SOPA tiene un ‘hermano gemelo’ en Europa

Es natural que luego de que los proyectos de ley antipiratería SOPA y PIPA fueron desestimados por el Congreso estadounidense por la enorme presión de la opinión pública , surgiera también una fuerte protesta global contra ACTA, el acuerdo internacional encaminado a proteger la propiedad intelectual (‘Anti-Counterfeiting Trade Agreement' o Tratado Comercial Antifalsificación).

Si los "extremistas del copyright" no consiguen que la legislación sea aprobada, escribe Mike Masnick de TechDirt, "su recurso será llevar el tema a los acuerdos comerciales internacionales, que son sometidos a menos escrutinio."

Para esos "extremistas" -entre los que están la industria musical y la cinematográfica, ACTA es su medida de respaldo, el plan de reserva, y han trabajado en ella durante años. El tratado multilateral está provocando protestas ahora porque Polonia, Irlanda y la Unión Europea anunciaron que firmarían el acuerdo esta semana, lo que lo hace cada vez más real.

Como muchos otros tratados comerciales, ACTA es un embrollo confuso. Incluso sus signatarios no se ponen de acuerdo sobre cómo funcionará. La forma en que ha avanzado también ha sido turbia: las negociaciones se han realizado en secreto, sin ningún tipo de supervisión legislativa o participación de la ciudadanía u organismos que defienden los intereses del público.

La gente sólo supo del tratado en 2008, dos años después de que comenzara a discutirse, cuando el sitio Wikileaks filtró documentos sobre las negociaciones secretas. Desde entonces, sucesivos borradores del pacto han sido divulgados, si bien se comenta que los grandes grupos cabilderos de la industria farmacéutica y de los medios han estado todo el tiempo al tanto de las conversaciones.

Las críticas que enfrenta ACTA no han desaparecido , en Polonia la gente incluso se manifiesta en las calles como protesta. Y los ‘hacktivistas' de Anonymous han atacado a Gobiernos y empresas alrededor del mundo.

Parte de la confusión que lo rodea, origen también de las críticas, es el hecho de que ACTA clasifica a la falsificación y la piratería como si fueran la misma actividad, cuando en realidad son muy diferentes.

La falsificación es cuando a un consumidor se le engaña para comprar, digamos, un iPod falsificado o una bolsa Gucci de imitación. La piratería, en cambio, es cuando alguien, por ejemplo, distribuye una copia no autorizada de una película o una canción.

Para cada actividad aplican diferentes tipos de leyes, o así se supone que sea.

Los titulares de derechos de autor (los estudios cinematográficos, las discográficas, etc.) a menudo intentan fusionar medidas antipiratería con aquellas dirigidas a combatir la falsificación, que son usualmente menos polémicas. SOPA y PIPA eran, en este sentido, muy parecidas a ACTA. 

Todo es tan confuso, que incluso no queda muy claro qué efecto tendrá ACTA en la ley estadounidense ni cómo se aplicará, si bien sus partidarios insisten que meramente fortalece las actuales leyes al proporcionar un marco legal básico para su cumplimiento.

Los críticos de ACTA sostienen que colocará en una posición insostenible a los proveedores de servicios de Internet, pues los hace potencialmente responsables de las acciones de sus clientes y, por tanto, los obliga a entregar la información de usuarios a los titulares de los derechos de autor, sin las debidas garantías procesales. Una cosa es que un juez te ordene entregarle información, y otra muy distinta que la orden provenga de Viacom.

Masnick indica que el mayor problema con el tratado es que bloqueará la ley estadounidense actual que gobierna a las empresas que están en constante cambio y que están determinadas por la innovación, como el sector tecnológico y los medios digitales.

Para cumplir con el tratado, "Estados Unidos necesita mantener ciertas partes de la ley de propiedad intelectual que muchos reformistas creen que deberían cambiarse", explica Mike Masnick.

Los críticos de la iniciativa también señalan que las actividades que normalmente son juzgadas en cortes civiles, como el intercambio no comercial de archivos, podrían convertirse en crímenes, toda vez que el tratado es ambiguo al precisar qué es la piratería "a escala comercial".

El lenguaje es tan vago que no hay claridad en ese punto, así que es imposible saber cómo interpretarán el texto las agencias del orden en Estados Unidos. Si has descargado una película, o tres, o trescientas , es posible que en lugar de recibir una citación judicial en tu buzón, sea un policía el que toque a tu puerta.

Existen además otras provisiones contempladas en el proyecto de ley que son problemáticas, relacionadas con patentes de semillas, medicamentos genéricos y otros temas, pero hasta hoy los cuestionamientos más encendidos se han dirigido a las provisiones sobre copyright.

En 2010, 75 académicos de derecho firmaron una carta dirigida al presidente Barack Obama instándole a no suscribir el tratado.

Su petición fue ignorada, Obama firmó el acuerdo (originalmente desarrollado por Estados Unidos y Japón) el año pasado. Otros firmantes incluyen a Australia, Nueva Zelanda, Canadá, Marruecos, Singapur y Corea del Sur.

Hay incluso dudas sobre si fue legal que Obama firmara sin la aprobación del Congreso. El senador demócrata Ron Wyden cree que no lo fue. En octubre, Wyden envió una carta a Obama solicitándole una explicación. El congresista fue un acérrimo crítico de las iniciativas SOPA y PIPA, y también ha censurado el tratado ACTA, en especial porque su formulación no se hizo de forma transparente. Indicó que no se le dio "al público voz sobre cuestiones que afectan tan profundamente sus vidas".

Time Warner, la empresa matriz de Grupo Expansión a la que pertenece CNNExpansión, está entre los participantes de la industria que apoyan la propuesta legislativa SOPA.