Estados Unidos y México, al espionaje
Con el apoyo del Gobierno de Estados Unidos (EU), México iniciará el espionaje telefónico para combatir y detectar a la delincuencia organizada, el narcotráfico y el terrorismo.
Estados Unidos contrató el 23 de febrero pasado a la compañía Verint Technology para establecer en México un Sistema de Intercepción de las Comunicaciones por el que pagó 2 millones 963,438 dólares.
“Esta acción se emprende para establecer una solución legal de la intercepción, que provea al gobierno de México, Procuraduría General de la Republica de México (PGR), Agencia Federal de Investigaciones (AFI) la capacidad para interceptar, para analizar, y para utilizar la información interceptada de todos los tipos de sistemas de comunicaciones que funcionan en México”, señala el documento de la licitación presentado por la Federal Business Opportunities .
“Si es cierta y verificable esta información, sobre la empresa que aparentemente llevará a acabo las intervenciones telefónicas y por internet, esto haría que México se encontrara en una terrible situación de vulnerabilidad porque esta información podría esta compartida o ser entregada a otras autoridades de otros países y tendrían una especie de ventaja sobre las autoridades mexicanas so pretexto de combatir el crimen organizado”, dijo el legislador César Camacho, presidente de la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados.
Estados Unidos y México acordaron en octubre de 2006 iniciativas para el combate a la violencia asociada a narcóticos en la frontera que incluía, entre otras medidas, un sistema de información oportuna sobre la delincuencia organizada.
“Las dos naciones colocarán énfasis especial en el intercambio coordinado y rápido de información sobre hechos relevantes que ocurran en ambos lados de la frontera y que puedan tener impacto sobre el otro país, para que ambos puedan determinar e iniciar una respuesta coordinada y eficaz de coacción”, dijo el Departamento de Justicia después de la reunión el año pasado entre el entonces procurador, Daniel Cabeza de Vaca y el procurador estadounidense, Alberto Gonzales.
Fuentes de la PGR destacaron que en ese convenio se establecieron compromisos de apoyo, como la donación de tres millones de dólares para un sistema que permita interceptar llamadas que se presuman son de la delincuencia organizada para que sea operado por la (AFI) y la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.
De acuerdo a la convocatoria del Departamento de Estado norteamericano, emitida desde 2005, el sistema de intercepción de llamadas deberá tener una memoria de 25,000 horas de almacenaje en línea para las llamadas interceptadas de proveedores de servicios fijos o celulares de las redes de Telmex, Telcel, Nextel, Telefónica, Iusacell y Unefon.
Telmex, el principal operador de telefonía fija y móvil del país negó hacer comentario alguno sobre esta medida.
Para poder operar este centro de espionaje, el presidente Felipe Calderon envió una iniciativa de reforma al artículo 16 de la Constitución que actualmente dice: “nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o presiones, sino en mandamiento escrito de la autoridad competente”.
Para los legisladores esta iniciativa es violatoria de los derechos humanos porque da un poder al Ministerio Público sin que rinda cuentas a la autoridad judicial, es decir que podría interceptar cualquier llamada sólo con la sospecha de ser de la delincuencia organizada o el terrorismo.
“Le quiere dar facultades al Ministerio Público para hacer prácticamente lo que necesite y tomar medidas cautelares para investigar la comisión de delitos pero puede estar en franca violación a los derechos humanos y a las libertades individuales”, dijo Camacho quien prevé un rechazo a la propuesta del presidente Calderon.
El legislador insistió en que no es posible combatir la delincuencia con acciones de ilegalidad y destacó que solicitarán información al gobierno federal.
