Médicos españoles rechazan un decreto que impide atención a 'sin papeles'

Organizaciones de médicos afirman que seguirán el principio de atender a quien lo necesite, pese a una ley que excluye a migrantes
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| Otra fuente: CNNMéxico

A partir del 1 de septiembre, los inmigrantes que no cuentan con estancia legal en España dejarán de ser atendidos por los servicios de salud por decreto oficial, una medida que ha levantado las objeciones de médicos quienes señalan que va en contra de sus principios humanitarios.

La asociación Médicos del Mundo y la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc) —que agrupa a 17 sociedades médicas del país— están promoviendo una objeción de conciencia de los médicos para que atiendan los problemas de salud de cualquier persona, sin importar su estatus legal en el país.

El Real Decreto Ley 16/2012 que publicó el gobierno español afirma que la “realidad socioeconómica” que está viviendo España por los recortes en presupuestos públicos ha obligado a tomar “medidas urgentes” como esta, en donde se dejarían de atender a los sin papeles, salvo en situaciones de emergencia.

Para Médicos del Mundo, el decreto “choca contra la ética profesional” desde un principio, además de que va en contra del Código de Deontología Médica que es jurado por los médicos cuando van a ejercer su profesión y el cual los compromete a atender “sin discriminación” a cualquier persona que necesite atención.

“Queremos servir de vehículo de transmisión para que el personal sanitario reivindique, ejerza su derecho a la resistencia y su derecho a curar a toda persona que lo requiera, independientemente de su situación administrativa”, dijo Álvaro González, presidente de Médicos del Mundo en una nota de prensa de la presentación de la campaña Derecho a Curar. 

Sin embargo, el gobierno español ha mantenido su postura inicial de no proporcionar servicios de salud a “inmigrantes en situación irregular”, salvo atenciones básicas como “urgencias por enfermedad o accidente, atención al embarazo, parto y postparto y asistencia a menores de 18 años”, en su plan de recortes que ha generado multitudinarias protestas antes.

Desde la publicación del Decreto el 24 de abril, la Semfyc —que agrupa a cerca de 19,500 médicos familiares en España— ha presentado diversas objeciones que buscan eliminar la disposición oficial en contra de los inmigrantes. Hasta ahora 1,300 médicos se han sumado a la iniciativa en diversas regiones de España.

Para reforzar el mensaje de objeción de conciencia, Médicos del Mundo presentó Derecho a Curar que se define como una “movilización ciudadana” a través de videos de internet, publicaciones virales  en redes sociales, carteles, entre otros materiales, que invitan a los médicos del país a rechazar la medida oficial.

“Juro que dejaré en un segundo plano mi ética y moral en épocas de crisis financiera”, dice uno de los videos promovidos por Médicos del Mundo en internet en el que médicos hacen afirmaciones sarcásticas del Decreto del Gobierno Español. “Curar no es solo nuestra obligación, sino también nuestro derecho”, concluye el promocional de la campaña Derecho a curar.

La asociación afirma que desde el juramento hipocrático hasta la adopción de la Declaración de Ginebra de la Asociación Médica Mundial, el decreto va en contra de sus principios, por lo que justifican que están en su derecho objeción de conciencia.

"Cuando la legislación, una medida del gobierno, o cualquier otra administración o institución niega estos derechos al paciente, el personal médico debe buscar los medios apropiados para asegurarlos y restablecerlos", afirma la Declaración de Lisboa de la AMM. 

A pesar de la inflexibilidad de la ley, que incluso afecta a españoles que no cuentan con seguridad social o beneficiarios del sistema de salud, el gobierno aceptó a principios de agosto que se puedan establecer convenios con autoridades de salud de las 17 Comunidades Autónomas en las que se divide España.

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Sin embargo, no ha cedido hasta ahora en su intención de excluir del sistema de salud público que busca garantizar que se pueda cubrir la atención médica para personas que tienen situación legal correcta.

“Las personas inmigrantes no vienen a España para servirse de los sistemas de cobertura socio-sanitaria —según Álvaro González—. Son numerosos los estudios que demuestran que las personas inmigrantes utilizan menos los servicios sanitarios que la población española”, dice Médicos del Mundo.

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