Echeverría logra victoria jurídica
El titular del Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal en la capital, Jesús Guadalupe Luna, resolvió beneficiarlo en esa parte, pero también determinó que el ex mandatario (1970-1976) permanezca en prisión domiciliaria, como se encuentra desde noviembre debido a su presunta responsabilidad en una masacre estudiantil en 1968.
Un documento divulgado por el Consejo de la Judicatura Federal, señaló que Luna notificó de su decisión a las autoridades y a la defensa de Echeverría.
El estudio de personalidad y la llamada ''ficha signalética'' (una fotografía con los datos generales) se hace a todo aquel que es sometido a un proceso penal.
Peritos ya habían intentado hacerle el estudio de personalidad en diciembre, pero no fue posible bajo el argumento de un ''quebrantamiento de la salud'' de Echeverría.
El abogado del ex presidente, Juan Velázquez, interpuso la semana pasada una solicitud de amparo en la que argumenta la inexistencia del genocidio y por consiguiente de su probable responsabilidad, además de que ese delito en todo caso ya prescribió.
Velázquez refirió que Echeverría se recupera de problemas de salud derivados de un infarto cerebral padecido en febrero del 2006.
El Segundo Tribunal Unitario en Materia Penal de la capital inició en noviembre de 2006 un proceso penal por genocidio a Echeverría y ordenó su arresto domiciliario.
Echeverría, el primer ex mandatario en ser encausado por crímenes del pasado, es señalado de haber concebido, propuesto y tenido bajo su control la ejecución de la masacre estudiantil del 2 de octubre de 1968, cuando se desempeñaba como secretario de Gobernación del entonces presidente Gustavo Díaz Ordaz.
En la llamada Plaza de Tlatelolco, en el centro de la capital, ese día decenas de estudiantes y civiles murieron tras un fuego cruzado en el que participó el ejército y personal policiaco, algunos vestidos de civil.
Las cifras oficiales y extraoficiales de las víctimas oscilan entre 25 y 350.
Echeverría se ha declarado inocente.
El ex mandatario ya había sido acusado de genocidio por otra masacre estudiantil en 1971, pero el caso fue cerrado en definitiva al considerar que no había elementos para procesarlo.
