Los líderes nacionales de todos los partidos tardaron solo un par de días en resolver un asunto que lleva años en la ‘congeladora’ del Congreso: el financiamiento público con lo que operan cada uno de sus institutos políticos.
Los dirigentes de PRI y de la oposición se apresuraron a dar el “sí” a la propuesta de eliminar los recursos públicos que se destinan a los gastos ordinarios y las campañas, ante el reclamo ciudadano para atender la emergencia y reconstrucción ante los daños causados por los sismos del 7 y 19 de septiembre.
Las cúpulas partidistas han planteado además acelerar los trámites para que se refleje a partir de 2018 —cuando se celebrará el mayor proceso electoral en la historia de México para renovar
, incluyendo la Presidencia de la República. El PRI incluso ya renunció al 100% del financiamiento que le fue presupuestado para este año, sus aliados del PVEM cedieron 25% y Encuentro Social 20%.Aunque legisladores han presentado sus iniciativas en la materia desde el principio de la actual legislatura (septiembre 2015) , los líderes partidistas y parlamentarios
Esta disposición para dar trámite fast track al proceso —pese a las críticas manifestadas por especialistas que advierten
— contrasta con la falta de empuje en el Congreso. Tan solo en esta Legislatura, al menos 17 iniciativas presentadas por diputados y senadores de todos los partidos y con propuestas para reformar el modelo en todos los sentidos, están acumulado y permanecen sin dictaminación.Desde 2015, diputados y senadores del PRI, PAN, PRD, Movimiento Ciudadano, Morena, Encuentro Social, Partido Verde, independientes y hasta el Congreso de Jalisco han planteado diversos esquemas que implicarían reducir el dinero público que se entrega a los partidos, las cuales han sido enviadas a comisiones, de acuerdo con información recopilada en
. La semana pasada, los partidos presentaron nuevas iniciativas.De las
, solo la presentada por diputados de Movimiento Ciudadano en 2016 para regular el financiamiento privado concluyó su trámite en comisiones, pero fue desechada.Otros proyectos consisten en modificar la fórmula de cálculo para disminuir
, o suprimir el presupuesto que los organismos electorales de los estados les otorgan, además del que reparte el Instituto Nacional Electoral (INE).Actualmente, la ‘bolsa’ para los partidos se calcula multiplicando el número de ciudadanos en el padrón electoral, por el 65% del valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), antes salario mínimo. De este monto, el 30% se distribuye de manera igualitaria, y el 70% de acuerdo con el porcentaje de votos de la anterior elección de diputados.
Aunque estas iniciativas, esgrimen desde hace un par de años argumentos como que el voto en México es proporcionalmente más costoso que en otros países del mundo; que el financiamiento público incentiva la creación de institutos políticos solo para recibir presupuesto; que
o en blanco no castiga a los partidos, o que el gasto local electoral ha aumentado, es hasta ahora que los principales dirigentes políticos atienden el reclamo.Contrario al empuje ahora recibido a nivel nacional, los partidos Morena, Nueva Alianza y Verde Ecologista en Jalisco impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la ley estatal impulsada por el diputado independiente, Pedro Kumamoto, para condicionar el financiamiento público de los partidos.
La propuesta conocida como #SinVotoNoHayDinero señala que los partidos recibirán recursos de acuerdo a la votación válida que reciban y la que excluye los votos nulos y aquellos a favor de candidatos independientes y de partidos que pierdan el registro, pero la legislación
.“Hoy por hoy (los partidos) se quieren subir al tren cuando por meses hubo iniciativas, una de ellas la de #SinVotoNoHayDinero, que estaban a discusión y que nunca se quisieron acercar a discutir, nunca habían manifestado interés”, dijo recientemente a Expansión
.
... Y se les adelanta Chiapas
El Congreso de Chiapas aprobó por unanimidad eliminar el financiamiento público para los partidos, con la intención de destinar estos recursos a las personas damnificadas y a la reconstrucción por los daños que dejó el sismo del pasado 7 de septiembre.
De acuerdo con el decreto, los partidos políticos no recibirán dinero público para las campañas de 2018, en las que a nivel local se renovará la gubernatura, 122 alcaldías y 24 diputaciones de mayoría relativa y 16 de representación proporcional (plurinominales).