El 'blindaje' de Borge se tambalea: renuncia Auditor cercano a exgobernador

La renuncia de Javier Félix Zetina como auditor superior de Quintana Roo se suma a la de otros funcionarios que fueron nombrados por el exgobernador para protegerse de posibles investigaciones.
El exgobernador había implementado una serie de medidas para protegerse ante posibles investigaciones en su contra.
En la mira  El exgobernador había implementado una serie de medidas para protegerse ante posibles investigaciones en su contra.  (Foto: Cuartoscuro)
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

El paquete de impunidad que el exgobernador de Quintana Roo, Roberto Borge, implementó al cierre de su administración se desmorona poco a poco.

Este jueves, renunció el auditor superior del estado, Javier Félix Zetina —primo del exmandatario Félix González Canto— quien había sido designado en junio de 2016, por diputados de la legislatura pasada, en una polémica sesión a puerta cerrada celebrada en un hotel de Cancún.

En una carta que envío al Congreso del estado, Zetina atribuyó su salida —que se formalizará el 31 de marzo próximo— a “acontecimientos políticos” que surgieron en contra de su nombramientos desde hace ocho meses.

La dimisión de Félix Zetina se suma a la salida de otros funcionarios y una serie de reveses que desde la nueva legislatura estatal se han dado a las medidas implementadas por el exgobernador para protegerse ante eventuales investigaciones en su contra.

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En diciembre pasado, a seis meses de su nombramiento, Carlos Arturo Álvarez Escalera, renunció como fiscal general del estado, cargo en el que fue designado tras haber sido procurador general estatal, y en el que permanecería por un periodo de nueve años.

Otro funcionario, cuyo nombramiento está en la miara del Congreso local, es el del magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Quintana Roo, Carlos Lima, exdirector del Registro Público de la Propiedad, quien ha sido señalado por haber inscrito de manera irregular propiedades resultados de despojos a empresarios y particulares y ventas de predios propiedad del estado, que se realizaron durante la administracion de Borge.

Su permanencia en el cargo es evaluada por los legisladores debido a que presuntamente violó la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, por no haber presentado su declaración inicial dentro de los 60 días naturales a su entrada en funciones.

El funcionario fue denunciado por un ciudadano junto a las magistradas Adriana Cárdenas Aguilar y Mariana Dávila Goernes, quienes únicamente se hicieron acreedoras a una sanción por parte de la Comisión de Situación Patrimonial.

Otros nombramientos que fueron alertados por la oposición como un intento del exgobernador para ‘blindarse’, pero que no han salido de la administración estatal, fueron los magistrados del TSJ, Felipe de Jesús Magaña y Ángel Ysidro Quintal, así como el de tres magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa (TJA) Minerva Moreno, César Cervera y Jorge Herrera.

Todos ellos habían sido señalados por sus vínculos con Borge y por haber ocupado cargos dentro del gobierno local.

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Los reveses del Congreso

Con la nueva configuración del Congreso, donde el PAN se alió con el PRD, Morena, Encuentro Social y Nueva Alianza para arrebatarle la mayoría al PRI y al Partido Verde, los legisladores han echado para atrás algunas de las medidas avaladas por sus antecesores para proteger al exmandatario.

Entre ellas, estaba una reforma al artículo 51 de la Ley de Seguridad Pública estatal para elevar de seis a 15 años el beneficio de los escoltas para el gobernador y su familia tras concluir su mandato.

Asimismo, se derogaron diversas disposiciones del Código Penal del estado para disminuir los castigos a delitos en los que estuvieran involucrados servidores públicos, tales como administración fraudulenta y tráfico de influencias.

Actualmente, Borge enfrenta denuncias por posibles actos de corrupción, entre las que están la venta de terrenos propiedad del estado a previos subvaluados, de los cuales la Procuraduría General de la República (PGR) ha recuperado 25.

El secretario de la Gestión Pública del estado, Rafael del Pozo, señaló que las denuncias son por 850 hectáreas, pero que se estima que en la anterior administración al menos 9,500 hectáreas fueron enajenadas de manera irregular.

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Por otro lado, existen denuncias penales y solicitudes de juicio político presentadas por empresarios que fueron víctimas de despojos a través de laudos laborales amañados, operados por una red de funcionarios bajo la instrucción del exmandatario.

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