —alegando que carecía de elementos formales—, pese a no estar directamente demandada, a través de un recurso que sólo consiguió retrasar la resolución porque no procedió, dijo a Expansión el abogado general del Imco, Ricardo Corona.

“La Procuraduría, a nombre del Ejecutivo, tiene personalidad para presentar esa queja, de eso a que haya un hilo claramente conductual de por qué lo hizo, no tenemos el dato. Lo que sí es que hubo dos meses de retraso que nos pasó hasta julio, ya pasando el medio año, y luego se atravesaron las vacaciones y pasan el asunto hasta el 1 de septiembre, justo cuando ya empieza la discusión del siguiente presupuesto”, comentó en entrevista.

Esto, pese a que ni siquiera la instancia señalada en el recurso, la Cámara de Diputados, se opuso a que se le diera cauce.

“Es curioso que no tenemos registrado actuaciones de la Cámara como tal (...) Nosotros hubiéramos pensado que la queja la hubiera presentado la Cámara, pero no”, agregó el especialista en rendición de cuentas.

Expansión solicitó a través de la Secretaría de Hacienda la postura al tema del procurador Fiscal de la Federación, Max Diener, pero hasta el cierre de esta edición no obtuvo respuesta. Entre las facultades del procurador Fiscal de la Federación está el fungir como consejero jurídico de la SHCP.

El representante del Imco resaltó que, dado que las asignaciones impugnadas son anuales, es fundamental resolver la solicitud a la brevedad.

“Si estamos hablando de un amparo que se refiere a un presupuesto anual, los meses son importantísimos. En el peor de los escenarios, lo que podemos ver es que el juicio de amparo se quede sin razón de ser porque concluye el periodo de vigencia de este presupuesto el 31 de diciembre, y ya no tenemos razón jurídica de seguir con este amparo, y lo que la autoridad va a hacer sobreseerlo por quedarse sin materia”, explicó.

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El recurso fue presentado en febrero de este año, por considerar que los diputados excedieron sus funciones al transferir cerca de 38,000 millones de pesos —originalmente etiquetados por Hacienda a educación, salud y medio ambiente— al ramo 23, un apartado presupuestal donde están fondos y subsidios dedicados a estados y municipios que ha sido señalado por prestarse a prácticas opacas y discrecionales.

El abogado del Imco abundó que, aunque el Congreso tiene facultades para hacer observaciones en torno al proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) que le presenta la SHCP, no puede crear nuevas partidas ni fondos, ni modificarlos de manera sustantiva.

“El margen de operación que te permite con mucha mayor discrecionalidad si están en una etiqueta como el Ramo 23, que se crea para disponer de recursos que hagan frente a contingencias económica o salariales, puede ser tu caja chica, tu caja de respaldo si le pasas esos recursos a este Ramo 23, lo que estás haciendo es mandarlo a una cajita opaca, discrecional”, insistió Corona.

La estrategia legal del Imco, en caso de que el amparo les sea negado, contempla elevar la revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), aunque Corona reconoce que esto implica una carrera contrarreloj, pues debe concretarse antes del fin de año para que el caso no quede sin materia.

El fin último, comentó, es impulsar que el Poder Judicial defina un criterio respecto al alcance de las facultades presupuestarias de la Cámara de Diputados, para evitar que continúen este tipo de asignaciones discrecionales de dinero público.

La ‘caja negra’

Este apartado presupuestal ha sido criticado por diputados de oposición y organizaciones especializadas en transparencia presupuestaria por carecer de lineamientos que regulen su gasto y de indicadores de resultados. El informe de 2014 “Descifrando la caja negra del gasto” del think tank México Evalúa destaca que este ramo es el que presenta el caso más grave.

“Estos vacíos permiten que el manejo de los recursos se recarguen más en el criterio de los equipos que los administran y no necesariamente en criterios institucionales que busquen contener los ímpetus políticos a favor de un gasto más eficiente y rentable”, señala el reporte.

En la discusión del PEF 2016, diputados impulsaron la creación del Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal, a través del cual podrían repartir recursos para proyectos en estados, municipios y delegaciones de la Ciudad de México, con lo cual se institucionalizó esta práctica de asignación de recursos públicos de manera discrecional por parte de los legisladores, conocida como “moches”.

Esta práctica se vinculó con actos deshonestos ante denuncias que señalaban que diputados pedían “comisión” a autoridades locales y contratistas para seleccionar los proyectos a los que designarían los recursos, casi siempre vinculados a infraestructura urbana y social como pavimentación, alumbrado, drenaje y alcantarillado, así como construcción y remodelación de espacios públicos.

La Cámara baja y la Secretaría de Hacienda justificaron que este proceso se daría a través de reglas de operación y que sus resultados serían evaluados anualmente por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

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