Ciberseguridad, el riesgo global del que México no habla

Dentro del Foro Económico Mundial se exigió la creación de estándares internacionales anti hackeos; analistas consideran que México carece de voluntad para alinearse a la conversación.
twitter-ciberataques-financialtimes  (Foto: iStock by Getty Images)
Gabriela Chávez /
CIUDAD DE MÉXICO (CNNExpansión) -

A la par de las conversaciones económicas y las preocupaciones sobre la escalada del dólar y la baja de los precios del petróleo, la probabilidad de ser el blanco de un ataque cibernético fue una de las conversaciones más recurrentes durante el Foro Económico Mundial 2016 (WEF por sus siglas en inglés), en Davos, Suiza.

Diversos gobiernos como, Israel y Estados Unidos se pronunciaron en torno a sus preocupaciones de ciberseguridad y la posibilidad de forjar estándares internacionales para combatir el riesgo en este frente.

Romel García, asesor de ciberseguridad KPMG, comenta que en la actualidad el foco rojo entre estos gobiernos es la relación que encuentran entre los ciberataques y el crimen organizado, así como el impacto que podría generar un hackeo a la infraestructura crítica de una nación y las economías, por lo que el analista estima que la creación de estándares mundiales es una posibilidad viable.

“El crecimiento exponencial en la adopción de tecnología ha hecho que gane relevancia este tema en foros como Davos. Preocupa el tema en varios sentidos, por ejemplo, el crimen organizado alrededor del ciberespacio. Como sabemos estamos en una economía global y estas amenazas también lo son y necesitamos una legislación internacional que nos permita responder a estos ataques desde diferentes puntos”, dijo García en entrevista con CNNExpansión.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, exhortó a varios empresarios de Silicon Valley durante el WEF a perfeccionar estándares internacionales para combatir el cibercrimen.

De acuerdo con KPMG, entre 2016 y 2018, se esperan 33,000 ciberataques por segundo y 25,000 páginas web hackeadas, además de un alto riesgo en ataques hacia infraestructura vital para el funcionamiento de un país o ciudad, como infraestructura eléctrica, hídrica, militar o petrolera; para García, lo que ha puesto en alerta a los gobiernos es el negocio generado alrededor de los ciberataques, que hasta el cierre de 2015, fue de 4,000 millones de dólares, según datos de KPMG.

En contraste con el nerviosismo internacional, García, estima que México no parece ver el riesgo del cibercrimen.

“Desafortunadamente en México muchas veces no tenemos la suficiente conciencia para prevenir riesgos; somos un cultura reactiva; tomamos acción después del problema (...) en términos generales estamos atrasados; no sólo para abordar el problema si no en términos de conciencia”, dijo el analista.

Una encuesta realizada por la consultora KPMG apunta que en Estados Unidos el 30% de los ejecutivos se preocupan por la ciberseguridad, mientras que en México sólo 9% les preocupa y el estándar en el mundo es de 19%.

Privacidad comprometida

A medida que los hackeos continúan ganando fuerza en las conversaciones globales y los ataques son más fuertes, los gobiernos lanzan iniciativas para proteger a la nación de un ataque con mecanismos de vigilancia que si bien ayudan a minimizar la exposición del país, sacrifican la privacidad de los ciudadanos.

“Se debe hacer un constante balance para que la privacidad de cada persona sea protegida adecuadamente pero en una tendencia derivada del terrorismo. Mucho de la protección se hace para proteger a los ciudadanos aunque comprometa la privacidad”, dijo.  

La más reciente iniciativa en este sentido es la ley estadounidense CISA, firmada por Barack Obama el pasado 18 de diciembre y que obliga a empresas de cualquier índole a compartir información de ciudadanos al gobierno con el fin de protegerlos.

En México se han dado varios intentos por promulgar leyes similares como la impulsada por el senador Federico Döring en respuesta a las iniciativas de ley estadounidenses de 2012, SOPA y PIPA, y de forma más reciente, la interpuesta por el senado Omar Fayad en diciembre de 2015, la cual finalmente fue revocada.

García aseguró que estas iniciativas van a seguir siendo frecuentes ante la necesidad de los gobiernos de sopesar si cuidar la privacidad o reducir el riesgo de un hackeo al país.

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