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Borge desincorpora predios y los remata a amigos y familiares: ONG

La organización Somos Tus Ojos presentó una demanda de juicio político contra el exgobernador, por la venta de predios a precios subvaluados, a favor de personajes cercanos a su administración.
jue 18 agosto 2016 11:28 AM
Roberto Borge
Oportunidad En el gobierno de Roberto Borge se desincorporaron del patrimonio inmobiliario del estado 308 predios en municipios con potencial turístico; 44 se vendieron a precios de oportunidad a gente cercana al gobierno, acusa ONG. (Foto: Especial)

El exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, desincorporó 44 predios propiedad del estado para venderlos a precios "irrisorios" a empresarios, familiares, políticos, funcionarios de su administración y otros personajes cercanos, lo que habría causado daños al erario de por lo menos 1,099 millones de pesos, denunció este miércoles la asociación civil Somos Tus Ojos.

Debido a ello, la ONG interpuso una demanda de juicio político contra el exmandatario ante la Cámara de Diputados, petición que fue entregada a la Secretaría General del órgano legislativo y ante la cual se ratificó la denuncia, por lo que se espera que en los próximos días sea turnada a la comisiones de Justicia, Puntos Constitucionales y Gobernación.

Sobre este caso, la administración del actual gobernador, Carlos Joaquín, anunció que ya presentó una denuncia penal en contra de Borge, por rematar terrenos propiedad pública y acusó los despojos realizados durante el pasado sexenio en el caso conocido como #LosPiratasDeBorge .

La presidenta de la asociación, Fabiola Cortés, explicó que los 44 predios desincorporados y rematados por la administración de Borge están en zonas costeras de Cozumel (19), Cancún (8), Puerto Morelos (8), Tulum (6), Isla Mujeres (2) y Playa del Carmen (1), con dimensiones que van de los 760 metros a los 269,000 metros.

“Los predios fueron vendidos con avalúos desactualizados y a precios varias veces menor de su valor comercial, incluso a cero pesos”, dijo a Expansión, y explicó que las afectaciones a las arcas públicas se calcularon con base en las ventas subsecuentes de los predios a precios comerciales, así como considerando las hipotecas o garantías otorgadas a los predios por la banca comercial, luego de su avalúo real y algunos otros de acuerdo al valor actual del mercado de predios ubicados en las mismas zonas.

Lee: Los piratas de Borge: El saqueo de bienes institucionalizado en Quintana Roo

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Los 44 predios que sustentan la denuncia de juicio político contra el priista no son los únicos que se han desincorporado y vendido, pues la asociación tiene documentados un total de 308 predios de esta administración y por lo menos otros 700 más en el gobierno de Félix González Canto, actual senador de la República.

“La desincorporación de predios comenzó desde el gobierno de Joaquín Hendrix, pero fue con el exgobernador Félix González Canto que se dieron la mayor parte de ellos”, señaló.

De acuerdo con Cortés, la demanda de juicio político cuenta con todos los requisitos legales de forma y fondo, por lo que sólo hace falta voluntad política para que el trámite se haga posible.

Los predios

La asociación dio a conocer la lista de los 44 predios que fueron desincorporados del Instituto del Patrimonio Estatal (IPAE) y que terminaron en manos de gente cercana al gobierno con precios bajos. Aquí algunos de los beneficiados:

Jaqueline González Canto, hermana del exgobernador Félix González Canto, fue beneficiada con un predio de 1,000 metros cuadrados, ubicado en Tulum, que le fue vendido en 5,000 pesos el 7 de diciembre de 2012.

De acuerdo con Somos tus Ojos, a Eligio Marrufo Rejón padre del actual presidente municipal de Cozumel, Fredy Marrufo Martín, y “hombre muy cercano al exgobernador Félix González Canto, y primo hermano de la esposa de éste, Narcedalia Martín”, se le vendió un predio de 51,519 metros cuadrados, ubicado en la zona costera sur de Cozumel en 4 millones 190,633 pesos, cuando un terreno de 29,501 metros ubicado en la zona, se vende en 188 millones 231,131 pesos.

Hay predios como el que llegó a las manos de Damarys Verenice Menes Ramos, esposa de Gabriel Menddicuti Loría, exsecretario de Gobierno de Borge, en que la venta se hizo por “cero pesos”. Se trata de un terreno de 16,585 metros cuadrados, ubicado en Playa del Carmen y que el 19 de julio de 2013 fue entregado a Ana María Ramos Zúñiga, madre de Damarys y quien el 15 de mayo de 2014 lo donó a su hija.

“Damarys Verenice Menes Ramos, entregó el predio en comodato al Centro Terapéutico para el Desarrollo Infantil Kodomo, asociación fundada por ella y su esposo, la cual ha recibido también importantes recursos de la Sedesol”, se señala en la relación de predios.

Otro predio de 269,628 metros cuadrados fue vendido a Promotora y Constructora del Caribe (Promocasa) el 7 de abril de 2011, en 32 millones 355,406 pesos; dos meses después, el predio quedó gravado por un crédito otorgado por Hipotecaria Casa Mexicana por 72 millones 642,000 pesos.

Lee: Los despojos de hoteles manchan imagen de QRoo: NYT

“Promotora y Constructora del Caribe, es una empresa de Juan Manuel Mercader Rodríguez, un empresario del ramo de la construcción, al igual que su hermano, Juan Enrique Mercader Rodríguez, quien en el sexenio del exgobernador González Canto recibió contratos por 264 millones de pesos. Es también hermano de Juan Pedro Mercader Rodríguez, actual secretario de Seguridad Pública de Quintana Roo. Este predio se fusionó con el folio 23148, donde Promocasa construyó el Fraccionamiento Caribe con una proyección de 2,808 viviendas de interés social”, se indica.

La demanda de juicio político contra Borge ocurre en medio de cuestionamientos a su gestión por señalamientos de corrupción y con un descontento por el llamado "paquete de impunidad" aprobado el pasado junio en el Congreso del estado, pues se acusa que la mayoría priista trató de proteger al gobernador —que el 25 de septiembre entrega el cargo a Carlos Joaquín González—de posibles investigaciones.

Parte de las reformas aprobadas por los diputados locales está controvertida en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por el gobierno federal, a través de la Procuraduría General de la República (PGR).

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