Monterrey eximió a Rayados del pago de impuestos, sin obtener nada a cambio

El ayuntamiento a cargo de Margarita Arellanes permitió que el club dejara de pagar gravámenes durante tres años, sin que éste cumpliera con dar pláticas a niños y jóvenes y cursos a entrenadores.
Se buscó un posicionamiento del equipo sobre las conclusiones del órgano fiscalizador estatal, sin que hasta este viernes hubiera respuesta.
Silencio  Se buscó un posicionamiento del equipo sobre las conclusiones del órgano fiscalizador estatal, sin que hasta este viernes hubiera respuesta.  (Foto: Fotoarte Expansión)
Félix Córdova
MONTERREY (Expansión) -

En lo deportivo, los Rayados de Monterrey tienen casi siete años sin alzarse con un campeonato de liga. Pero en lo económico, entre 2012 y 2015 se apuntaron una victoria a través de un convenio con el ayuntamiento de la capital de Nuevo León, que los eximió de pagar impuestos municipales.

Dicho acuerdo entre el municipio y el club de futbol fue firmado el 13 de diciembre de 2012, poco más de un mes después de que la panista Margarita Arellanes iniciara su periodo como alcaldesa, según se consigna en la revisión a la Cuenta Pública municipal de 2015 realizada por la Auditoría Superior del Estado de Nuevo León (ASENL).

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El dictamen del órgano fiscalizador estatal señala que con el convenio, que tuvo una duración de tres años, el ayuntamiento “exime del pago del impuesto por el 5% sobre diversiones y espectáculos públicos al Club de Futbol Monterrey, SA de CV, en relación a la venta de abonos para la entrada a los eventos deportivos”.

También se otorgó entonces “un subsidio del 50% en el pago del impuesto que resulte por la venta de boletos que se realice a través de sistemas electrónicos”.

A cambio de estos beneficios fiscales, en ese momento los Rayados se comprometieron a impartir pláticas gratuitas de motivación a niños y jóvenes y cursos de capacitación a entrenadores deportivos, así como a aportar entradas que serían distribuidas en diferentes programas locales y a facilitar la asistencia de jugadores a eventos públicos.

Sin embargo, según advierte la ASENL, el equipo no cumplió con su parte del convenio o, al menos, no existe evidencia de que así ocurriera.

“No se localizó ni se exhibió la documentación que demuestre que se hayan recibido (…) la impartición de pláticas, cursos de capacitación, entre otras actividades, así como en cuanto a la entrega de boletos y artículos promocionales”, dice el dictamen.

Incluso, el órgano fiscalizador estatal solicitó información del caso a la actual administración municipal, a cargo del priista Adrián de la Garza, pero ésta reportó que no cuenta con documentación relativa al tema.

Convenio opaco

Expansión intentó contactar a Arellanes para hablar del asunto, pero no pudo localizarla de forma inmediata. Desde que dejó la alcaldía el 30 de octubre de 2015, la panista ha permanecido alejada de la vida pública.

Del mismo modo, se solicitó un posicionamiento al Club de Futbol Monterrey, aunque hasta este viernes no hubo respuesta.

Al respecto, el diputado local independiente Eugenio Montiel —quien fue regidor por el PRI cuando Arellanes era alcaldesa— señala la posibilidad de que el convenio fuera autorizado sin consultarlo con el cabildo, sino a través de una síndica con facultades para aprobar documentos de este tipo.

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“No me acuerdo que se haya pedido autorización al cabildo para firmar este contrato (convenio). Yo no sé si lo hizo directamente la alcaldesa con la representación de la síndica, que era la que tenía el poder jurídico para ese tipo de actos”, dice el legislador en entrevista.

Montiel se abstuvo de votar la Cuenta Pública municipal de 2015, que no logró pasar en el Poder Legislativo.

El rechazo en el que coincidió la mayor parte del Congreso de Nuevo León se debió a que sus integrantes manifestaron inconformidad con algunas contrataciones realizadas entonces por el ayuntamiento, como la de un despacho para la defensa legal de la propia Arellanes.

Con ello, explica Montiel, ahora corresponde a la ASENL volver a revisar la Cuenta Pública del municipio —incluido el convenio firmado con el equipo de los Rayados— y, si lo considera necesario, promover sanciones administrativas o incluso presentar denuncias penales por las irregularidades que llegue a detectar.

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