“Las redes de corrupción, estructuras de la delincuencia organizada”: Contralor

El secretario de la Contraloría del Gobierno de Quintana Roo dice que en los próximos días presentarán ocho denuncias por los presuntos desvíos de recursos durante el gobierno de Roberto Borge.
Más denuncias  El contralor del Gobierno de Quintana Roo, Rafael del Pozo, señaló que hasta el momento se han presentado 15 denuncias por las irregularidades encontradas, y que ya alistan otras ocho más.  (Foto: Cortesía/Contraloría de Quintana Roo)
Mariel Ibarra
CIUDAD DE MÉXICO (Expansión) -

El Gobierno de Quintana Roo ha aportado elementos suficientes sobre las irregularidades cometidas por la red de corrupción que operaba en la administración de Roberto Borge, para que pueda acreditarse que se trata de actividades propias de la delincuencia organizada, consideró Rafael del Pozo, secretario de la Contraloría del estado.

El funcionario estatal señaló que el gobierno local colabora con la Procuraduría General de la República (PGR) en la entrega de información que pueda ayudar a las investigaciones que se siguen por los presuntos desvíos de recursos que se han encontrado desde que llegaron a la administración.

“Consideramos que hemos aportado elementos suficientes para acreditar que se trata de actividades propias de la delincuencia organizada y que por lo tanto, debe dársele ese trato.

“No es un tema de una o dos personas que obtuvieron beneficios de manera irregular, se trata de esquemas que, incluso, se han repetido en varios estados de la República, en varios gobiernos. Nos sorprenderíamos de ver que hay personas en operaciones que se repiten en diferentes estados”, dijo en entrevista.

Este martes, Expansión publicó que durante la administración de Borge se tejió una red de más de 50 personas que desfalcó al estado con al menos 16,000 millones de pesos, durante los dos últimos años de su mandato.

El contralor del estado indicó que en las irregularidades encontradas participaron no sólo servidores públicos, pues hay más personas fuera de esta esfera que obtuvieron beneficios de manera directa o indirecta de las operaciones que se realizaban con el dinero público.

“La corrupción no es un fenómeno de personas, es un fenómeno de redes. Hay una gran cantidad de personas relacionadas e involucradas en diferentes aspectos y que participan en las diferentes etapas para que este tipo de operaciones se puedan materializar y se puedan concretar”, dijo.

Pero el funcionario subrayó que como gobierno, se ha evitado hacer señalamientos directos contras personas para que la PGR y la Fiscalía General del estado puedan realizar las investigaciones.

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Las nuevas denuncias

El secretario de la Contraloría del estado detalló que en las próximas semanas presentarán por lo menos ocho nuevas denuncias, que se sumarán a las 15 ya presentadas por las irregularidades encontradas durante las auditorías que se han realizado a partir de su entrada a la administración.

Las denuncias que se presentarán, dijo, corresponden a las auditorías ya concluidas y en donde ya se tienen perfilados los posibles delitos cometidos por exfuncionarios públicos.

Del Pozo confirmó que, sin contar los terrenos propiedad del estado vendidos a precios muy por debajo del real, el presunto quebranto al estado hasta ahora alcanzan los 11,000 millones de pesos, cantidad que puede aumentar cuando se termine el proceso de todas las revisiones que se realizan.

Tan solo la Auditoría Superior del Estado (ASE) lleva a cabo más de 350 auditorías a como parte de las ampliaciones que se hicieron a Cuentas Públicas del 2015 y 2016, que podrían en derivar en más denuncias.

Del Pozo señaló que el gobierno del estado está en la lógica de recuperar todo el patrimonio que fue vendido como que sea posible, pero aceptó que en el caso de los desvíos de dinero líquido será mucho más compleja su recuperación.

“Nosotros vamos a hacer todo lo que esté en nuestras manos para buscar y pelear la devolución, el reintegro o la reversión de las operaciones que permitan recuperar el patrimonio que fue sustraído de manea irregular. Esa pelea la tenemos que dar”, señaló el funcionario que se ha encargado de hacer las denuncias ante las instancias judiciales.

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Sobre la suspensión provisional que el exgobernador obtuvo para evitar ser detenido cuando llegue a México, Del Pozo evitó pronunciarse y solo dijo confiar en los trabajos que realiza la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para lograr la extradición del exmandatario, quien se encuentra preso en Panamá.

“Confiamos en que cada uno de los que participamos (en favor de las investigaciones) estamos cumpliendo con nuestras responsabilidades, estamos colaborando con la Federación para que no haya impunidad”, indicó.

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